“El Gobierno se ha asustado a la hora de cambiar la legislación hipotecaria”

Tiene un hablar cálido, y tan quedo, que a veces cuesta oírlo. Pero el discurso que desgrana es nítido, y su actitud, tan humilde como firme. No parece un juez, al menos no parece un juez como el que ha poblado el imaginario colectivo durante muchos años: un ser distante, acomodado en el pedestal de un poder intocable, insensible a la realidad y más preocupado por aplicar la letra de la ley que por hurgar en su espíritu. El magistrado José María Fernández Seijo está en las antípodas de ese cliché. Es titular del Juzgado Mercantil Número 3 de Barcelona, al que llegan más de ochocientos asuntos cada año, algunos de ellos muy complejos. Miembro de la asociación Jueces para la Democracia, lleva su juzgado al día y no escatima esfuerzos para defender las reformas que considera necesarias.

Durante la entrevista se explaya en las respuestas, pero llegado un momento comienza a mirar el reloj. Se acerca la hora de recoger a los niños, “de conciliar”, dice, aunque es un término que no le gusta. “Porque parece que vayas forzado, y es al contrario, a mí me gusta ir a buscar a los niños al colegio y jugar con ellos en el parque”. Tiene una hija de 20 años, de un primer matrimonio, que estudia Medicina, y otros dos de 3 y 5 años. Y aún le queda tiempo y ganas para mantener un blog que presenta como “una propuesta subjetiva, desordenada y poco rigurosa” sobre el mundo de la cocina.

Fernández Seijo es uno de los principales responsables de que la normativa española sobre ejecución hipotecaria esté ahora mismo en la picota, pese a los intentos del sistema bancario para que todo quede como está. Fue él quien planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso de Mohamed Aziz, un desahuciado que pidió amparo judicial por entender que los términos del préstamo eran abusivos, y se espera sentencia para antes de Navidad. De momento, el informe de la abogada general de ese tribunal considera que la legislación española es abusiva e incumple la normativa europea de protección de los consumidores.

PREGUNTA: Cuánta injusticia tiene que haber en las ejecuciones hipotecarias para que los propios jueces, entre ellos 47 decanos, hayan tenido que salir a denunciar los abusos que permite la ley. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

"La situación es muy grave y los jueces estamos en primera línea de fuego"

RESPUESTA: Es que el problema es muy grave, y nosotros estamos en primera línea de fuego. Nos sentimos como si estuviéramos sentados sobre una olla a presión. El proceso de ejecución hipotecaria viene cuestionándose desde 1978, porque no garantiza el derecho de defensa de los afectados. En los 22 años que llevo de juez se ha modificado varias veces, pero todas en aspectos accesorios. El artículo 9 de la Constitución consagra al juez como el garante de que la ciudadanía pueda ejercer de manera efectiva sus derechos, pero tenemos una Ley de Enjuiciamiento Civil del siglo XIX que en estos procesos concede al juez una intervención residual, de manera que quienes hemos querido ejercer esa función de garantes hemos tenido que hacerlo de forma forzada, buscando los poros del sistema.

P: ¿En qué momento se sintió usted interpelado por esta situación?

R: Bastante antes de la crisis. Ya en mayo de 1991, al poco de llegar a mi primer destino, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), un día me llamó la agente judicial porque iban a desalojar a un matrimonio muy joven, y la chiquita, que ya tenía dos hijos, se había subido a un tejadillo de un sexto piso y amenazaba con tirarse. Ese fue el primer contacto que tuve con un desalojo. Yo tenía 25 años, y la chica, 21. Intenté disuadirla: “Baja, que no te quieres matar, pero al final vas a hacerte daño”. No se creía que fuera el juez. Después de aquello he intentado siempre hacer un seguimiento personalizado de las ejecuciones. En el sistema español, el juez, si no quiere, ni siquiera llega a conocer al afectado.

P:¿Está cambiando el modelo de juez?

R: En el ideario del siglo XIX, el juez debía ser una figura “desafecta” al mundo, en el sentido de no dejarse influir por el entorno. Esa idea napoleónica ha ido desapareciendo. Los jueces tenemos ahora los mismos problemas que cualquier ciudadano, hemos sufrido recortes como los demás y cada vez tenemos un mayor anclaje en la realidad social. Por otra parte, la de juez ya no es una carrera de élite, como la gente cree. Formamos parte de las clases medias.

