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operación emperador

Anticorrupción pide que se anule la excarcelación de los capos chinos

La Audiencia ordena liberar a dos colaboradores de Gao Ping y un sicario Wei Lin, el lugateniente del cabecilla de la trama, sobrepasó las 72 horas de detención

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.GORKA LEJARCEGI

La Fiscalía Anticorrupción quiere detener a toda costa la excarcelación de capos de la mafia china enviados a prisión en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales. Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa presentaron a última hora de la mañana de ayer un recurso para declarar la nulidad del auto de la sección tercera que ordenó el jueves la inmediata puesta en libertad del presunto contable de la trama liderada por Gao Ping, Kay Yang, al considerar que su detención sobrepasó el plazo constitucional de 72 horas sin que el juez Fernando Andreu los enviara a prisión. Ayer, esa misma sección puso en libertad a otros tres detenidos. Se trata de la mano derecha de Gao, Wen Lin, y de otro estrecho colaborador del principal cabecilla, Yonping Xia. También ha salido de la cárcel Lingzhi Hu Zou, uno de los sicarios dedicados al cobro de préstamos mediante amenazas y extorsiones.

El 18 de octubre a las diez de la noche, 65 horas después de la detención de los principales cabecillas de la trama y ante la cercanía del cumplimiento del plazo máximo de 72 horas, Andreu, con el apoyo de la fiscalía, redactó un auto en el que ordenaba la inmediata puesta a su disposición de los 29 detenidos a los que todavía no había tomado declaración. Esa resolución establecía, sin embargo, que los detenidos permanecieran en comisaría ya que en la Audiencia “no existen instalaciones adecuadas ni suficientes para acoger a los mismos”. El auto prohibía a los agentes seguir haciendo averiguaciones con los detenidos, a los que los funcionarios del juzgado les leyeron los derechos. También fueron explorados por los forenses de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, tanto en el caso de Kay como en los de los otros tres liberados, la sección tercera consideró que esa resolución no era más que una prórroga de la detención, algo prohibido en casos como este, en el que había sido el propio juez el que ordenó las detenciones. Para sus magistrados, Andreu debió acordar la prisión incondicional para todos ellos antes de que transcurrieran 72 horas desde su detención, por lo que anuló los autos por los que fueron encarcelados el 20 de octubre (cuatro días después de su detención) ordenando la inmediata puesta en libertad de todos ellos.

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Anticorrupción, sin embargo, considera en su recurso de nulidad que no fueron estos autos de prisión los que debieron ser anulados, sino el que el juez redactó a las diez de la noche del día 18 de octubre poniendo a los detenidos a su disposición pero dejándolos bajo custodia de la policía. Y se basa en dos motivos. En primer lugar, en que esos autos de prisión no se basan en las declaraciones que prestaron ante el juez ni en ninguna otra diligencia realizada una vez transcurridas 72 horas desde su arresto. Los fiscales, además, aseguran que el tribunal no concreta el precepto en el que basa la anulación de esas resoluciones por las que ingresaron en la cárcel.

El escrito, considera además que la posible anulación de esos cuatro autos de la sección tercera pueden tener trascendencia “en la totalidad de la Sala de lo Penal” de la Audiencia, por lo que pide que su recurso lo resuelva el pleno, que reúne a todos sus magistrados. La solicitud cuenta con el apoyo de algunos de ellos.

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