El Gobierno confiesa que ignora cuántos edificios y funcionarios tiene en el exterior

El Gobierno quiere poner orden en la acción exterior de España. El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta mañana al anteproyecto de la Ley de Acción Exterior, en la que se contempla la coordinación de los distintos actores que actúan fuera de España y se establecen mecanismos para saber  "qué se hace en el extranjero, quién lo hace y cómo se hace".

Como ejemplo de la desorganización existente el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha explicado que el Ejecutivo no sabe cuántos edificios ni cuántos funcionarios tiene en las distintas representaciones en el extranjero. "La proliferación de sujetos y ámbitos se ha hecho de forma bastante desordenada", ha esgrimido el ministro, que también ha avanzado que la coordinación correrá a cargo de un Consejo de Política Exterior, que diseñará una estrategia anual y un plan de cooperación.

En cualquier caso, el aspecto más polémico del proyecto es el que pretende controlar la actividad en el extranjero de las comunidades autónomas, a las que el Gobierno invita a integrarse en las embajadas españolas. El ministro ha explicado que en el nuevo texto no se contempla vincular la autorización para crear nuevas oficinas autonómicas en el exterior con los datos del déficit de las autonomías; un aspecto que sí figuraba en la versión anterior de la norma.

El proyecto parte de la base de que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado y de que las actividades en el exterior deben basarse en los principios de “unidad de acción” y “lealtad institucional y coordinación”. La intención del Ejecutivo de tutelar la acción exterior de las comunidades autónomas y de que los presidentes de las autonomías informen de sus viajes internacionales ya provocó un fuerte rechazo cuando trascendió el primer borrador de la nueva ley, especialmente por parte del presidente catalán, Artur Mas, que acababa de realizar varios viajes a Moscú y a Bruselas, en pleno órdago soberanista.

La respuesta del Gobierno catalán no se hizo esperar. Y contestó con un desafío, diciendo que iba a intensificar su acción exterior pese al freno que pretendía imponer Exteriores con el anteproyecto de ley de Acción Exterior. El consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, aseguró que la Generalitat no solo iba a continuar con su estrategia para internacionalizar el proceso soberanista, sino que pensaba "intensificar" esa labor.

Margallo, que ha reconocido la dificultad de poner en marcha este proyecto -aplazado por todos sus predecesores en el cargo-, ha afirmado que en caso de que una autonomía quiera poner en marcha una oficina en el extranjero deberá pedir autorización a Exteriores y que el ministerio intentará ofrecer una alternativa si existe, que podrá ser aceptada o rechazada.

También ha afirmado que la intención del Gobierno de exigir a los representantes autonómicos que informen de sus movimientos fuera de España tiene como objetivo "apoyar", "ayudar" y ponerles "al tanto de las claves" del país que deseen visitar, además de darle a conocer unos criterios "para que no haya contradicciones". 

El ministro de Asuntos Exteriores también ha afirmado que el primer objetivo es conocer en qué estado se encuentra la representación exterior de España y, a partir de ahí, realizar un redespliegue, que tendrá en cuenta las nuevas necesidades. Margallo ha puesto como ejemplo de desfase que la representación diplomática en Francia sea muy superior a la que España tiene en toda la zona de Asia-Pacífico.