P:Decidir sobre la vida de los demás es algo muy serio. Siempre he pensado que para ser juez hacía falta una gran vocación. ¿Cómo nació la suya?

El sistema funcionaba con la idea de que el suelo y el ladrillo se revalorizarían siempre

R: Pues la verdad es que no pensaba ser juez. Inicialmente pensaba dedicarme a la filología, pero luego me decanté por Derecho, y aquí estoy. Es un trabajo muy bonito, pero no soy un juez vocacional.

P: Pues para no serlo…

R: Mi padre era secretario judicial y accedió a la judicatura en Madrid. Yo era el mayor de cuatro hermanos, y la verdad es que cuando empecé la carrera de Derecho, lo que me planteaba era la opción académica, salir dos o tres años al extranjero y enseñar en la Universidad. Pero, al terminar, la carrera judicial me pareció una buena opción. He de confesar que las materias en las que sacaba peores notas durante la carrera eran las de procesal y mercantil, que son a las que ahora me dedico.

P: ¿Le hubiera gustado más dedicarse al ámbito penal?

R: No elegí penal porque tuve una experiencia vital muy curiosa. Cuando llevaba tres años de juez me tocó hacer la prestación social sustitutoria y pedí trabajar en la cárcel de mujeres. Estuve 13 meses. Guillem Vidal, que entonces presidía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, me decía: “José Mari, cuando salgas de la cárcel no podrás ser nunca juez de lo penal, porque has mostrado tanta empatía con la gente de ahí dentro, que no serías un buen juez”. Por otra parte, pensé que la izquierda se había preocupado mucho más por el Derecho Penal que por el Civil, y me pareció que en este ámbito había muchas cosas que hacer.

P:¿Porque considera que el juez tiene también un deber social?

R: Sí, claro. Yo pertenezco a la asociación Jueces para la Democracia, y en mi vida privada soy votante de izquierdas, no me importa decirlo. Soy independiente en mi trabajo, pero a la hora de votar siempre me he identificado con planteamientos progresistas.

P: ¿Cómo le llegó el caso de Mohamed Aziz?

R: El mismo día en que estaba previsto que se ejecutara el lanzamiento de su casa por un juzgado de Mataró, en un intento desesperado de parar el proceso acudió al juzgado para pedir amparo judicial por contrato abusivo. Cuando se inició la ejecución hipotecaria, en 2009, la entidad bancaria le reclamaba los 139.000 euros de la hipoteca, más 41.000 de intereses de demora y costas. Cuando se ejecutó la subasta, en 2010, la caja se quedó con la vivienda por el 50% del valor de tasación y, después de perder la casa, Mohamed Aziz seguía debiendo 40.000 euros de la hipoteca y otros 42.000 de intereses de demora y costas. No pude evitar el lanzamiento, pero empecé a darle vueltas. No podía ser que si tenía razón, si el contrato era abusivo, no tuviera posibilidad de reparación. Entonces decidí plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE.

"La moratoria aprobada por el Gobierno solo agravará el problema"

P: Tiene que ser terriblemente angustioso que, una vez que se pone en marcha la ejecución, en los dos o tres años que dura el proceso judicial, el tiempo es como una máquina registradora que va anotando intereses de demora y la deuda no para de crecer. ¿Cómo rea­­­ccio­­nan los afectados?

R: El problema es que la gente no es consciente de la deuda total y ni siquiera va al juzgado. En la mayoría de los procedimientos se les declara en rebeldía. Eso es muy habitual, porque el proceso es muy complejo, la defensa termina siendo costosa y la gente suele atrincherarse en ideas equivocadas, como “no puede ser que me echen”, “cuando vengan no abriré la puerta”, y cosas por el estilo. Cuando deja de pagar la cuota mensual, el deudor piensa: “Debo cuatro meses, a razón de 600 euros, son 2.400 euros”. Y calcula que cuando el banco vaya a reclamarle deberá 3.000 o 5.000 euros y podrá encontrar a alguien de su entorno que se los preste. Pero cuando llega la ejecución se encuentra con que no le reclaman las cuotas que debe, sino la totalidad de la deuda, lo que se llama “el vencimiento anticipado”, es decir, todo lo que le queda por pagar de la hipoteca más los intereses de demora. En una economía de subsistencia, es posible que alguien próximo pueda prestarle 3.000 euros, pero no 120.000. Ese es otro de los graves problemas del sistema actual que he sometido a la consideración del Tribunal de Luxemburgo.

