Objetivo: lavar la cara de los políticos

Nunca un presidente del Gobierno estuvo peor valorado. La corrupción, el fraude y los políticos superan a la sanidad y la educación en la lista de las 10 preocupaciones de los españoles. El grado de desafección política es cada vez más elevado pese a que el interés por la política es alto. En las calles, del “no les votes” y el “no nos representan” se ha pasado al “rodea el Congreso” y a cuestionar todo el sistema y a reclamar un proceso constituyente.

El Gobierno parece haber decidido hacer algo. Tras la presentación de la Ley de Transparencia, que aún está en tramitación y es susceptible de bastantes mejoras, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha encargado al director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, el diseño de una estrategia con la que intentar lavar la imagen de los políticos, reconciliar a los ciudadanos con la clase política y frenar ese sentimiento de desconfianza en las instituciones. El plan aún está en fase embrionaria, aunque la intención es presentar las primeras medidas antes del verano. Sin embargo, los limitados campos en los que trabajan podrían dejar el loable intento en un sucedáneo.

Las encuestas del CIS desvelan que Mariano Rajoy ha alcanzado la nota mínima en la valoración ciudadana desde que se inició la democracia, con un 2,78, según el barómetro de octubre. José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo un 3,07 un mes antes de perder las elecciones; José María Aznar fue puntuado con un 3,99 en su peor mes; Felipe González suspendió con un 3,86 como peor nota en septiembre de 1995, poco antes de perder el Gobierno, y la peor valoración de Adolfo Suárez fue de un 3,99, en octubre de 1981, poco antes del hundimiento de UCD.

Los índices de confianza de los ciudadanos sobre las instituciones y los partidos políticos no viven su mejor momento y tan solo el 2,8% de la población pertenece y participa activamente en un partido político.

Según el catedrático de Ciencia Política José Ramón Montero, la situación es propia de una democracia joven que vive las consecuencias de una época en la que ha habido “engaño, abuso y persecución” y en la que varias generaciones aprendieron que en política era todo negativo y eso es lo que ha trasladado a sus hijos. “Eso ocurre desde los años 80 de forma clara y con muchos indicadores”, señala.

Esa desafección provoca la no participación en el sistema “porque se piensa que está todo amañado y que por mucho que se intente no se va a conseguir nada”. Pero a la vez en España se están registrando, como señala también el CIS, niveles de interés por la política muy elevados, de más del 25%, propios, según Montero “de países comunistas”. “Y los ciudadanos, enfadados, empiezan a querer participar en las decisiones políticas y se desencadena una ola de protestas intensísima”, indica el catedrático.

A partir de aquí, hay dos vías: o que los políticos reciban el mensaje y cambien o que no cambie nada “y se produzca algo desastroso: el hundimiento de la moral política de la gente, si no hay resultados”, sostiene Montero. Este pone como ejemplo las intensas protestas por la privatización de la sanidad en Madrid. “Después de tanto esfuerzo, tanto tiempo invertido, si no se mueve nada, la desafección puede prolongarse durante generaciones”, augura.

La politóloga Marta Romero, ex investigadora del CSIC y ex analista de la Presidencia del Gobierno, también ha expuesto en un análisis para la Fundación Ideas (vinculada al PSOE) cómo “el profundo descontento que siente la ciudadanía con los políticos y los partidos se ha convertido desde hace meses en una especie de trending topic diario”. Señala que una de las causas de enquistamiento del problema es la falta de reacciones de la clase política y argumenta que “el inmovilismo podría acabar desbordando al Gobierno de Rajoy”. “Pero la falta de contundencia o de iniciativa también podría acabar desbordando, como principal partido de la oposición, al PSOE”, agrega Romero.

Así, una de las medidas que estudia el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es el fomento de la participación social en la tramitación de proyectos de ley, no una consulta previa, como se hizo con la Ley de Transparencia, sino en pleno trámite parlamentario. El Gobierno idea cómo dar voz a asociaciones y colectivo sociales que puedan exponer, “con luz y taquígrafos” su punto de vista sobre las normativas que más les afecten, de manera que esta participación forme parte “con naturalidad” de la tramitación legislativa, como apunta el director del centro.

Además, el Ejecutivo de Rajoy analiza un sistema para evaluar las leyes a los dos o tres años de su aprobación y “que se realice un debate formal en la que los grupos parlamentarios valoren la norma con la posibilidad de incorporar a colectivos sociales”.

Sin embargo, en ninguno de los dos casos se plantea, de momento, la posibilidad de que esa participación provenga de colectivos profesionales. “Es un paso”, señala el catedrático Montero, “pero no sé si funcionará y, en cualquier caso, no es suficiente”. Por ello, expone otras opciones, que ya están en marcha en otros países, como son la creación de incentivos fiscales para el apoyo a asociaciones que se dediquen a la vigilancia y control de los políticos. “Normalmente se hace con políticos locales que han de rendir cuentas y funciona a medio plazo”, asegura.

Una medida cercana a esta opción es la de “facilitar las reuniones entre los diputados y senadores, y sus electores, una especie de encuentros formalizados en la circunscripción entre los representantes y los ciudadanos”, según el director del centro que diseña la estrategia.

El Gobierno, de momento, ni ha comunicado ni ha trabajado con el principal partido de la oposición, el PSOE, el diseño de esta estrategia para mejorar la imagen de los políticos.

Según un trabajo del catedrático de Ciencia Política, Manuel Villoria, y el profesor de la mismas especialidad Fernando Jiménez, los “acuerdos de alta calidad” exigen un cumplimiento riguroso, mientras que en los de baja calidad “los incumplimientos son mutuos e implícitamente asumidos”.

El caso es que el Gobierno aún no ha hablado con el PSOE y que el plan, según admite el propio Pendás, no estudia ninguna medida para atajar la corrupción. Según Villoria y Jiménez, la percepción de que existe una expansión de la corrupción “refuerza la desafección institucional”.9