Blanco pide al juez la nulidad de las pesquisas policiales sobre sus cuentas

La instrucción del caso Campeón en el Tribunal Supremo lleva semanas a punto de cerrarse, pero sin hacerlo de todo. El juez José Ramón Soriano dictó una primera providencia el 7 de febrero declarando conclusa la instrucción (que ha sido objeto de un recurso de apelación por parte del fiscal). Pero después emitió otra posterior el pasado 22 de febrero en la que acordaba la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la policía: entre otras, requerir a la Agencia Tributaria el número de las cuentas corrientes del exministro de Fomento del PSOE José Blanco y de su esposa y recabar todos los extractos bancarios desde 2006 a 2011.

El letrado de Blanco, Gonzalo Martínez Fresneda, ha pedido que se declare nula esta última providencia. Sostiene el escrito que la causa se inició por las declaraciones del empresario Jorge Dorribo relativas a unos supuestos pagos (de 200.000 euros) en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) en febrero de 2011 y que “estos pagos se han demostrado falsos”. “Pero, por lo que se ve, ciertas unidades de la policía han tomado la manija del procedimiento para forzar una pesquisa general sobre mi mandante”, defiende el escrito. La defensa de Blanco ha sido muy crítica con los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), acusando a la policía de llevar a cabo una “causa general” contra Blanco.

El letrado afirma que no ve motivo para investigar “todos los movimientos de todas las cuentas corrientes de quien fue ministro de la nación reclamándolos además desde 2006, cuando solo desde 2009 Blanco fue autoridad pública”. “Cuando se reclama todo es que no se está investigando nada en particular”, señal la defensa de Blanco. El escrito recalca, además, que la esposa de Blanco, Ana Isabel Mourenza, no está imputada.

Una de las investigaciones abiertas por la policía versa sobre una casa comprada por Blanco a finales de 2006 (cinco años antes de los supuestos pagos) y reformada más tarde por la empresa Trepia Inversiones (relacionada con el empresario José Antonio Orozco). Blanco, que dice haber aportado ya todos los justificantes de pago, asegura que nadie les ha explicado qué “indicios de irregularidad recaen sobre la compra”, e informa en este escrito de que el importe de las obras ascendió a 169.835 euros: parte de las mismas se llevó a cabo por seguridad y otra parte para acondicionamiento y ampliación.

De esa cantidad, 101.395 euros, la parte correspondiente a la seguridad, que se hizo siguiendo las directrices de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, fueron pagados por el PSOE “con cargo a la partida del Ministerio de Interior referida a la asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad” y fue declarada a Hacienda. Los otros 68.440 se pagaron por parte de Blanco y su esposa de la siguiente forma: 30.000 mediante transferencia y 38.440 en metálico, “empleando para ello dinero donado por sus padres”. En ambos casos, según el escrito, “fueron pagos reconocidos y declarados que incluían el IVA”.

Sobre el pago por parte del PSOE, fuentes del partido indican que se trataba de una partida del Ministerio del Interior para partidos políticos que fijó el Gobierno de José María Aznar el año 2000 ante la amenaza de ETA y que servía para reparar y reformar, siempre previo informe de la policía, Casas del Pueblo o domicilios de dirigentes que no fueran directamente asumidos por Interior.