Los tribunales ven bien dotados los juzgados que indagan la corrupción
El Consejo General del Poder Judicial desconfía de las opiniones de los presidentes
Los informes remitidos al presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, por los presidentes de los tribunales sobre la situación de los juzgados que llevan casos de corrupción (delitos de malversación de caudales, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales...) dibujan en general un llamativo panorama de normalidad.
Según lo que han informado a Moliner, estos juzgados funcionan bien y no tienen grandes necesidades. Esta aparente normalidad choca con las constantes denuncias de jueces decanos como el de Madrid, José Luis González Armengol, y el Valencia, Pedro Viguer, entre otros, que no paran de exigir más recursos y, especialmente, para los jueces que llevan asuntos de corrupción.
Ante la avalancha de casos de corrupción que azota a España y el hecho de que algunas instrucciones acaban eternizándose, Moliner pidió el pasado día 26 a los presidentes de estos tribunales que le remitiesen informes sobre la situación de estos juzgados. El objetivo: detectar sus problemas y facilitarles los medios y apoyos que precisen (o pedírselos al Ministerio de Justicia). Le preocupa a Moliner que cunda la idea de que la falta de medios lastra la lucha judicial contra la corrupción. Se trataba de, en la medida de lo posible, evitar que asuntos como el Gurtel (que empezó a investigarse hace cuatro años y aún no se sabe cuando quedará listo para juicio) o el Palma Arena (que afecta al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y que también lleva muchos meses en periodo de instrucción) se eternicen por falta de medios y los implicados puedan quedar impunes. Ha sorprendido en el Consejo del Poder Judicial que la mayoría de los presidentes en cuyas comunidades se tramitan casos de corrupción apenas si piden medios. Algunos, los menos, se conforman con meros refuerzos o aumento de la plantilla de funcionarios.
Hasta el punto desconfía Moliner de la información recibida que, en el pleno que celebró ayer el consejo, el presidente instó a los vocales territoriales para que visiten estos juzgados y amplíen los citados informes. Moliner no cree que sea tan idílica la situación en estos juzgados. La Audiencia Nacional es de los pocos órganos que piden algo: disponer de peritos sin tener que ir a buscarlos fuera.
“Valencia y Madrid, sin deficiencias”
Los presidentes de los tribunales Superiores de Andalucía, Baleres, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid entienden que los juzgados de sus regiones en los que se tramitan casos de corrupción no necesitan de momento nada, salvo algún apoyo o refuerzo puntual. Estas comunidades, y básicamente Madrid y Baleares y Valencia, son las que aglutinan gran parte de las causas por corrupción. La presidenta del Superior de Valencia, Pilar de la Oliva, expuso como asunto complejo al presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, el caso Emarsa (125.000 folios y 325 tomos), pero señaló que el juez que lo lleva ya dispone de refuerzos. También se refiere al caso Brugal (de Alicante), con 57 tomos, y al de Fabra (en Castellón), pero indica que tampoco necesitan ahora ayuda.
Moliner se puso en contacto con De la Oliva y le indicó que tales datos eran insuficientes. Esta le contestó que algunos de los juzgados con casos de corrupción le habían facilitado pocos datos amparándose en el secreto de la causa. Respecto del Tribunal Superior de Valencia, que tramita tres causas relacionadas con Gürtel que acumulan 91 imputados, la presidenta manifestó que hacían faltan algunos refuerzos de personal y mejoras técnicas. Y se quejó de que algunos funcionarios de apoyo puestos por el Gobierno regional carecen de experiencia.
El presidente del Superior de Madrid, Francisco Vieira, tampoco reclama apoyos, si bien señala que pueden ser necesarios en el futuro para la Sección Quinta de la Audiencia. Alude, entre otros, al caso Guateque como de especial complejidad, pero no cita el parón que sufre una causa de supuesto blanqueo de capitales que hay en el 35 de Instrucción de Madrid. Baleares, donde se tramita el caso Urdangarin, razona ahora tampoco necesita refuerzos. Igual que Andalucía y Cataluña.
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