El juez imputa a Matas y dos exconsejeros por desvío de fondos

Otra causa penal complica la peripecia del ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, condenado a seis años de cárcel en el caso Palma Arena (sentencia que ha recurrido al Tribunal Supremo). El juez Francisco J. Pérez, a instancias del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, abrió este viernes una nueva pieza penal para imputar a Matas y otros excargos de su Ejecutivo en un nuevo caso de supuesta corrupción. Como en las anteriores causas, ésta queda ligada a los supuestos negocios turbios desde el Gobierno de Baleares, relacionados con la financiación electoral del PP. Es el llamado caso Ibatur sobre desvíos de fondos y amaños desde el Instituto Balear de Turismo

Con Matas quedan implicados el exconsejero de Interior, José María Rodríguez, el que lo fue de Turismo, Juan Flaquer más el empresario de Over MC, Daniel Mercado, que devino colaborador de la justicia al desentrañar las presuntas manipulaciones de contratos públicos para la supuesta financiación del PP, en el llamado caso Over M C. Mercado aportó su luz con sus confesiones sobre otras piezas en la malla de escándalos en investigación en otros juzgados. El juez Pérez observa indicios de malversación de caudales, falsedad documental, negociaciones prohibidas, violación de secretos, prevaricación y fraude a la Administración, entre otros.

El que era consejero de Interior y secretario general del PP de Baleares -y con Mariano Rajoy en la Moncloa, delegado del Gobierno en Baleares-, José María Rodríguez, según Mercado, tenía desde el Gobierno balear “trabajos que compensar” a las empresas Trui y Feria Service. Estas compañías están especializadas en montajes de espectáculos, mítines y eventos y trabajaron para el PP y otros grupos.

Rodríguez no tenía competencias en Turismo, pero supuestamente medió ante el consejero de Turismo –según Mercado- para cambiar una adjudicación oficial de un millón para diversas ferias. Ibatur tenía el contrato ligado con Over M C pero tuvo que derivarlo a Trui y Feria Service, de los empresarios Miguel Jaume y Juan Trobat, también imputados. Se cuestiona también un gasto de 90.000 euros.

En la legislatura balear 2003-2007, a través del Instituto Balear de Turismo, se habrían desviado partidas de varios millones de euros públicos en distintos proyectos. Los contratos en las ferias Fitur de 2004 y 2005 están bajo la lupa de los investigadores. Otros exaltos cargos del Gobierno de Jaume Matas están imputados, los exgerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía.