Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero

El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha sido detenido esta mañana por supuesto alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número seis, ha arrestado también a otras ocho personas, entre ellas el supuesto liquidador de la empresa de viajes Marsans, Ángel de Cabo, y están realizando registros en Madrid y Valencia, informan fuentes policiales.

La redada policial, denominada Operación Crucero, está abierta, según fuentes de la Dirección General de la Policía, que añaden que “no se descarta que en las próximas horas se realicen nuevos arrestos”. Además de Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo han sido detenidos Iván Losada; Susana Mora; Teodoro G.O.; Rafael T.A.; Carmelo José E. G.; Antonio G.E. y José Enrique P. M.

Agentes de la Brigada de Blanqueo han registrado el domicilio de Díaz Ferrán, en el número 15 de la calle de Juan Belmonte, en el barrio madrileño de Canillas, donde han encontrado 150.000 euros y un kilo de oro. Además, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el expresidente de la CEOE trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate, han informado a EP fuentes jurídicas.

Las operaciones de compraventa de los pisos de Nueva York se habrían llevado a cabo a través de la sociedad Holdisan Inversiones y sus dos filiales Holdisan Inversiones Nueva York y Holdisan Central Park LLC, que en junio de 2007 adquirieron dos apartamentos en el hotel Plaza de la ciudad estadounidense por los que pagaron, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares. La representante de las filiales norteamericanas en estas operaciones de compraventa habría sido Marta Díaz, hija de Díaz Ferrán. En marzo de 2010, según las citadas fuentes, ambas sociedades constituyeron una hipoteca conjunta sobre las dos propiedades con el Banco Sabadell por valor de 5,7 millones de euros.

Desde las ocho de la mañana, una unidad de blanqueo de capitales desplazada desde Madrid, una unidad científica y una unidad canina de Valencia han rastreado la lujosa mansión de De Cabo, en la exclusiva urbanización El Bosque de Chiva (Valencia), y sus oficinas de la carretera de Riba-Roja a Loriguilla, según informa Ferran Bono. Conocido como "el liquidador" por su dedicación a comprar empresas con problemas y liquidarlas para obtener beneficio, Ángel de Cabo se ha mostrado colaborador, según comentó uno de los agentes.

El empresario apenas era conocido en la urbanización que incluye un campo de golf. Unos vecinos señalaron que compró la casa hace unos pocos años y realizó una importante reforma. Tanto es así que fue denunciado varias veces por sobrepasar los límites de obra nueva construida. En el club social y en el restaurante del golf lo habían visto en alguna ocasión, pero no tenía relación con él, ni era socio. Los vecinos sabían que vivía entre ellos. Habían identificado su rostro cuando salió en los medios de comunicación con motivo de la compra de Rumasa y de Marsans y la información se extendió rápidamente. "No se ha hecho apenas notar. Algún ruido por la fiesta infantil que montó a su hijo, pero nada importante y tampoco parece que viva aquí de seguido"; apuntó un vecino.

Sobre las 15.22 salieron, cargados de cajas de cartón, todos los policiales de la casa de Cabo, tras entrar unos familiares del empresario a hacerse cargo, al parecer, de una persona mayor. Los agentes evitaron hacer ningún comentario y todo apunta a que el empresario, acompañado de algunos policías, pudo salir por una pequeña puerta trasera para evitar a los medios de comunicación, que se había apostado durante horas en la puerta principal.  

La urbanización está formada por chalés de elevado coste, ubicados en zona de monte desde la cual se puede divisar el horizonte del mar y Valencia, distante unos 20 kilómetros de El Bosque. Es un lugar residencial y también de veraneo, aunque la crisis ha hecho mella y se pueden ver bungalows y apartamentos vacíos en torno al campo de golf. Uno de los empresarios que suele pasar parte de sus vacaciones en El Bosque es el dueño de Mercadona, Juan Roig, cuyo chalé se encuentra muy cerca del domicilio registrado por la policía de Ángel de Cabo, en cuyo garaje estaba aparcado un Porsche.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal registraron también una nave en el Polígono industrial El Oliveral del Ribarroja (Valencia) relacionada con el empresario Ángel Cabo, a la que han llevado al menos 11 vehículos de alta gama que han intervenido en el marco de la Operación Crucero.

