La Comunidad de Madrid permitirá macrofiestas como las vetadas por Botella

El Ayuntamiento pide al Gobierno autónomo que solucione el vacío legal sobre medidas de seguridad

Asistentes al macroconcierto en Madrid Arena del pasado miércoles.
Asistentes al macroconcierto en Madrid Arena del pasado miércoles.

Será la investigación judicial la que determine si se produjeron irregularidades en la fiesta de la noche de Ánimas que acabó con la muerte de cuatro jóvenes en el pabellón municipal Madrid Arena, tal y como han señalado testigos y diversas fuentes. Pero, aunque no las hubiera habido, la regulación de estos eventos multitudinarios es a todas luces demasiado laxa a la hora de evitar tragedias similares. O, mejor dicho, no hay legislación al respecto, de manera que la seguridad depende de lo que una empresa privada contratada por el Ayuntamiento considere necesario. La Comunidad de Madrid, de quien depende establecer esas normas, no tiene previsto dar ningún paso al respecto a corto plazo.

¿Qué ha prohibido el Ayuntamiento?

“Nunca más, mientras yo sea alcaldesa de Madrid, cederemos, alquilaremos o consentiremos en ningún edificio propiedad del Ayuntamiento un evento como el que ha terminado en estos tristes hechos”, dijo Botella el pasado viernes. El Ayuntamiento gestiona, entre otros recintos, el Circo Price, el Teatro Español, el centro Conde Duque, Matadero, el pabellón Madrid Arena y la Caja Mágica. El veto municipal afectará, por ejemplo, a la macrofiesta SpaceFest, que el año pasado se celebró en la Caja Mágica y este año se iba a trasladar al Madrid Arena. “El riesgo es demasiado grande cuando se juntan en un sitio cerrado grandes masas de jóvenes, mucho ruido, aún más calor y, como mínimo, demasiado alcohol”, dijo la alcaldesa. El Ayuntamiento puntualizó ayer a EL PAÍS que sólo se permitirán eventos en los que “las entradas estén numeradas y sectorizadas, de forma que en todo momento pueda determinarse el número de espectadores que hay en cada sector”. En la pista, los asistentes deberán estar sentados.

La Comunidad de Madrid, por su parte, permitirá que se sigan celebrando sin restricciones este tipo de eventos en sus recintos (Palacio de los Deportes, plaza de Las Ventas), aunque extremará el celo a la hora de dar permiso para macrofiestas de Nochevieja. El año pasado se celebró una en el Palacio de los Deportes con hasta 10.000 personas hasta bien entrada la mañana. ¿Podría repetirse este año? “Sí, aunque se extremará el celo para ser más restrictivo y que se cumpla rigurosamente la normativa”, explican desde la Comunidad de Madrid. El Gobierno autónomo no secundará el veto del Ayuntamiento porque, en su opinión, no hay eventos más peligrosos que otros si se cumple la ley a rajatabla.

¿Puede el pabellón Madrid Arena organizar macrofiestas?

La Policía Nacional constató en 2006 que el pabellón estaba siendo utilizado por el Ayuntamiento sin tener licencia de funcionamiento, según informa F. Javier Barroso. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, señaló ayer a través de Twitter que sigue sin tenerla. El Ayuntamiento ha explicado que, como edificio municipal, no la necesita, en virtud al artículo 151 de la Ley 9/2001 del Suelo de la comunidad, ni siquiera cuando se alquila a empresas privadas para organizar fiestas o conciertos. Según el concejal de Economía, Pedro Calvo, en los cerca de 10 años que lleva en funcionamiento no se ha abierto ningún expediente administrativo.

¿Cómo se determina el aforo?

El Código Técnico de la Edificación, dependiente del Ministerio de Fomento, determina un máximo de dos personas por metro cuadrado en una discoteca, y el doble para espectadores de pie en un concierto. Pero se trata de una regla general que no se atiene a las particularidades de cada recinto. Según esto, en la fiesta del Madrid Arena cabrían 7.720 personas en la pista (de 1.930 metros cuadrados) en caso de considerarse un concierto y la mitad, 3.860 personas en caso de convertirse el recinto en discoteca. El Ayuntamiento aplicó en este caso el otro modo que hay para determinar el aforo, según las salidas de emergencia, restringiendo el aforo de la pista a 3.680 personas. En los dos niveles superiores cabían 6.920 personas; que no se concentraran todas en la pista, triplicando el aforo de ese sector, dependía de la vigilancia interna.