El sector financiero es un lobby muy poderoso. Lo hemos visto en el real decreto sobre desahucios.

P: Si el tribunal dictamina que la legislación vulnera los derechos de los afectados, ¿qué efectos jurídicos puede tener?

R: Con la actual normativa, el juez puede examinar la legalidad formal de la hipoteca, pero no puede entrar en el contenido del contrato. Si el tribunal dijera que para ejercer la tutela efectiva debe poder valorar el contenido, cualquier juez podría acogerse al derecho comunitario y declarar nulas las cláusulas o los procedimientos que considerase abusivos, lo que desactivaría la fuerza coactiva de la actual normativa.

P: Eso para los nuevos casos, pero ¿qué pasaría con los anteriores a la sentencia?

R: Pues yo entiendo que alguna decisión tendría que tomarse también respecto de los anteriores, porque la legislación comunitaria es de 1993 y tendría que haber sido traspuesta a la española en 1995. De modo que, en los casos tramitados después de esa fecha, el afectado podría acudir a la justicia, y, si se acreditara un perjuicio, podría pedir una reparación por el incumplimiento de la norma comunitaria.

P: Últimamente hemos visto sentencias atrevidas. ¿Podrían haber hecho más los jueces en los procesos de desahucio para romper el corsé legal y ejercer la función de tutela?

R: Yo creo que han hecho bastante, pero probablemente tendríamos que haber reaccionado antes. Hace tres o cuatro años, un magistrado de Barcelona, Guillem Soler, planteó una cuestión de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional no la admitió a trámite y, además, lo hizo con cajas destempladas. En junio de 2012, el Tribunal de Luxemburgo dictó una sentencia muy interesante, planteada por la Audiencia de Barcelona a raíz de un caso contra Banesto, en la que se dice que, si un juez considera que los intereses son abusivos, lo que tiene que hacer es no reclamarlos. Ese es uno de los resquicios que han seguido algunas de las sentencias innovadoras, pero no deja de ser un mecanismo forzado. Lo que hay que hacer es cambiar la ley.

P: Ahora vemos el drama y las consecuen­­cias para una de las partes, pero ¿cómo se llegó a la locura de los avales cruzados, préstamos a 50 años y tasaciones por encima del valor de mercado?

Un desalojo de una familia de su casa es un ejercicio de fuerza sin ningún otro objetivo que el de ejercerla porque la ley lo permite

R:  Porque el sistema funcionaba con la idea de que el suelo y el ladrillo se revalorizarían siempre, de manera que incluso el comprador más insensato pensaba que si le iban mal las cosas, siempre podría revender y ganaría dinero. El mensaje era que en un mundo globalizado el crecimiento sería permanente y estaría asegurado el pleno empleo. Y también porque se produjo un cambio de cultura en el mundo financiero. Los bancos dejaron de hablar de contratos y clientes, y empezaron a hablar de productos. John Lanchester, el autor de El puerto de los aromas, es hijo de un financiero de Hong Kong y ha escrito un ensayo sobre la crisis económica en el que dice que esa locura se inicia cuando en la City londinense cambian a los poetas –que defienden la economía productiva y solo prestan a quienes crean riqueza– por los matemáticos, que basan sus decisiones en cálculos de riesgo y ya no firman contratos, sino que colocan productos. Vinculado al producto suele haber un incentivo, una comisión, que hace que todo el sistema tienda a las máximas cotas de riesgo. En España, este modelo quiebra a finales de 2007, cuando el suelo empieza a bajar de precio.

P: ¿La burbuja inmobiliaria había, pues, pinchado ya cuando estalló la crisis de las hipotecas ‘subprime’ en Estados Unidos?

