El atípico caso del juez desahuciado

Esta es la historia de un desahuciado atípico. Una historia de roles cambiados. De un juez que en lugar de ordenar la ejecución de un desahucio, lo protagonizó. Elpidio José Silva Pacheco, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid e instructor de uno de los casos en marcha del expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, fue condenado en 2009 por una colega a pagar 7.115 euros por las rentas que debía —más intereses y costas procesales— a la inmobiliaria familiar que le alquilaba el piso. El proceso, de desahucio por falta de pago, terminó con el juez desalojado de su casa y declarado en rebeldía. Un juez desahuciado que poco tiene que ver con las víctimas de las hipotecas abusivas.

“No nos pagó ni un mes de alquiler. Es un escándalo”, se queja María Patrocinio Vinaras, de 75 años, dueña de Administraciones Inmobiliarias Madrileñas, una empresa familiar de gestión de inmuebles que le arrendó la vivienda, situada en la céntrica calle Gran Vía de la capital, según la mujer. “El piso era una perita en dulce”, asegura la anciana, que nunca imaginó que tendría que acabar llevando a los tribunales a un juez.

El porqué el magistrado no pagó el alquiler es un misterio. “Yo no lo entiendo, no nos dijo que existiera ningún problema”, relata María Patrocinio Vinaras. El perfil del juez no se corresponde con el de un desfavorecido con problemas para llegar a fin de mes, como los que cada día saltan a la prensa: el sueldo del titular de un juzgado de instrucción de Madrid ronda los 70.700 euros anuales, sin tener en cuenta la antigüedad u otros complementos salariales.

La anciana afirma que intentó negociar con la pareja para solventar el problema. “Fui varias veces a verla a ella a su trabajo para hablar de la deuda que mantenían con nosotros y amenazó con demandarme”, asegura, refiriéndose a la mujer con la que el juez compartía la vivienda, también demandada. Elpidio José Silva Pacheco —que ahora instruye el caso de los créditos que Caja Madrid concedió a Gerardo Díaz Ferrán— ha rechazado atender a este diario para dar su versión sobre los hechos.

La sentencia del Juzgado de primera instancia número 70 de Madrid del 25 de septiembre de 2009 condena al juez por “constar acreditado el impago de las rentas y la existencia de la deuda”, según reza en la sentencia. En octubre de 2008 la pareja ya había desalojado el piso de la Gran Vía, pero el proceso judicial continuó su camino por la persistencia de la deuda. El proceso tuvo que seguir adelante, eso sí, con Elpidio José declarado en rebeldía. El juez ni la persona demandada junto a él ni siquiera se presentaron el día del juicio en su contra.

El desahucio del magistrado no tiene que ver, en principio, con su labor con de la toga. Pero el expediente del magistrado en su ejercicio profesional tampoco es impoluto. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en septiembre de 2010 apercibirle con una multa de 6.000 euros por falta grave, según han informado fuentes del Consejo.

Elpidio José Silva incurrió en una falta del artículo 418.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que castiga “el incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno, o la obstaculización de sus funciones inspectoras”. Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces aseguran que esta no es, sin embargo, la única sanción que le ha sido impuesta al magistrado.

Más de tres años después del atípico desahucio, María Patrocinio sostiene que aún no ha recibido el dinero que se le debe. En el juzgado le han confirmado hace unos días que José Elpidio Silva ya ha consignado la cantidad, pero que ha recurrido las minutas del abogado y el procurador, por lo que hay que esperar a que ese asunto se dilucide. La mujer suspira y concluye, fatigada: “Quién me iba a decir a mí que tendría estos problemas por alquilar el piso a un juez…”.