¿Quién debía vigilar la seguridad?

En el exterior del recinto, la Policía Municipal, que consideró que el evento tenía un riesgo medio pero asignó efectivos como si fuera de riesgo alto: 14 agentes y dos mandos, y otros 24 de apoyo, para establecer un cordón de seguridad de 50 metros. Ninguna ley exige un dispositivo mínimo, sino que depende de los mandos definirlo. No se evitó, pese a que es su competencia, que miles de jóvenes hicieran botellón en los alrededores porque “no era prioritario” peinar toda la zona; se consideró suficiente que, por la mera presencia de los agentes, no se produjera en el área cercana al concierto.

¿Debían vigilar los agentes que no se colara gente? En los accesos había personal de otra empresa controlando que las entradas fueran válidas y el DNI a los asistentes para que no entraran menores. La Policía Municipal debía vigilar los alrededores del recinto, pero también (o en su defecto, funcionarios del Ayuntamiento) que se cumpliera la ley de espectáculos. Lo que hicieron, junto a la Delegación del Gobierno, fue una inspección previa, una hora antes de la apertura de puertas, de que el recinto estaba en perfecto estado y con las salidas de emergencia operativas. Según la ley, la Policía Municipal no está obligada a controlar que no se cuele nadie a menos que haya una denuncia de que eso está ocurriendo.

En el interior del recinto, es decir, la zona de jardines del pabellón, había 34 vigilantes de seguridad de la empresa Seguriber. Dentro del pabellón había seis más (uno en el control de cámaras, uno en la pista, uno en el portón principal y tres en la grada intermedia). ¿Por qué ese número y no otro? Porque así lo consideró recomendable, “por su experiencia y conocimiento de la instalación”, el director de Seguriber, contratada por el Ayuntamiento para la vigilancia y subcontratada esa noche por los organizadores. La ley no dice nada al respecto. Ese mismo criterio determinó que hubiera 75 controladores, 12 fuera y 63 en el interior; y un servicio médico de seis personas: dos médicos, dos ATS y dos técnicos de emergencias (con dos ambulancias de transporte convencional).

Respecto a los 75 controladores contratados por los organizadores a la empresa Kontrol 34, su función fundamental era, además de ayudar a que no entraran menores, distribuir el aforo dentro del recinto, es decir, evitar que se superara el número de personas por planta cuando unos quisieran subir y otros bajar a la pista. ¿Cuántos debía haber? Los controladores son porteros de discoteca, que han aprobado un examen regido por la citada ley regional de Espectáculos, que no establece tampoco un número mínimo. ¿Cómo controlan que no se supere el aforo? A ojo.

¿Cambiará el Gobierno autónomo la ley para fijar requisitos de seguridad?

La norma regional establece que es la Comunidad de Madrid la que “determina reglamentariamente los espectáculos que por su naturaleza, aforo o incidencia en la convivencia ciudadana deberán implantar medidas o servicios de vigilancia, así como las características de los mismos”. Lo que en principio pide el Ayuntamiento es que se desarrollo mediante reglamentos la ley de espectáculos, puesto que en la actualidad no se especifica en ningún texto legal aspectos como la seguridad, los controles internos necesarios o los servicios médicos recomendables. Botella ha aceptado la petición del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, de crear una comisión política de investigación “que se convierta en un foro de debate sereno en el que analizar las mejoras en la regulación municipal que conviene promover y para elevar a las demás Administraciones aquellos cambios que veamos convenientes”.

El Gobierno autónomo asegura que esperará a conocer las peticiones municipales y el resultado de la investigación judicial, pero no prevé en principio endurecer la normativa, aprobada en 1997 por el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), y que ahora está en proceso de relaboración aunque aún no hay cerrado ni un borrador.

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