Santamaría: el presunto espionaje será castigado con “toda la contundencia”

El Gobierno, a través de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, puso este viernes especial empeño en intentar quedarse al margen del caso de presunto espionaje político en Cataluña.

Preguntada una y otra vez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta se remitió a las investigaciones de la policía, la fiscalía y los jueces, pero no dándose por enterada de los hechos ni de información alguna que pueda haber llegado al Gobierno sobre el supuesto espionaje. “Si se confirman, son delitos muy graves y habrá que actuar con toda contundencia por quien corresponda, en la investigación por la policía, por la fiscalía y por los jueces en su caso”, dijo en varias ocasiones.

Fuentes de La Moncloa aseguran que la vicepresidenta no tenía más conocimiento de los hechos que lo que se ha publicado sobre el caso y que por eso lo evitó en su comparecencia. Explicó que lo está investigando la Brigada de Delitos Tecnológicos de la policía, pero evitó anticipar más valoración y juicio que la suposición de que no es un hecho generalizado. Ni siquiera entró a responder las palabras de portavoces de la Generalitat de Cataluña que vinculan el supuesto espionaje con las resistencias al proceso independentista en Cataluña.

Además, la vicepresidenta minimizó la iniciativa del líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para publicar sus cuentas y para hacer que todos los parlamentarios y altos cargos de la Administración central lo hagan con sus declaraciones de Hacienda. Según dijo, esa es “una medida muy pequeñita”, en comparación con las que propondrá el presidente del Gobierno la próxima semana en el debate sobre el estado de la nación. “Si esa es la medida de regeneración democrática y contra la corrupción que plantea Rubalcaba, resulta insuficiente, porque el Gobierno está trabajando en medidas por la transparencia y contra la corrupción mucho más amplias”, aseguró.

Añadió que Rajoy hizo públicas sus declaraciones de la renta por “decisión personal” y sin que hubiera ninguna regulación legal, en referencia a las reticencias de Rubalcaba, que se escudó en la falta de un modelo que sirva para todos los altos cargos y parlamentarios.

En principio, el Gobierno anunció que buscaría un acuerdo con todos los partidos con medidas contra la corrupción. La vicepresidenta sondeó a los partidos pero, finalmente, postergó los contactos para que sea el propio Rajoy quien anuncie las medidas el miércoles en el Congreso. Esas medidas se basarán en el informe que le remitirá la próxima semana el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

El único contacto esta semana se ha producido en la ponencia sobre la Ley de Transparencia que se tramita en el Congreso. El Gobierno ha aceptado, tal y como anunció el presidente en el Congreso el miércoles, que la ley se extienda a los partidos políticos, y hay acuerdo entre todos los grupos parlamentarios.

El Ejecutivo, según reiteró este viernes Sáenz de Santamaría, se opone a extender el alcance de la norma a la Casa Real.