“Frente a los corruptos es mejor ser rápido y eficaz que aumentar penas”

Benigno Pendás es catedrático de Ciencia Política, letrado de las Cortes y miembro del Consejo de Estado. Dirige el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente de la vicepresidencia del Gobierno, que elaboró un informe sobre regeneración que incluía las propuestas contra la corrupción anunciadas por Mariano Rajoy. Su intención es convertir el CEPC en un think tank público.

Pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la desafección hacia los políticos?

Respuesta. Esa desafección existe hoy en todas partes. Hay un estudio de la Universidad de Liverpool sobre el sistema británico con unos resultados demoledores sobre las instituciones y los partidos ingleses. Hay una causa que tiene que ver con la crisis económica y la falta de proyecto vital para muchos jóvenes que difícilmente puedes integrar en un sistema institucional. Por eso la prioridad absoluta es la lucha contra la crisis. Otro factor es que se ha dejado atrás el modelo de la Transición, exitoso desde todos los puntos de vista, y hay que mantener vivo su espíritu de los pactos y del interés general. Por eso hemos establecido principios como el gobierno abierto, la ejemplaridad y la eficacia, y queda pendiente para otro informe la participación, lo que se resume con el “no nos representan”.

P. ¿Hay que cambiar leyes o mejorar comportamientos de los políticos?

R. Soluciones mágicas no hay en política. Las medidas están orientadas por el buen camino; para dificultar actuaciones ilícitas hay que aplicar publicidad y transparencia, porque como decía el juez norteamericano Louis Brandeis, “el mejor desinfectante es la luz del sol”. La condición humana no cambiará, pero se dificultará la acción de los deshonestos.

P. ¿Cómo evitar que cada partido proteja a los suyos?

R. Es muy significativo que los partidos hayan sido conscientes del problema y busquen soluciones. Lo primero es ser consciente del problema, y ese es el mérito del Gobierno. Vamos a ver cómo se concreta eso, pero me parece difícil que nadie se pueda oponer a estas medidas, que parten de una demanda social.

P. ¿España tiene más o menos corrupción que otros países?

R. Hay una lista objetiva de transparencia, en la que estamos en el puesto 30, y ahora con la Ley de Transparencia daremos varios pasos adelante. La corrupción en España no es peor que en otros países europeos. Sí tiene algunas singularidades, como la necesidad de respuesta más rápida en los controles y en la respuesta judicial, pero pensar que España es un país roído por la corrupción es una exageración interesada.

P. Se aprecia en todo caso que esas conductas quedan impunes

R. Impunidad no existe, sí lentitud en la respuesta, y por eso los expertos dicen que lo más importante es la rapidez y la eficacia en la respuesta penal, más que la ampliación de las penas. La parte procesal es uno de los elementos más importantes, porque también genera indefensión para quien está sometido a un proceso. Uno de los grandes problemas de estos procesos penales es que se refieren a diferentes delitos muy complejos y confusos, hay que esperar a que esté enjuiciado todo para dictar sentencia, se alargan las investigaciones y se produce un claro estrangulamiento del proceso. Una de las medidas que proponemos es que se vayan enjuiciando los delitos por separado, dictando sentencia según se juzgue cada delito, para que el proceso sea mucho más rápido.

La figura de la imputación está en revisión y podría estar este año”

P. ¿Cómo puede ser eficaz el Tribunal de Cuentas si está controlado por los partidos?

R. La idea de que controlan el Tribunal es un salto dialéctico excesivo. Tiene un prestigio y es una institución solvente y rigurosa, y aunque se discuta el mecanismo de selección de sus integrantes, no se suele discutir la calidad de sus informes. No hay sensación de que sea suave con los partidos. Hay quien plantea una oficina anticorrupción, pero teniendo una institución que funciona de manera adecuada sería perder algo que ya rinde. Tiene que tener más medios y exigencias como las de los plazos, porque las auditorías de los partidos son de cuentas de hace cuatro años.

P. ¿Con los recortes, cómo dar más medios al tribunal, agilizar la justicia si se reducen jueces y fiscales o crear más estructuras de control del patrimonio de los políticos?

R. Muchas veces es más cuestión de racionalización del trabajo que de más medios. La fiscalía y la justicia han pedido más medios y eso está en el informe. Este tipo de delitos suele ser muy complicado de investigar y con frecuencia se requieren comisiones rogatorias que ralentizan el proceso, por lo que no necesariamente se precisan más medios, sino personas más especializadas y prioridad.

P. ¿Los imputados deben ser destituidos por ley?

R. La figura de la imputación está en revisión en una reforma procesal que podría estar este año. Me inclinaría porque cada partido sepa lo que quiere transmitir, porque jurídicamente hay problemas y la imputación no es el momento procesal adecuado.

P. No está la reforma electoral.

R. No tiene directamente que ver con la corrupción. El sistema D’Hont ha funcionado bien, es una de las razones de la estabilidad, han gobernado la izquierda y la derecha con y sin mayoría absoluta. Siempre se habla de listas abiertas, pero la experiencia demuestra que no han servido.

P. ¿Cómo acercar a los electores a sus representantes?

R. Tenemos en marcha ideas para futuros informes, como participación social en comisiones parlamentarias, evaluación de las leyes dos o tres años después de entrar en vigor o compromisos como reuniones periódicas de parlamentarios con los representados.

P. ¿Por qué no entra la Casa del Rey en la Ley de Transparencia?

R. La ley ha crecido mucho durante su debate parlamentario. Se incluirán los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y entidades financiadas con dinero público, lo que es un paso muy grande, y con dificultades técnicas como que la ley de partidos es orgánica y la de transparencia es ordinaria. Respecto a la Casa del Rey, la jefatura del Estado en el derecho comparado tiene un estatus propio que no parece que haya motivo para cambiar.

P. ¿Hay que cambiar la Ley de Partidos con mecanismos de democracia interna, como primarias?

No hay impunidad de los corruptos pero sí lentitud en la respuesta”

R. Se propone un cambio en el funcionamiento económico de los partidos y se establece un proceso homologado y que la figura del tesorero tenga un estatus con obligación de comparecer en el Parlamento. El modelo alemán, que obliga a elección de los candidatos por las bases, es elogiado en teoría, pero no tanto en la práctica. Cada partido debe saber qué imagen quiere transmitir y cómo quiere funcionar.

P. ¿Este pacto no es un mecanismo defensivo, dado que ninguna de esas medidas sería aplicable a casos como el de Bárcenas?

R. En algún momento hay que poner en marcha las medidas, y el Gobierno y los partidos empiezan a ser conscientes de que hay que dar respuesta a esa inquietud social. El Estado de derecho ya actúa en los casos en vigor.

P. ¿Se da respuesta a la llamada puerta giratoria entre el sector privado y el público?

R. Es un arma de doble filo que hemos estudiado, pero sobre la que no hay propuestas específicas. Está regulada la incompatibilidad de pensiones de cese o periodos de carencia, pero impedir que los políticos vuelvan de por vida a la actividad privada llevaría a una profesionalización de la política. Requiere mucha transparencia.

P. Dado que se apoya en la palabra transparencia, ¿no sería conveniente que se hiciera público en la red el informe y el nombre de los autores y que usted compareciera en el Parlamento?

R. Siempre que me lo pidan, lo haré encantado. Entregamos el informe en su momento a la vicepresidenta y servirá de soporte académico de estas medidas y del pacto, y si se cuelga o no en su integridad pues ya veremos. Su contenido ha sido trasladado sustancialmente a las medidas propuestas por el presidente.