El fiscal pide 180 años de cárcel para un exalcalde y edil de Zurgena (Almería)

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar una pena de 180 años de cárcel y 1.050 años de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Zurgena y actual concejal de Obras Públicas, Cándido Trabalón (Partido Andalucista), que fue detenido en abril de 2008 por permitir la construcción de un millar de casas ilegales. No obstante, en base a la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, el tiempo máximo que pasaría en prisión serían nueve años. En el caso Costurero contra la corrupción urbanística también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles del Ayuntamiento, funcionarios, arquitectos y promotores inmobiliarios. 

El juez instructor de la causa ha emitido un auto en el que ordena abrir juicio oral por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio. La fianza impuesta a Trabalón es de 571.147 euros.

Trabalón sigue formando parte del equipo de gobierno de Zurgena en coalición con el Partido Popular. El fiscal le atribuye hasta 120 delitos. Entre ellos, se le acusa de la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en suelo no urbanizable por diferentes cauces irregulares. El fiscal sostiene, además, que al menos en dos ocasiones lo hizo a cambio de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran sin cobrar nada un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros. 

El fiscal tiene previsto solicitar 178 años y seis meses de prisión para Manuel Tijeras (también del Partido Andalucista), el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística, quien en la actualidad no ejerce cargo público, pero fue concejal de Urbanismo con Trabalón. El juez instructor ha fijado su fianza civil en 8.630 euros. El fiscal destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero cuya cuantía y número no ha podido determinarse y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles Antonio de la Jacinta y New Horizon Villas y el principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera irregular.

Los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, del PSOE y del Partido Andalucista, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno. Estas oscilan entre las 15 y las 80, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias, o no. Los exconcejales son Miguel M. R.; Emilia J. P.; Aniceto L. M.; José Antonio R. M.; Juan M.D.; Josefa S.G.; Pedro S.C., y José Juan S.