Las Diputaciones podrán acordar despidos con los Ayuntamientos

La reforma de la administración local que el Gobierno quiere aprobar antes de que termine el año viaja con despidos en la mochila. Dentro de todas las medidas que atornillan los presupuestos de los Ayuntamientos hasta el punto de hacerles perder la prestación de servicios —caso de los consistorios de menos de 20.000 habitantes que gasten más de un tope por servicio que marcará el Gobierno— se abre la posibilidad de que sean las Diputaciones las que apliquen la tijera en las plantillas de acuerdo con los consistorios.

El texto votado en Consejo de Ministros sobre el anteproyecto de ley establece que las Diputaciones que se hagan cargo de servicios municipales pactarán con cada Ayuntamiento “un plan de redimensionamiento para adecuar las estructuras organizativas, de personal y de recursos [...], previendo o incluyendo las medidas laborales a adoptar en relación con lo previsto en el artículo 44.9 del Estatuto de los Trabajadores”. Ese artículo habla de que primero se abrirá un periodo de consultas antes de tomar medidas sobre la plantilla.

El Ejecutivo cuenta con datos que demuestran que los Ayuntamientos españoles han convertido en habitual la contratación de personal laboral (sin oposición) por encima de cualquier otra. Ahora mismo tienen en nómina a 526.248 personas, de las que 190.169 son funcionarios y 304.005 personal laboral. Otras 32.074 personas figuran con otro tipo de contratos.

Los Ayuntamientos tienen en nómina a 526.248 personas, de las que 190.169 son funcionarios y 304.005 personal laboral. 

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) Íñigo de la Serna (PP), valoró ayer positivamente los cambios aunque deslizó que “los niveles de exigencia deben ser los mismos”, para las comunidades autónomas en cuanto “a las retribuciones, la limitación para contratar personal eventual y la evaluación de los estándares de calidad en los servicios”. Quienes no ven nada bueno en el texto son los alcaldes socialistas encabezados por el vicepresidente de la FEMP y regidor de Vigo, Abel Caballero, que ha asegurado que “ni proporciona mejora en la eficiencia, ni clarifica el escenario de competencias, ni produce ahorro alguno de recursos económicos”.

En cuanto a las retribuciones de cargos electos, el Ministerio de Hacienda ignora cuántos concejales de los 86.462 designados tras las últimas elecciones (2011) cobran por desempeño total o parcial. Por lo tanto, una de sus medidas estrella —que solo el 18% puedan tener dedicación exclusiva y con ello una nómina— podría no tener un gran efecto más allá de que los nuevos techos retributivos reduzcan parte de la factura en personal.

Otra de las grandes claves está en el sistema de fijación de un coste para cada servicio público. Según el Ministerio de Hacienda, para calcularlo los técnicos utilizarán como referencia la población y las variables de la dispersión y su envejecimiento, al igual que sucede para la asignación de recursos en la financiación autonómica.