La policía busca recuperar en Marruecos a dos menores expulsados de España

Mohamed Camara, guineano de 17 años, e Ibrahim Sare, burkinés de 14 años, pensaban que lo peor había pasado para ellos desde aquel día, hace ocho meses para el primero y un año para el segundo, que lograron entrar a escondidas en Melilla, la ciudad con la que tanto habían soñado cuando deambulaban por Marruecos.

Tutelados por la consejería de Bienestar Social de Melilla, ambos se hospedaban en el Centro de Menores de la Purísima. El mayor estudiaba jardinería en la Granja Gloria Fuertes y el pequeño la ESO en un centro público. Hace una semana, el 14 de noviembre, ambos decidieron acercarse al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) probablemente para librarse de las constantes peleas con los adolescentes marroquíes alojados en el mismo lugar y saludar a otros amigos subsaharianos.

Su paseo hasta el CETI acabó mal. Dos horas después habían sido expulsados a Marruecos donde la acogida, por parte de tres hombres, no fue cordial. El relato de esta expulsión ilegal de menores tutelados es algo confuso, pero ninguna autoridad melillense, gubernativa o municipal, contactada por este periódico duda de que los chavales acogidos en la Purísima cruzaron ese día al país al que no querían regresar.

“Aquí estamos en el monte sin casi nada que comer”, explica Cámara, con voz apagada, a través de un móvil que le han prestado. “Tememos las redadas marroquíes”, prosigue. “Nos gustaría volver a Melilla. No sabemos por qué nos ha pasado todo esto”.

De no haber sido porque Camara y Sera se toparon, al poco tiempo de pisar suelo marroquí, con miembros de la ONG Caminando Fronteras, que dirige desde Tánger la española Helena Maleno, su historia no habría trascendido y las autoridades españolas no estarían haciendo estos días gestiones, por ahora infructuosas, para recuperarlos.

En la puerta del CETI un vigilante jurado “nos dijo que ese centro no era para menores y nos dijo que esperásemos a que llegase el inspector de policía”, recuerda Camara. Al poco rato apareció un vehículo Citröen, de color gris, con dos hombres de paisano a bordo, uno de ellos hablaba árabe, que les hicieron preguntas sobre su estancia en Melilla.

Después les invitaron a subir a bordo y les condujeron hasta un punto de la verja, conocido como el Mariuari, donde no tardó en aparecer la Guardia Civil “con dos vehículos y dos motos”, prosigue Camara. Un agente abrió con llave una de las portezuela que dan acceso a Marruecos. Les obligaron a cruzarla y, una vez allí, corrieron rumbo al monte Monte Gurugú, que domina Melilla, donde muchos subsaharianos se ocultan hasta que intentan saltar la valla.

Caminando Fronteras elevó una queja al Defensor del Pueblo que, asegura, “está verificando los hechos”. En realidad, ha enviado ya al menos un requerimiento a la Jefatura Superior de Policía. La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación. Los hechos, si se confirman, pueden ser constitutivos de varios delitos: vulneración de la ley del menor, detención ilegal y abandono de menores etcétera.

Conscientes del problema que se les viene encima las autoridades tratan ahora de recuperar a los menores. Primero la policía española pidió, el domingo, a la marroquí que los localizase y se los entregase en la frontera, pero se negó a ello. Después un policía adscrito al Consulado de España en Nador, la ciudad marroquí pegada a la frontera, buscó a los chavales con dos fotos que le fueron enviadas desde la jefatura melillense.

Más tarde ese agente y otro destinado en la frontera de Melilla se reunieron con los chavales subsaharianos en el aparcamiento del hipermercado Marjane de Nador para preguntarles cómo estaban y estudiar las modalidades de su regreso a España. “Nos dijeron que cogiéramos un taxi hasta Farhana”, el paso fronterizo peatonal a 14 kilómetros de Nador. Una vez allí “deberíamos correr, evitando que nos cacen los marroquíes, hasta el lado español donde ellos nos esperarían”, cuenta Camara. “Lo que proponen no es posible porque un taxi marroquí no nos cogería”, continúa Camara. “No tenemos papeles y además somos negros”.

Las gestiones policiales cesaron a petición del Defensor del Pueblo que cree haber encontrado otra vía para que vuelvan a Melilla: que el Consulado de España les otorgue salvoconductos. Este documento les franquearía la entrada en España a través de la frontera internacional de Beni Enzar, pero llegar hasta allí es, para un subsahariano, una carrera de obstáculos porque en el camino abundan los controles policiales marroquíes en los que se detiene a los negros indocumentados.

El comisario jefe de Melilla, Ángel Riesco, reconoce haber hecho “gestiones de carácter humanitario” para facilitar la vuelta de los chavales a la ciudad autónoma, pero niega cualquier responsabilidad de la policía en la doble expulsión. “Supe de ella a través del Defensor del Pueblo”, asegura al teléfono. “Si sospechara que un agente está involucrado le abriría expediente y le denunciaría en el juzgado”, prosigue. Riesco recuerda además que “la policía no toca la verja” que es competencia de la Guardia Civil.

“No tenemos nada que investigar sobre un asunto del que ningún agente sabe nada y del que nos enteramos a través de la policía”, señala un portavoz de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. La Consejería de Bienestar Social de Melilla rehusó, por su parte, comentar lo sucedido.

“Casos como este ya han sucedido en el pasado”, asegura José Palazón, que desde Melilla anima una ONG de ayuda a la infancia, “pero no siempre saltan a la palestra”. “¿Acaso va a admitir el Gobierno español que sus guardias de servicio expulsan arbitrariamente a inmigrantes por las puertas de servicio de la frontera?”, se pregunta Palazón en su blog. ¿Acaso va a admitir el Gobierno marroquí que sus soldados cobran sobornos por permitir el paso ilegal de inmigrantes?”.