El Tribunal de Cuentas quiere fiscalizar a familiares de políticos y entidades locales

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha defendido hoy el nuevo plan de contabilidad de partidos políticos que ha sido aprobado por la comisión mixta Congreso-Senado. La principal novedad es la petición del tribunal de abundar en la fiscalización de las entidades locales de las formaciones políticas.

Sin embargo, lo más llamativo es la plasmación de la necesidad de fiscalizar a familiares de los miembros de los órganos de dirección de los partidos que intervienen, de alguna manera, en la contabilidad de las formaciones. Así lo explicita el plan del Tribunal de Cuentas que señala como “partes vinculadas” al “personal clave de la misma, entendiendo por tal los miembros de los órganos máximos de dirección”.

“Quedan también incluidos los familiares próximos de los citados miembros”, indica el texto y explica que se refiere “a aquellos que podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con la formación política” y señala a “cónyuge o persona con análoga relación de afectividad; los ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o personas con análoga relación de afectividad; los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad; y las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad”.

En un caso práctico supone que si de la contabilidad del PP se dedujera una actuación anómala por parte de su extesorero, Luis Bárcenas, y en la misma estuviera implicada una cuenta en la que su esposa, Rosalía Iglesias, figura como cotitular, el Tribunal de Cuentas exigiría la fiscalización individualizada de ambos.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han asegurado que la posibilidad de fiscalizar a miembros de la dirección de los partidos y a sus familiares ya existía legalmente, pero no se había plasmado en los planes de contabilidad del tribunal.

Sin embargo, lo que sí ha levantado más ampollas sobre el proyecto del órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos es la necesidad de abundar en las entidades locales. Álvarez de Miranda defiende que los grupos municipales deberían someterse al análisis de sus cuentas mientras el PP considera que estas ya son fiscalizadas por los propios Ayuntamientos.

Con la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, se reclamó al Tribunal de Cuentas el diseño de un Plan de Contabilidad para que los partidos y fundaciones vinculadas para que la presentación de las cuentas fuera homogénea. En su propuesta, el tribunal obliga a los partidos a incluir datos de todas las entidades que inciden en su labor, como son sus fundaciones y sociedades y sus grupos en el Congreso, los parlamentos autonómicos y las corporaciones locales.