El PP frena la ley de desahucios en espera de una sentencia del Tribunal de la UE

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago y los desahucios presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y avalada por más de un millón y medio de firmas, sufrió ayer un parón en su tramitación. Esta iba a tramitarse con el decreto del Gobierno sobre el mismo asunto y se estaba a la espera de convocar la ponencia la semana pasada y que empezara la andadura parlamentaria con carácter de urgencia, después de haber recibido las enmiendas de los grupos.

Pues bien, el plazo de enmiendas se ha ampliado ahora hasta el próximo 6 de marzo, aunque es posible que vuelva a producirse un nuevo aplazamiento porque el motivo de la demora no se aclarará hasta el 14 de marzo. El Gobierno está a la espera en esa fecha de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la actual legislación hipotecaria, que se presupone desfavorable.

Esta próxima sentencia del Tribunal de Justicia europeo es la razón que el Gobierno y la dirección del Grupo Popular han transmitido oficiosamente a los grupos parlamentarios para hacerles ver que convendría esperar a esa sentencia. Los representantes de los grupos torcieron el gesto, pero no protestaron demasiado porque en este caso alguna razón conceden al Gobierno.

Con la demora, los dictados de Bruselas se incluirían en las dos iniciativas que hay en el Congreso: el decreto del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular aprobada por todos los grupos parlamentarios, también por el PP, que reconsideró su negativa poco antes de la votación. Hay muchas posibilidades de que el tribunal europeo inflija un duro correctivo a la legislación actual, con lo que se uniría a las quejas de la oposición y de los activistas de las plataformas que desde hace cuatro años luchan por parar los desahucios. Las protestas ciudadanas, el criterio desfavorable de los jueces a la dureza de la legislación, los requerimientos de la defensora del Pueblo, han hecho mella en el Gobierno, que ya tiene previsto aflojar la rigidez e inflexibilidad actual de la legislación española.

Las posibilidades del correctivo del tribunal europeo se deducen porque este organismo tiene sobre la mesa el dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, que considera las normas españolas que regulan los procesos de desahucio del todo incompatibles con la doctrina de protección de los consumidores. Estos dictámenes tienen una receptividad alta por parte del tribunal.

El origen del trabajo de la letrada parte del juzgado número 3 de Barcelona donde llegó el caso de un desahucio por impago de un ciudadano que, a su vez, denunció a su banco, Catalunya Caixa. El afectado estimó que se le había aplicado una condición que consideraba nula. A este caso se refiere Kokott en su informe que fue tomado en consideración por el tribunal europeo.

El tribunal europeo estudia “el informe Kokott” muy crítico con la ley española

La letrada entiende que se vulneran los derechos de defensa de la persona cuando de entrada se le expulsa de la casa y esta se subasta, de manera que cuando el afectado litiga ya tiene el caso perdido. Desde la perspectiva europea, que invoca Kokott, los ciudadanos deben tener un recurso legal eficaz para poder demostrar que las características del préstamo podrían ser abusivas y detener la ejecución hasta que se resuelva la causa judicial.

Así las cosas, el Gobierno prefiere ser prudente y detener las nuevas normas hasta escuchar al tribunal europeo. Este aplazamiento supondrá que los plazos previstos están en peligro al resultar casi imposible que la futura ley salga del Congreso camino del Senado el 29 de marzo, como en un principio se ideó.

Entretanto, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca van a reanudar sus acciones con escritos a los parlamentarios para que la nueva ley contenga sus reivindicaciones mínimas: dación en pago con carácter retroactivo, paralización de todos los desahucios en marcha y creación de un parque de alquiler de viviendas sociales, con un precio módico. La primera condición no la avala el Gobierno ni tampoco el sector bancario. De ser así las condiciones para la concesión de hipotecas serían mucho más duras, advierten en las entidades financieras. La entrega de la casa para liquidar la deuda no puede ser general sino para personas especialmente vulnerables. Pero la Plataforma quiere que se cumplan los puntos de la Iniciativa Legislativa Popular, todos, y globalmente los grupos parlamentarios la apoyan, aunque hay matices.

El aplazamiento pone en peligro los plazos para aprobar las nuevas normas

El PNV ha presentado una enmienda a la iniciativa legislativa popular de manera que la retroactividad de la dación en pago sea únicamente para casos de especial gravedad. El resto de los grupos presentarán sus enmiendas en las próximas horas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca renueva su decisión de vigilar a los diputados. “Señalaremos a quien no apoye la iniciativa porque serán los responsables de tanto sufrimiento”, ha advertido la portavoz de la plataforma Ada Colau. ¿Qué hará la plataforma?: “Escrachar”, que quiere decir “poner en evidencia”, según un término utilizado en Argentina. Numerosos colectivos lo utilizaron para apuntar a los colaboradores de la dictadura en protesta por la inacción de la justicia contra ellos por lo que ellos les “escrachaban”, es decir, les señalaban y apuntaban públicamente. Ese “escrachamiento” o señalamiento es el que emprenderá la plataforma con los parlamentarios que no escuchen sus demandas a favor de los desahuciados.