“Hay que actuar con ETA según la realidad social porque lo dice la ley”

Mide con cautela sus palabras. Juan Calparsoro (San Sebastián, 1960) es fiscal superior del País Vasco desde octubre de 2010. El martes, su homólogo catalán, Martín Rodríguez Sol, dimitió tras abrir el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el proceso para destituirle por respaldar en una entrevista una consulta legal en Cataluña sobre la autodeterminación.

Pregunta. ¿Ve limitada su libertad de expresión?

Respuesta. En este momento, no.

P. Me plantearía qué preguntarle, porque si no puede intervenir en el debate político como dice el ministro de Justicia…

R. Los fiscales, como los jueces, tenemos prohibido formar parte de partidos y sindicatos. Estamos sujetos a los principios de legalidad e imparcialidad y formamos parte del órgano constitucional promotor de la justicia en defensa de la legalidad. Indudablemente, como ciudadanos tenemos plena libertad de expresión. Ahora, en cuanto fiscales, esa libertad estará condicionada a que no entremos en el debate político. Hay que distinguir ambos ámbitos.

P. El fiscal general ha hecho declaraciones claramente referidas al debate político.

R. Sí, pero siempre en relación con el ámbito competencial. Los cargos de la carrera fiscal hablamos en representación de la institución. Claro que hemos intervenido en el debate; el fiscal general, por ejemplo, planteó dudas sobre la Ley de Tasas. Todo es política al fin, pero siempre respetando la imparcialidad y no pronunciándonos sobre una cuestión objeto de polémica política en un momento dado. Yo no puedo pronunciarme sobre si el pueblo vasco tiene derecho a decidir. Tengo mi opinión, por supuesto, y la expreso al votar. Como ciudadano, opinaré con mis amigos; como fiscal jamás podré entrar en ese debate.

P. ¿Rodríguez Sol erró?

R. No ha incurrido en ninguna infracción disciplinaria. Hizo unas declaraciones que, de alguna manera, rompieron la unidad de actuación con respecto al criterio de la Fiscalía General y que, sin suponer una infracción, es evidente que supusieron una pérdida de confianza de quien le había propuesto.

P. La pregunta incómoda. ¿Respaldaría una consulta legal sobre el derecho a decidir?

R. No, no respaldaría una consulta legal sobre el derecho a decidir, porque no es mi función hacerlo. Eso le corresponde a las Cortes. Como fiscal, tengo que aplicar la ley y no puedo respaldar ninguna consulta.

P. ¿Les ha lanzado el fiscal general un aviso a navegantes?

R. Entiendo que ha obrado como ha creído que debía hacer. No lo entendería como un aviso a navegantes.

P. Algún partido y alguna asociación de víctimas han pedido su dimisión por intervenir en el debate político sobre ETA.

R. Dije que la Justicia ante el fin de ETA, en un escenario nuevo, tiene que aplicar la ley conforme a esta nueva realidad social. Es que lo dice el ordenamiento jurídico. El Código Civil, previo a la Constitución, ya establece que las leyes, de acuerdo con su espíritu y finalidad, han de ser interpretadas también según la realidad social del tiempo en que han de aplicarse. Al fin de ETA ayuda toda aplicación justa y ponderada de la ley. No digo que no se aplique la ley. Al revés, que se aplique de acuerdo con la realidad actual.

P. ¿Podría concretar qué medidas supondrían aquí adaptar la Justicia a la realidad social?

R. La aplicación de la ley no es unívoca. Tiene unos márgenes de interpretación. La propia jurisprudencia se va adaptando a la realidad. La aplicación del Código Penal no es la misma hoy que hace 20 años. Ante un delito como el terrorismo debe aplicarse la ley en su totalidad, pero no es lo mismo un terrorista que lo ha dejado hace 20 años, la persona ha cambiado, que quien no lo ha abandonado. La disolución de ETA sería un pronóstico muy favorable de que no iba a haber reincidencia y eso mejora las perspectivas de cumplimiento de las penas. No digo que no se aplique la ley, sino que se adecue, en el terrorismo y en cualquier otro delito.

P. Ya había defendido antes estas posturas sin tanta crítica.

R. En la apertura del año judicial en 2011, hice un llamamiento a ETA para que se disolviera. Y dije, y generó polémica, que la Justicia será generosa. Quizá tampoco fue muy fina mi palabra. Es una manera de decir que se adaptará a esa situación, como con cualquier ciudadano. Un fiscal en Euskadi no puede eludir el terrorismo hablando en un acto público.

P. ¿Favorecería esa disolución de ETA el acercamiento de los presos a Euskadi?

R. No lo sé. Desde que terminó su actividad terrorista, ETA lleva tiempo sin tomar la decisión de disolverse, pero creo que una cosa es independiente de la otra. Es evidente que la disolución de ETA, gradual o inmediata, facilitará sin duda la situación de los presos.

P. ¿Qué es una política penitenciaria “más humanitaria”, que defendió en enero al presentar en el Parlamento vasco la última memoria de la fiscalía?

R. La política penitenciaria tiene unos márgenes, unos más estrictos y otros menos. El ejemplo fue el caso Bolinaga, recurrido por la fiscalía, aunque se desestimó. Dentro de los principios de la ley penitenciaria, tener una política más humanitaria puede ser, en vez de cumplir en un centro penitenciario, hacerlo en otro más próximo; en vez de un régimen cerrado, en segundo o tercer grado. No tengo datos para decir si es mejor una u otra.

P. ¿Sería más humanitario acercar a los presos de ETA?

R. Para ellos sí, claro. No sé si todos; igual para alguno no.

P. ¿Debe desaparecer la Audiencia Nacional?

R. Jueces y fiscales vascos estamos plenamente capacitados para un posible enjuiciamiento. Tenemos la ventaja de la proximidad a los delitos cometidos en Euskadi. Es verdad que la Audiencia Nacional posee mayores medios y está plenamente legitimada. Nosotros tenemos una proximidad a muchas víctimas, yo al menos la tengo. Eso no nos da ni más ni menos capacidad para juzgar; simplemente, igual que en otros ámbitos se establece la competencia del juez del lugar del delito, en esto podría valorarse. Es una idea.

P. El ministro del Interior le ha censurado por esa idea.

R. La proximidad al fenómeno terrorista justificó en su momento la pervivencia de la Audiencia Nacional. Seguramente fue positivo para alejarnos. No olvidemos que jueces y fiscales hemos estado amenazados por ETA. Sea un órgano u otro, la ley se debe aplicar igual.

P. ¿Tienen medios para investigar la corrupción?

R. No suficientes, sobre todo en provincias. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con muchos medios; a nosotros nos gustaría tener más. Hemos pedido al Gobierno vasco, por ejemplo, acceso directo a los registros públicos. La Ertzaintza tiene una unidad de delitos económicos a la que habría que dar más medios.