“La justicia es justa solo para los ricos”

Rondan los 80 años y han estado a un tris de quedarse en la calle. Hace dos semanas lograron parar la subasta de su piso, el que compraron en 1971 y acabaron de pagar en 1975, pero que hipotecaron de nuevo hace unos años como aval de la inversión que su único hijo hizo para abrir un bar. “Claro que fue culpa nuestra por confiar en los bancos, pero quién nos lo iba a decir... Por un hijo una lo da todo”, suspira Pilar Rodríguez, de 78 años, cogida de la mano de Aquilino Álvarez, de 82, en el sofá de su casa de Barcelona.

“Los bancos engañan a los pobres como nosotros: viejos, enfermos y sin dinero”, dice Pilar, “siempre nos dijeron que no nos preocupáramos de nada”. Con la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han conseguido parar la subasta y negociar un alquiler social que les permitirá quedarse a vivir en el piso hasta que se mueran. Pagarán entre 250 y 300 euros, están pendientes de firmar el contrato. La vivienda, con todo, ya no es suya. Es del Banco Popular, después de que absorbiera al Banco Pastor y este al Banco de Galicia, con quien la familia había contraído la hipoteca en una oficina de Lugo.

Que el piso y el matrimonio estuvieran en Barcelona y el hijo y la hipoteca en una entidad de Galicia absorbida por dos veces ha complicado el proceso. Pero ni la familia ni la PAH se han rendido. De hecho, la subasta se detuvo el mismo día que estaba prevista, recuerda la abogada y activista de la Plataforma, Eva Corredoira. Para detener este desahucio han negociado a distancia con la oficina de Vigo del Banco Popular, que a su vez recibía instrucciones de la central en Valladolid. También ha intervenido la PAH de Lugo, relata Corredoira.

Fue en agosto pasado cuando llamaron a la puerta de Pilar y Aquilino con la carta que ponía fecha a la puja: 26 de octubre. Hacía pocas semanas que habían regresado del hospital, donde el hombre se recuperó durante cuatro meses de un ictus. Del susto de la salud, al del desahucio. La hipoteca que contrajeron por 100.000 euros, en dos años de impagos se había convertido en una deuda de 200.000. “Todo porque el socio de mi hijo le engañó, está en paradero desconocido, mientras mi hijo intenta sacar el bar adelante”, explica Pilar. El piso es sencillo, un segundo sin ascensor en el barrio del Guinardó de la capital catalana.

Después de la parálisis inicial al recibir la carta de la subasta, fue una sobrina de Aquilino y Pilar quien reaccionó. Había oído de la PAH y se presentaron en la asamblea semanal de este movimiento ciudadano. Ahí empezó su lucha para poderse quedar en casa. El piso que compraron en 1971 “por un millón cincuenta mil pesetas”. “Trabajamos como burros para pagarlo. Día y noche. Cobrábamos 7.100 pesetas y pagábamos 6.500 de letra. Teníamos ocho años para pagar y lo hicimos en solo cuatro”, recuerda perfectamente Pilar. Aquilino trabajaba de Guardia Urbano en el Ayuntamiento de Barcelona y complementaba su sueldo con chapuzas que hacía fuera de horario. Ella llevaba la casa y se ganaba un dinero bordando. Como otros tantos miles de emigrantes llegados a Barcelona en los sesenta.

Ya jubilados, solo querían “tranquilidad” y lo último que esperaban era enfrentarse a un banco. Verse, por ejemplo, con ochenta años, cruzándose la ciudad con tres autobuses para ir a la Ciudad de la Justicia a pedir abogado de oficio. Afortunadamente, aunque tienen al hijo en Lugo, tienen muchos hermanos y sobrinos en Barcelona. “La justicia es muy injusta. Es justa solo para los ricos. ¿Cómo pueden echarte de casa y que te quedes con la deuda?”, se queja Pilar mientras Aquilino le tira de la mano y le murmura: “¡No te metas en política!”. “¿Los políticos? Les oyes y hablan todos muy bien, pero luego... Pasan las elecciones y hacen todos igual. Esto mismo de los desahucios, no deberían permitirlo. Si alguien no paga, no es porque no quiera, es porque no puede. Si no puedes pagar cien, pues que te dejen pagar la mitad”, reivindica: “Y si tardas más, ya lo pagarán tus hijos, y si no tienes, entonces sí que se lo queden”.

Pilar no se amedrenta a la hora de cuestionar el sistema hipotecario que ha atrapado a miles de familias en España: “Cuando vas al banco, todo son buenas palabras y mira luego”. Sobre la PAH no tiene más que buenas palabras. Ella, cuenta, avisó a los servicios sociales del Ayuntamiento, a la trabajadora familiar que acude tres días a ayudarles, al área de Vivienda de la Generalitat... pero nadie respondió como la Plataforma. “Yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a la PAH”, dice. El matrimonio incluso ha participado en algunas asambleas los viernes, pero con la llegada del frío les cuesta más salir de casa. Aquilino, eso sí, no quiere perderse “una manifestación que hay convocada un día de estos”.

Parada la subasta, ahora lo que angustia al matrimonio es saber exactamente cuánto tendrán que pagar de alquiler y cuáles serán las condiciones del contrato. Si pueden estar tranquilos los años que les quedan. Lo dicen tal cual: “Por lo menos los dos o tres años que nos queden”. La pensión que cobra Aquilino no está nada mal en los tiempos que corren: 1.200 euros al mes. “Nuestras cuentas nunca han sido para volar, pero sí para no deber a nadie y poder celebrar la Navidad con la familia e ir una vez al año a Galicia”, dice Pilar. Intentarán “no tener que pagar la contribución —el Impuesto de Bienes Inmuebles—, ni los gastos de escalera”. “Por lo menos que nos quede para poner la calefacción, porque para comer, si hace falta se comen patatas con aceite”, dicen.

Los vecinos de Aquilino y Pilar les quieren un montón. “Se pelean para subirnos la compra”, sonríe ella. Aun así solo una vecina de la escalera y la familia están al corriente de lo que han pasado. No es que les dé vergüenza, “pero mira, no se lo hemos contado a nadie más, por suerte ha acabado bien”.

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca no tienen cifras de cuántos casos se logran resolver con un alquiler social que permita a las familias quedarse en casa. Son tratos entre particulares y entidades, no hay un registro de casos. Sí saben, explica Corredoira, que las entidades son reacias a esta fórmula.

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