PP y PSOE vetan en el Congreso a los jueces más críticos con los desahucios

El Partido Popular, con el aval del PSOE, ha vetado la presencia en el Congreso de los dos jueces que más se han destacado en sus críticas hacia la legislación actual de desahucios. Ni Manuel Almenar, vocal del Consejo General del Poder Judicial y coordinador de un informe demoledor contra el sistema, ni José María Fernández Seijo, el juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE la normativa española, serán escuchados en la Cámara por los diputados que trabajan en la ley que ha de plantear las reformas necesarias. En ninguna de las dos audiciones previstas de mañana y el miércoles habrá un solo representante de la judicatura, el estamento que más de cerca conoce el problema de los desahucios y que se ha destacado por su movilización en este asunto.

Tras la publicación del informe de Almenar en octubre pasado, la alarma social desatada por los estragos de la crisis y varios casos de suicidio de personas afectadas por los desalojos, el Gobierno aprobó en noviembre pasado medidas urgentes para frenar los procesos contra las personas en situaciones más precarias. El Congreso ha de convalidar esas medidas y buscar modificaciones legales de más calado.

El nombre de Almenar para acudir a la comisión había sido propuesto por CiU y por el grupo popular. Almenar, sin embargo, solo recibió hace tiempo la llamada de la formación política catalana para saber si estaba de acuerdo en su candidatura. Ha sido descartado sin que nadie le haya vuelto a contactar. José María Fernández Seijo iba a acudir a propuesta del PSOE, pero el viernes recibió una llamada de los socialistas para advertirle de que ya no contaban con él. Los miembros de la comisión de Economía y Competitividad del Congreso que organiza las audiciones sí lograron mantener, en cambio, la comparecencia de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que el grupo popular se oponía. Su comparecencia la reclamaban los socialistas, CiU y la Izquierda Plural.

Finalmente, solo comparecerán en las audiciones seis de los diecinueve expertos propuestos por los grupos. Dos de ellos representan a la banca y otros dos, a los afectados. La lista final es la siguiente: Francisca Sahuquillo, presidenta del Consejo General de Consumidores, Fernando Pedro Méndez, experto en derecho registral de la Universidad de Barcelona, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario de la Asociación Española de Banca y Ada Colau.

Alberto Garzón, el representante de Izquierda Unida, deploraba ayer, al igual que UPyD, la eliminación de los dos jueces llamados a comparecer, y culpaba al PP de convertir las audiciones en una operación de imagen. “El PP es el que ha forzado que haya solo seis expertos y que estos sean escuchados durante solo quince minutos. El PSOE tiene por costumbre pactar con el PP de forma sistemática en la comisión de economía y competitividad del Congreso”. La portavoz socialista en dicha comisión, Leire Iglesias, explica que lo que su partido pretende es “intentar llegar a acuerdos”. “Nos costó meter a Ada Colau y nos pidieron renunciar a alguien. El PP también lo ha hecho. Nosotros valoramos el cambio a mejor del Gobierno, que ha pasado de no querer revisar nada a lanzar este proceso legislativo”. El diputado popular que lleva este asunto, Pablos, Matos rehusó hablar ayer con EL PAÍS. Dijo a través de un portavoz que el PP busca el máximo consenso.

José María Fernández Seijo estaba ayer perplejo ante la situación generada, mientras que Almenar fue más comprensivo. “Lo importante”, dice, “es que se tomen medidas legislativas que sean más equilibradas para ambas partes en los procesos de desahucio”. A pesar de contar con su acuerdo, la socialista Leire Iglesias lamenta la ausencia de ambos en el Congreso. “El problema fundamental está en la Ley de Enjuiciamiento Civil y el informe de los jueces de octubre pasado coordinado por Almenar fue muy importante al respecto. Ellos conocen bien los procedimientos”.

Las medidas urgentes aprobadas en noviembre dejaron en suspenso durante dos años los desalojos que afectaban a los ciudadanos más vulnerables. Para Leire Iglesias es urgente una reforma más profunda de la legislación para evitar abusos de ley y unos intereses de demora excesivos. De hecho, esas suspensiones no han paralizado los procedimientos. “Al cabo de dos años, según nuestros cálculos, los acogidos a dichas medidas habrán aumentado, de media, su deuda con los bancos en 18.000 euros y todavía pueden perder sus casas”.