Los coches intervenidos han sido trasladados a la nave relacionada con el empresario valenciano, que ha sido registrada a lo largo de todo este lunes por los agentes de esta unidad. En total, para realizar estos registros, tanto en la nave como en el domicilio del empresario, se han desplazado un total de 50 miembros de esta unidad.

Entre los coches intervenidos se encuentran: un Ferrari, un Volkswagen Tuareg, cinco Mercedes berlina, un Mercedes deportivo biplaza, un Mini, un Audi y un BMW 750. Todos los vehículos han sido trasladados a la nave del polígono donde continúan los registros. Todos los coches llevaban un letrero con el cuño del juzgado en el parabrisas como "vehículo intervenido".

Además, los agentes de esta unidad que han participado en el registro se han encontrado con más de un centenar de animales de caza disecados como trofeo en el interior de la nave, así como una caja fuerte, en la que tras su apertura no han encontrado nada, según ha podido saber Europa. En la casa de Susana Mora, secretaria de Ángel de Cabo, la policía ha encontrado un millón de euros.

El arresto se ha producido una vez cerrada la amnistía fiscal que el Gobierno puso en marcha para que los evasores fiscales pudiesen repatriar capitales pagando un gravamen del 10% del patrimonio aflorado, aunque acogerse a ella no suprimía el delito. Tras este proceso, además, el Ejecutivo ya advirtió que iba a reforzar la persecución de los defraudadores.

Los agentes habrían procedido a las detenciones tras comprobar que se estaba produciendo el alzamiento de bienes.

Desvío de fondos

Díaz Ferrán, que acumula varias causas ante la Justicia, está acusado de un presunto delito de quiebra fraudulenta y apropiación indebida ya que, según sostiene la fiscalía, ha desviado a Suiza 4,9 millones de euros. Según un informe de la brigada de blanqueo de la Policía Nacional que trascendió en julio, el que fuera máximo dirigente de la patronal española entre 2007 y 2009 desvió "desde una empresa irlandesa del Grupo Marsans” los fondos. El dinero estaría en una cuenta a nombre del empresario valenciano Ángel de Cabo, quien en su día compró Marsans a precio de saldo y que estaría actuando de testaferro de Díaz Ferrán a cambio de una "sustanciosa cantidad", según fuentes fiscales.

Al inicio del proceso, la Audiencia Nacional ya ordenó el embargo de los bienes del empresario, que se declaró en quiebra personal al no poder hacer frente a la cantidad que se le exige por la quiebra de Marsans y que asciende a 417 millones de euros.

El fiscal, sin embargo, asegura que su situación personal no es tan mala. Según su informe publicado en verano, "los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes", un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal. El responsable del Ministerio Público, Daniel Campos acusó a todos ellos de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de la compañía, cuyo concurso de acreedores está siendo tramitado por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.

Durante su última comparecencia en la Audiencia, celebrada el pasado marzo, Díaz Ferrán culpó a su socio, Gonzalo Pascual, fallecido hace cinco meses, de llevar a Marsans a la ruina ya que él tenía pocas funciones ejecutivas en el grupo. Por este motivo, aseguró que no estaba al día de las cuestiones financieras de la empresa ni conocía el destino del dinero que se recaudaba con la venta de los billetes y las reservas. De hecho, llegó a declarar que él solo era responsable del transporte por carretera de Marsans y que Pascual gestionaba la división de transporte aéreo.

El grupo turístico se declaró en quiebra en verano de 2010 dejando a más de 4.700 afectados y una deuda acumulada superior a los 400 millones de euros. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación bajo las órdenes del juez de Instrucción Central Número 6, Eloy Velasco.