Los bomberos se niegan a actuar en casos de desahucios

Los bomberos se niegan a actuar en casos de desahucios. Sindicatos del sector de toda España han mostrado su apoyo durante esta semana a sus compañeros de A Coruña, que el lunes decidieron plantarse y no intervenir en el desalojo de la octogenaria Aurelia Rey. Las organizaciones consideran que no se trata de una emergencia, por lo que no forma parte de su trabajo. Como empleados públicos, están obligados a atender la llamada y a acudir al lugar en el que sean requeridos, pero una vez allí pueden decidir no intervenir. "Llevo 15 años salvando vidas, no voy ahora a destrozarlas", explica Juan Carlos Martínez, jefe de dotación en Tres Cantos (Madrid) y portavoz de CSI-F.

Primero fueron los propios bomberos de A Coruña. Después vinieron Cataluña, Madrid, Canarias, Baleares, Murcia, Valencia y también se han manifestado en contra de participar en desalojos los bomberos de Aragón, cuenta Pedro Campos, portavoz de CC OO del sector en la Comunidad de Madrid, quien está convencido de que pronto se unirán el resto de autonomías.

Ni a CC OO ni a UGT —sindicatos mayoritarios a nivel estatal— les consta que, antes del caso de Aurelia Rey, se haya requerido la actuación de los bomberos en desahucios. "Que sepamos, es la primera vez que se ha hecho. No forma parte de nuestras competencias. Pero, además, no podemos estar de acuerdo con una ley que consideramos injusta, que va en contra del derecho a la vivienda, recogido en la Constitución", relata Joaquín Sáez, profesional con más de 30 años de experiencia y responsable del sector de UGT.

El bombero que el lunes empuñó una pancarta de Stop Desahucios frente a la vivienda de Aurelia Rey ha rechazado hacer declaraciones. Está afiliado a la Confederación Intersindical Galega (CIGA), mayoritaria en el parque de A Coruña. Roberto Tisón, portavoz del sindicato, asegura que no temen sanciones por parte del Ayuntamiento, puesto que el propio alcalde y el concejal de Seguridad han afirmado que, al no tratarse de una emergencia, quienes se negaron a actuar cumplían con su deber. Atendieron la llamada de la policía y, una vez allí, optaron por no intervenir. Podrían haber sido acusados de desobediencia civil, en cuyo caso podrían haberles abierto un expediente por falta leve o grave, en función de si se hubiera puesto en peligro la vida de alguien. La vía que queda abierta para la sanción es la de desacato —que llevaría aparejada una multa—, pero Tisón también la descarta porque, habiéndose pronunciado ya el Consistorio, considera muy improbable que el juzgado tome medidas.

"Son los cerrajeros los que deben abrir las puertas de los domicilios que han de ser desalojados, pero ahora se están negando. Por eso la policía llamó a los bomberos", relata Tisón. Los sindicatos consultados insisten una y otra vez en que la ley 2/1985 sobre protección civil los ampara. Si no es una emergencia, se trata de un asunto de orden público. No les compete y se negarán a actuar, aunque tengan que afrontar sanciones.