La banca paraliza en Valencia 11 ejecuciones hipotecarias en dos días

Una agrupación de jueces, el Foro Judicial Independiente (FJI), distribuye un modelo de auto entre los jueces españoles para que valoren la suspensión de las ejecuciones hipotecarias que se producen cada día en España. La justicia europea, en concreto la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, dijo el pasado día 8 en un dictamen no vinculante, tras la denuncia de un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no protege al consumidor frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas. El tribunal suele asumir en un 80% de los casos los dictámenes previos de la abogada general, por lo que la reprobación parece más que factible.

La presión social para reformar la ley crece cada día que pasa. El paso adelante dado por un grupo de jueces, entre ellos el valenciano Pedro Viguer, reclamando una reforma legal, los recientes suicidios de afectados por las ejecuciones hipotecarias y la permanente protesta en la calle han conseguido mover al Gobierno y la oposición a negociar un cambio.

A la espera de que el tribunal europeo se pronuncie —algo que el Foro considera inminente— o que el Ejecutivo active mejoras en la legislación española, el Foro Judicial ya planteó en el congreso celebrado en Córdoba a principios de mes una moratoria que suspenda las ejecuciones.

“Es una decisión de los propios jueces, pero queremos que valoren las posibles suspensiones”, declaró el portavoz del FJI, Ángel Dolado. El magistrado de la Audiencia Provincial de Oviedo Agustín Azparren se ha encargado de su redacción y la asociación judicial lo está distribuyendo en las capitales españolas. El fundamento básico del escrito auspiciado por el FJI, que pretende la suspensión o moratoria del desahucio, es que no se despoje a nadie de su casa hasta que se reforme la ley que regula las ejecuciones hipotecarias. “Se recomienda a los miembros de la carrera judicial con competencias en la materia la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria pendientes de tramitación en los juzgados de toda España hasta la resolución de la cuestión prejudicial”, recogía el FJI en las conclusiones del congreso de Córdoba.

Según Dolado, la asociación independiente también intenta a través del Consejo General de la Abogacía que los defensores de los afectados por los desahucios soliciten a los magistrados la paralización del procedimiento, en este caso a petición de una de las partes.

Los bancos y cajas de ahorros están suspendiendo las ejecuciones hipotecarias. Anteayer se produjo uno de estos casos en Valencia. El Banco Sabadell detuvo la expulsión de su casa de una familia en paro. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Valencia se han paralizado en los dos últimos días 11 desahucios a petición de la banca, que han cambiado de actitud para no empeorar la situación. El sector plantea incluso una rebaja de cuotas a los titulares de los pisos para evitar la ejecución.

Desde el año 2008 se han ejecutado 172.000 desahucios y están pendientes 178.000 casos más. Dolado explicó que esta situación dramática se vive todos los días en los juzgados y hay que pararla. “Todos tenemos que aportar soluciones a este problema, también desde el foro”, manifestó su portavoz.

El aumento del número de casos de desahucio ha llevado a varios Ayuntamientos españoles —es el caso del de Castellón— a poner a disposición de los afectados pisos de propiedad municipal.