R:  Sí, sí. En octubre de 2007, los jueces mercantiles ya pedimos que se crearan más juzgados, porque veíamos lo que se nos venía encima. Veíamos sociedades extremadamente débiles, con niveles de deuda tremebundos. Empresas con 3.000 euros de capital y líneas de crédito de hasta un millón. Lo que ocurre es que en los primeros años las consecuencias sociales apenas se notaron. En nuestra cultura, el piso es lo último que se deja de pagar. Y hay un colchón de solidaridad familiar que funciona como un amortiguador. Incluso los Ayuntamientos colaboraron para resolver problemas de insolvencia. Pero esos recursos se han agotado.

P: Colocar en la agenda política la dación en pago es probablemente el resultado más tangible del Movimiento 15-M. Ni el PSOE ni el PP habían hecho nada por cambiar la legislación. ¿Cree que se han asustado ante la posibilidad de que los suicidios provocaran, como en la ‘primavera árabe’, un estallido social?

R: Sí, porque los suicidios simbolizaban la desesperación en la que la crisis ha sumido a muchas familias. Y además, el lanzamiento de una familia de su casa no va seguido del realojo de otra. Es un ejercicio de fuerza sin ningún otro objetivo que el de ejercerla porque la ley lo permite. Hay países en los que no se desaloja una vivienda hasta que no hay otro ocupante. Aquí se desaloja a la fuerza, se deja a la gente en la calle y la vivienda se queda vacía. Y además se ven movimientos tan miserables…

P: ¿Por ejemplo?

Los jueces tenemos ahora los mismos problemas que cualquier ciudadano

R: En el caso de los bancos intervenidos, habría que preguntarse cuántas ejecuciones hipotecarias se han adelantado porque algunos abogados o procuradores han visto en riesgo su contrato con la entidad financiera. En estos momentos, la mayoría de los desalojos están externalizados. Ya no son las entidades financieras las que se ocupan de reclamar las deudas, sino agentes externos que se llevan en torno al 30%. En los procesos de fusión bancaria, esos contratos peligran, y algunos de los bufetes que gestionan la morosidad de esas entidades han llevado de golpe a los juzgados todos los impagados por temor a que se les acabe el contrato. Si el proceso está vivo en el juzgado, devenga intereses y costas. Eso ha pasado, por ejemplo, con hipotecas de Bankia, de Unim o de Caixa del Penedès.

P: La imagen de la banca está por los suelos y corre el peligro de convertirse en el catalizador de todo el malestar social. ¿Está cambiando su comportamiento en los juzgados?

R: Hasta ahora han ido poniendo diques de contención, como el Código de Buenas Prácticas, pero no dejan de ser parches y su efecto es cada vez menor. Algunas entidades ya están asumiendo, al margen de ese código, el coste social de la situación y en algunos casos no ejecutan. Pero la hemorragia es tan grande, que este tipo de medidas no van a servir para nada. De hecho, los lanzamientos que ahora se producen son casos que se iniciaron hace tres años, al comienzo de la crisis. Lo peor, lo más gordo, está aún por venir.

P: ¿Servirá de algo la moratoria aprobada por el Gobierno?

Ha habido un cambio de reglas a mitad del partido

R: No, en absoluto. La moratoria no va a resolver el problema, sino a agravarlo, porque, como en todos los contratos, hay que leer la letra pequeña, y en este lo que dice es algo tremendo: la moratoria paraliza el proceso, pero no los intereses de demora…

P: Pero eso es una burla.

R: O un ejercicio de optimismo. A lo mejor, el Gobierno cree que va a mejorar tanto la situación económica, que dentro de dos años las personas afectadas no solo habrán recuperado el poder adquisitivo, sino que podrán hacer frente a toda la deuda y los intereses de demora, que oscilan entre el 18% y el 29%. La sensación que tuve cuando se presentó la medida no podía ser peor. Que no apareciera el ministro de Justicia para hablar de este problema en términos jurídicos, sino el de Economía, ya indica por dónde van las cosas. ¿No se dan cuenta de que están haciendo el ridículo? Si alguien no puede pagar ahora 120.000 euros, ¿cómo va a pagar 150.000 dentro de dos años?

