Una segunda oportunidad antes de llegar al desahucio

No hay duda de que un cambio profundo de la legislación hipotecaria en España está en ciernes, aunque habrá discrepancias políticas y decepción en parte de la sociedad. Esto es lo más previsible, a la vista de las posiciones actuales de los partidos y de los ciudadanos y, sobre todo, de la intención del Gobierno de reformar le ley pero sin romper.

La fuerte presión social, impulsada por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), se tradujo en la presentación en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por casi un millón y medio de firmas. Esa ILP aguarda junto al decreto-ley presentado por el Gobierno en la Comisión de Economía del Congreso para que de su estudio conjunto salga la futura legislación.

La previsión de que el día 29 de marzo la nueva proposición de ley estaría ya aprobada y rumbo hacia el Senado ha fracasado, ya que en su camino se ha cruzado el anuncio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que este jueves, 14 de marzo, habrá una sentencia sobre la legislación hipotecaria española. Su fallo será sin duda muy favorable a las tesis de las plataformas y de los grupos de oposición, según resaltan todas las fuentes comunitarias. El tribuna dictaminará seguramente la necesidad de una mayor defensa de los consumidores españoles, al encontrar en la ley hipotecaria española cláusulas abusivas que impiden la defensa efectiva de los ciudadanos cuando se encuentra con una orden de ejecución y expulsión de su vivienda por impago.

De esta situación se habló este miércoles en el Congreso, en unas jornadas organizadas por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que asistió José María Fernández Seijo, titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, muy implicado en las causas de desahucio. Este juez fue el promotor de la denuncia ante la Unión Europea que llevará a la sentencia de hoy. Siempre buscó “la garantía de la tutela judicial de los consumidores en el procedimiento judicial”, a la vista de que "ni el Tribunal Constitucional (TC) ni el Supremo (TS) han sido capaces de sentar una jurisprudencia suficientemente clara y sencilla como para garantizar una tutela a los consumidores en el procedimiento judicial”, señaló en estas jornadas parlamentarias.

A la espera de la negociación del Gobierno con los grupos parlamentarios, ya se puede afirmar que los tres puntos “innegociables y de mínimos” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no serán asumidos por el Gobierno. Dación en pago, paralización de los desahucios y creación de una bolsa de viviendas de alquiler “social” son las tres demandas de la PAH que han hecho suyas Izquierda Plural y, con algunos matices, el resto de los grupos. El PSOE no quita ningún punto pero añade otras fórmulas que no impliquen la entrega de la vivienda, sino que sus moradores puedan quedarse en ella mediante el pago de un alquiler reducido, al menos hasta que el afectado pueda remontar la situación. Se trata de que el deudor tenga “una segunda oportunidad”, situación imposible con la actual legislación.