Las compañías temen que la inestabilidad política ponga en riesgo las inversiones

Si bien las políticas fiscales han acabado por rebelar a los empresarios, la opinión sobre la vía independentista que ha iniciado Mas no es unánime. Sobre todo en las pymes, donde sí hay un sector claramente soberanista. Por ello, las organizaciones empresariales han decidido ni alentar ni entorpecer ese proceso, como les pidió Artur Mas tras las controvertidas declaraciones del empresario José Manuel Lara, quien dijo que si Cataluña se independizaba trasladaría su sede social fuera de la comunidad. Sí han mostrado, en cambio, inquietud por la inestabilidad política que se abre para los próximos dos años, lo que las ha llevado a pedir respeto al marco constitucional.

“Los empresarios somos por definición conservadores”, sostiene el directivo de una patronal que quiere quitar hierro al proceso. Aun así, cuando Mas anunció en mayo la creación de una Hacienda catalana “por la vía del pacto o por la vía de la propia decisión”, un grupo de empresarios le advirtió de que si decidía constituirla de forma unilateral no tendrían más remedio que seguir abonando sus impuestos al Estado.

Los patronos son conscientes de que en los despachos de las grandes multinacionales corren informes demoledores de la gran banca de inversión sobre una eventual independencia de Cataluña, cuya viabilidad a corto plazo y permanencia en la Unión Europea ponen en duda. UBS, JP Morgan, Nomura o Royal Bank of Scotland han emitido ya informes que advierten sobre esos peligros. Un directivo cercano a la patronal explica que situar a Cataluña en el mapa mundial de riesgos justo ahora, en plena recesión, es una temeridad. Todavía más cuando muchas multinacionales extranjeras están realizando ajustes a nivel global que suelen contemplar el cierre de centros productivos.

De momento, pocas multinacionales extranjeras se han pronunciado sobre qué ocurriría si Cataluña se separara del resto de España. Los grupos químicos Dow Chemical y Basf, por ejemplo, aseguraron en unas jornadas en la escuela de negocios IESE que no tenían previsto marcharse, pero sí dijeron estar “preocupados” y pidieron “certidumbre” para seguir invirtiendo. En otro foro con la asociación empresarial Femcat, próxima a CiU, el vicepresidente comercial de Basf Española, Carles Navarro, reiteró que la compañía seguirá “invirtiendo”, pero apeló a “intentar entre todos” que se mantengan las condiciones “de estabilidad política, social y jurídica”.

La inversión extranjera directa, de hecho, el año pasado cayó el 24,7% en Cataluña respecto a 2010, según el Ministerio de Economía. Cataluña captó 3.022 millones de euros, lejos de los 12.520 millones que fueron a la Comunidad de Madrid. El principal motor ahora de la economía son las exportaciones, pero su crecimiento ha empezado a mostrar síntomas de agotamiento a causa de la recesión en la zona euro. Cerca del 40% de la producción industrial catalana se sigue vendiendo al resto de España, que sigue siendo el principal mercado para las empresas catalanas.

Pero esa no es la única preocupación de los empresarios. Estos también están preocupados de que el Gobierno de Mariano Rajoy decida responder al pacto con ERC estrangulando las finanzas catalanas si la Generalitat se desvía del objetivo de déficit, lo cual en estos momentos parece más que probable. El presidente de Pimec, Josep González, reclamó esta semana que Rajoy “traduzca en hechos” su afirmación de que colaborará con el nuevo Ejecutivo catalán.

Más allá de las tensiones con Madrid que pueda provocar el acuerdo entre CiU y ERC, los empresarios discrepan de muchos otros puntos de los pactos alcanzados. Por ejemplo, la creación del Banco de Cataluña a partir del actual Instituto Catalán de Finanzas. “La cuestión es cómo se va a capitalizar. No va a ser nada fácil”, asegura el director del Instituto de Estudios Financieros, Josep Soler, quien recuerda que parte de los ajustes de 2013 deberían proceder de una reforma de la Administración. Tanto la Cámara de Comercio como Pimec ya habían apuntado en la dirección de recortar gastos poniendo orden en la maraña de diputaciones, consejos comarcales y mancomunidades que hay en Cataluña. Y en lugar de eso, lamentan, el programa de ERC recupera la creación de una nueva instancia de gobierno: las veguerías.