P: El otro gran drama son los concursos de acreedores. ¿Cómo se ve las crisis de las empresas desde un juzgado de lo mercantil?

R: Desde el primer momento estaba claro que era una crisis financiera, pero se ha extendido a la economía productiva y cada día quiebran empresas que han hecho las cosas bien, que tienen pedidos y podrían salir adelante, pero se están hundiendo, pese a que son rentables, porque nadie les presta dinero. En el origen de todo, lo que encontramos es una burbuja financiera que estableció unas reglas de juego para el acceso al endeudamiento insoportables y ahora las empresas no pueden renovar las pólizas de crédito y tienen que cerrar.

P: Pero también en las empresas ha habido un cambio de cultura, ¿no cree? El modelo de empresa familiar está desa­­pa­­reciendo, y la que emerge es una corporación de propiedad muy diseminada en la que los accionistas cuentan cada vez menos, porque quienes deciden son unos ejecutivos que solo miran por su propio interés.

R: La mayoría de los casos que llegan a los juzgados son aún pymes. Pero sí es verdad que ha habido un cambio de reglas a mitad del partido. Y ahora prima más la economía especulativa que la productiva. Recuerdo que allá por 2006 tuve un caso de un fabricante que hacía chaquetas para unos grandes al­­macenes, y me decía que haciendo chaquetas como mucho obtenía un beneficio del 3%, pero si cerraba la fábrica y vendía el solar, ganaría el 300%. En el caso de las grandes empresas, el problema ha sido plantearse la salida a Bolsa en clave de éxito. La salida a Bolsa ha supuesto en muchos casos un enriquecimiento de los ejecu­­tivos, pero luego las exigencias y la volatilidad de los mercados han hecho que muchas empresas, por la obsesión de dar beneficios, se metieran en aventuras de riesgo que tenían poco que ver con la realidad de la compañía.

P: ¿Ha crecido el poder de las grandes corporaciones?

R: Sí, ha crecido mucho. Ahora mismo tiene mucha más influencia lo que opina el presidente de una gran corporación que el mismo presidente del Gobierno. Importa más lo que diga sobre la política económica Emilio Botín, del Santander, o lo que opine Isidre Fainé, de La Caixa, sobre los proyectos independentistas, que lo que digan los partidos de esos asuntos. De eso no tengo ninguna duda. Hay además un continuo trasiego entre el poder político y las grandes corporaciones. Cuando ves que un vicepresidente de Gobierno termina siendo alto ejecutivo de una empresa, o que el ministro de Asuntos Exteriores poco después está dirigiendo una compañía aérea, la tendencia es a desconfiar. Tanta cohabitación es insana para la democracia.

P: Y muy especialmente la cohabitación entre el mundo financiero y el político, ¿no cree?

R:  El sector financiero es un lobby muy poderoso. Lo hemos visto en el real decreto sobre desahucios. Estoy seguro de que los técnicos de los dos partidos entraron a negociar con el propósito de encontrar una solución y modificar a fondo las leyes, pero en esos tres días de reuniones, el lobby financiero mantuvo reuniones paralelas y presionó al Gobierno hasta conseguir sus propósitos. De lo contrario, no tiene ningún sentido que se anuncie a bombo y platillo que se ha creado una comisión de expertos y que se va a dar una solución global al problema, y que luego todo acabe en una cortina de humo de apenas dos dedos de espesor.

P: ¿Y cómo cree que han logrado conven­­cer al Gobierno?

R: Planteándole si ha evaluado los efectos económicos de cambiar la ley. Lo que dicen los bancos es que, si se cambia la legislación hipotecaria, se producirá un efecto llamada y habrá muchos más impagos. Que el sistema ha funcionado muy bien, con mucha seguridad, hasta ahora, y si se cambia, las ayudas a la banca del fondo europeo de rescate financiero tendrán que ser mucho mayores. Creo que es una frivolidad, pero se está diciendo. Y ahí, el Gobierno se ha asustado. Pero yo estoy convencido de que, si se cambia la ley, eso no ocurrirá, porque la gente no quiere perder su casa y el que pueda pagar seguirá pagando.