Italia concede la extradición del etarra Lander Fernández
El presunto terrorista, no es un miembro relevante de ETA Fue arrestado el pasado 13 de junio acusado de pertenencia a banda armada
La justicia italiana ha concedido la extradición a España del presunto etarra Lander Fernández Arrinda, de 31 años, arrestado en Roma el pasado 13 de junio, solo un día después de que se dictara contra él una orden europea de detención y entrega por “pertenencia a banda armada, estragos y daños”. La sentencia del Tribunal de Apelación de Roma admite que los hechos que la justicia española imputa a Fernández Arrinda –la quema de un autobús en Bilbao el 20 de febrero de 2002—forman parte de la estrategia de lucha callejera de la organización terrorista ETA.
Fernández Arrinda, natural del barrio bilbaíno de Santutxu, no es ni mucho menos un miembro relevante de la organización terrorista, y ya había sido detenido por la policía francesa en 2003 cuando intentaba robar un coche y en 2008 por la Guardia Civil en posesión de boletos para, presuntamente, financiar a ETA. Fue condenado por ello a tres años de cárcel en 2010, aunque posteriormente el Tribunal Supremo ordenó su puesta en libertad. El presunto etarra, que desde su detención se encuentra en arresto domiciliario y arropado por organizaciones radicales italianas, aún tiene 15 días para recurrir su entrega a España.
La extradición de Fernández Arrinda supone una doble satisfacción a los servicios de seguridad y justicia españoles destacados en Roma, por cuanto quiebra una inercia –las dos extradiciones de etarras solicitadas anteriormente no fueron concedidas— e imprime vigencia a la determinación, tanto de este Gobierno como del anterior, de que no existan santuarios de ETA en Europa. Con esa intención fue nombrado juez de enlace con Italia el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien en los últimos 12 años ocupó idéntico puesto en París. Tras la detención de Fernández Arrinda, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró: “Mientras ETA no anuncie su disolución incondicional, el Estado no baja la guardia. La policía y la Guardia Civil seguirán actuando. Esta detención se suma a las 10 que ya se han producido en lo que va de año [2012]”.
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