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Gallardón se enroca con la ley de tasas y Feijóo le pide que la “reconsidere”

El ministro tacha de conservadores y corporativistas a quienes critican la norma

Alberto Ruiz-Gallardón, este jueves en Madrid durante un acto con la comunidad sefardí. Ampliar foto
Alberto Ruiz-Gallardón, este jueves en Madrid durante un acto con la comunidad sefardí.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no va a retirar ni modificar la Ley de Tasas —recién aprobada y que entrará en vigor en “tres o cuatro semanas”— por mucho que se lo pidan las asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y consumidores, además de todos los partidos de oposición y los sindicatos. Ruiz-Gallardón los tachó este jueves a todos de conservadores y les acusó de querer mantener una administración de justicia obsoleta e ineficaz. Sugirió incluso que actúan por intereses corporativistas y no por el interés general —“Con respeto a los colectivos afectados, quiero recordar que el Gobierno trabaja para el interés de todos los españoles”—. Y remató: “Quieren mantener el antiguo régimen”. Uno de los que, minutos antes, le había sugerido que “reconsidere” la cuantía de las tasas es un colega de partido: el gallego Alberto Núñez Feijóo.

El ministro recuperó el discurso que ha utilizado otras veces desde distintos cargos y se atribuyó el papel de adelantado a su tiempo. Así, defendió que imponer el copago en la justicia —hasta ahora las tasas solo las pagaban ciertas empresas, ahora las pagarán todos los ciudadanos salvo aquellos con ingresos muy bajos— es una medida necesaria para modernizar y agilizar este servicio público: “Estamos saliendo de un largo letargo que ha durado demasiadas décadas de conformismo, de resignación. Este es un primer paso dentro del cambio absoluto que vamos a hacer en la administración de justicia. Entiendo y respeto a los que quieren continuar con el régimen vigente, entiendo que haya gente que quiera mantener el antiguo régimen. Pero nosotros no estamos dispuestos a tener esa actitud conservadora”, dijo Gallardón tras un acto público en Madrid.

Según él, las nuevas tasas —que no se aplicarán a la jurisdicción penal, el 72% del total, aunque sí a la civil, contencioso-administrativa y social— disuadirán a quienes abusan de los pleitos y los recursos encadenados y permitirán que los jueces “resuelvan aquellos conflictos que de verdad tienen que ser resueltos”, evitando que estos queden “paralizados” en el atasco judicial que se deriva del exceso de litigiosidad que sufre España (nueve millones de pleitos nuevos el año pasado).

Ruiz-Gallardón cuenta con el apoyo del aparato de su partido. Al menos, el número dos del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, salió este jueves a respaldarle con el argumento del inmovilismo de todos los que unánimemente rechazan el copago de Gallardón. Al ser preguntado por la suspensión de la entrada en vigor por la falta de un reglamento de desarrollo, Hernando admitió: “Igual hemos ido demasiado rápido”. Esa inusual velocidad en la tramitación fue denunciada con un plante por todos los demás grupos en la Comisión de Justicia, frente al PP que justificaba entonces la urgencia.

La única voz crítica en el PP llegó este jueves de Galicia: “Me gustaría que algunas tasas no tuvieran el incremento que se plantea y a partir de ahí entraríamos en cuestiones técnicas. Debería reconsiderarse su importe, volumen y cuantía y también se podrá reflexionar sobre la proporcionalidad de esas tasas”, dijo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, informa José Precedo.

La ley ya provocó en el trámite el rechazo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP y, una vez aprobada, se mantiene la presión porque el PSOE anunció este jueves una ofensiva judicial, parlamentaria y ciudadana para obligar a “rectificar” la ley. Los socialistas consideran que es la “peor” ley que ha aprobado este Gobierno. El PSOE registró once proposiciones no de ley para mitigar los efectos de la norma. Gaspar Llamazares (IU) instó a la Defensora del Pueblo a recurrir ante el Constitucional.

Justicia desoyó al Consejo de Estado

El Gobierno ha desoído todos los informes negativos a la ley de tasas. En particular, el Ministerio de Justicia hizo caso omiso a la recomendación del Consejo de Estado que le propuso un periodo transitorio para su aplicación. Si lo hubiera hecho, habría evitado lo que ha ocurrido finalmente al tener que suspender la entrada en vigor de la ley —en realidad, de su aplicación, porque en vigor está— por no haberse publicado a tiempo el reglamento con los impresos de pago, que debe elaborar Hacienda.

La suspensión de la aplicación de la ley, al día después de publicarse en el BOE, la hizo este jueves el Gobierno a través de una instrucción dirigida a todos los secretarios judiciales en la que les dice que “no exigirán, en ningún caso, la presentación del justificante de autoliquidación de la tasa para dar curso a los escritos procesales que se presenten”. La firma Joaquín Silguero Estagnan, secretario General de la Administración de Justicia.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, consideró irregular este procedimiento, “porque una orden ministerial no puede paralizar la aplicación de una ley vigente”, y exigió a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Rodríguez, que “apruebe un decreto ley para suspender debidamente la aplicación de esta ley”.

Justicia replicó que no hay ninguna irregularidad porque el artículo 9 de la ley ya recoge que “la gestión de la tasa” corresponde al Ministerio de Hacienda y que este debe regular “los procedimientos y modelos” de cobro. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, subrayó que en ningún caso se cobrarán las tasas de forma retroactiva, una vez esté listo ese reglamento, a pleitos iniciados desde la entrada en vigor (hoy) de la ley.

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