La dirección de la Guardia Civil reclama datos de políticos

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas denunció este miércoles que la Dirección General de la Guardia Civil ordena a sus unidades que le informen con una semana de antelación sobre las operaciones en las que estén implicados cargos públicos.

Durante la comparecencia en el Congreso del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, Oramas exhibió una circular interna, del pasado 19 de abril, en la que se recordaba a todas las unidades la obligación de remitir, “antes de las 11.00 de cada miércoles, una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente”, así como de aquellas en curso “que presenten novedades relevantes”.

Entre los aspectos concretos de los que deben informar los agentes, la circular menciona “posibles implicaciones de cargos públicos y registros de sedes oficiales”.

Oramas calificó de “gravísimo” el contenido de la circular y se preguntó para qué necesita el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el general Cándido Cardiel, autor de la orden, conocer por anticipado la implicación de políticos. Advirtió de que se podría estar vulnerando el secreto de la investigación judicial.

Fernández de Mesa alegó que desconocía el contenido de la circular, pero consideró que “no hay nada anormal” en el hecho de que el director operativo, de quien depende el Servicio de Información, quiera estar al tanto de una operación antes de que se materialice. Además, negó cualquier interferencia política en la tarea profesional de la Guardia Civil.

Las explicaciones del director del instituto armado no convencieron a la oposición. El portavoz del PSOE, Pedro Muñoz, anunció que pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que responda de la circular.

El documento es un recordatorio a todas las unidades de una orden del teniente general director adjunto, Cándido Cardiel, en el que se pide una "breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente". Se reclaman datos como el nombre de la operación y la unidad que la lleva a cabo, el "concepto de la operación", la fecha previsible, así como el  número de detenidos e implicados. También se subraya que se informe de los registros y, sobre todo, de las "posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros en sedes oficiales".