“Yo podría pagar un alquiler social; el banco no quiere”

Amenazados por los desahucios entregan un escrito en los juzgados para pedir la suspensión de sus ejecuciones hipotecarias

FOTO: CLAUDIO ÁLVAREZ / VÍDEO: ATLAS(atlas)

Esperanzados por conseguir paralizar su desahucio, cerca de un centenar de afectados se han dado cita esta mañana en los juzgados de primera instancia de la madrileña calle de Capitán Haya. Cada uno de ellos llevaba en la mano un escrito, elaborado por el equipo jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en el que solicitaba la suspensión inmediata de su proceso de ejecución hipotecaria. "Hay gente como yo que podría pagar un alquiler social, pero el banco no quiere. A mí no me lo aceptan", comentaba Balzar Martínez a las puertas del tribunal.

Este ecuatoriano de 49 años llegó a España hace 15 y compró un piso en 2006. "Cometí un error muy grande", lamenta. "Me han bajado un 50% el sueldo que tenía cuando contraté la hipoteca y no me da el dinero", continúa. Él no cree que las medidas adoptadas por el Gobierno vayan a ayudarles. "Están rescatando a los bancos y no a la gente. No sé por qué los bancos prefieren tener pisos desocupados mientras echan a la gente a la calle", apunta este padre con tres hijos a su cargo.

Algunos han acudido a los juzgados con el documento impreso. El modelo está disponible en la página web de la PAH y en la del Consejo General de la Abogacía. Cada afectado solo debe escribir en él sus datos personales. Otros lo han recogido en la puerta, donde miembros de la asociación facilitaban copias y atendían a quienes pudieran tener alguna duda.

Uno de presentes era Rafael Mayoral, asesor jurídico de la plataforma. “Es un texto en el que se recogen los fundamentos jurídicos por los cuales creemos que se debe proceder a la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Esencialmente y en resumen es por la situación de absoluta indefensión en la que se encuentran los deudores”, ha señalado. Mayoral ha explicado que es un criterio que vienen defendiendo desde hace tiempo y que se ha visto reforzado con la tesis que mantiene la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE. Juliane Kokott dictaminó hace 10 días que la ley española de desahucios es abusiva.

"Hay que tomar medidas que toquen las cuestiones esenciales y las cuestiones esenciales son el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos contra los deudores habitacionales ejecutadas por las entidades financieras", ha agregado el letrado, quien ha tildado de "chapuza" el real decreto ley del Ejecutivo: "No responde a las necesidades. Hace falta tomar medidas que afecten al conjunto de los colectivos".

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Los afectados se han ido congregando en la calle y pasadas las once de la mañana han formado una fila para ir entrando en el edificio. Traspasados los arcos de seguridad, se han dirigido al registro donde les han sellado el documento. Francisco Rompineli decía al salir que no les habían dicho nada ni les habían pedido más documentación. Este madrileño de 59 años está viendo peligrar su casa. En 2005, su hija Leticia compró un piso y él la avaló. Un año después, ella y su pareja se quedaron sin trabajo y en 2010, el banco le exigió las llaves de la casa. Pero la deuda, de 160.000 euros, no desapareció; pasó al avalista. Francisco cuenta que después de cuatro meses sin poder hacer frente a los pagos, ahora es él el que está amenazado por un desahucio. "Esperamos que presentar este escrito sirva de algo. Si no, ¿qué nos queda?", se pregunta. Leticia tiene 33 años y un hijo de seis. "Ella y el crío viven con nosotros y su pareja, con sus padres", dice Francisco. Leticia comenta con tristeza que solo le ven los fines de semana: "Ahora a lo mejor no se entera, pero cuando tenga ocho o diez años, si esto sigue así, mi hijo se preguntará por qué su padre no está con él".

La imagen de afectados por las hipotecas acudiendo a los juzgados se ha repetido en otras ciudades de España. La PAH ha preparado una convocatoria para esta mañana en diferentes puntos del país pero el texto se podrá seguir presentando a lo largo los próximos días. Jon García, ecuatoriano de 38 años, resumía la situación en una frase: "Yo creo que esto va a cambiar y si no lo hace el Gobierno tenemos que hacerlo el pueblo".

Botella, a favor de la dación en pago

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha declarado hoy "en principio de acuerdo" con la dación en pago, aunque ha subrayado su apoyo a las primeras medidas aprobadas por el Gobierno para evitar los desahucios de las personas más desfavorecidas.

En rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de su Gobierno, que ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2013, la alcaldesa ha advertido de que para establecer la dación en pago sería necesario modificar la ley y, como eso supone un procedimiento "que lleva su tiempo", ha defendido las medidas urgentes aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Me parece muy bien que el Gobierno se reuniera con la oposición para buscar una medida rápida antes de proceder, en el caso de que se llegue a proceder, a modificar la ley", ha asegurado.

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