La Comisión Europea asume las tesis de Rajoy sobre una Cataluña fuera de la UE

La batalla catalana, a pocas semanas de las elecciones del 25 de noviembre, se libra también en Europa. Tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Artur Mas intentan atraerse el agua a su molino de las instituciones europeas. La Comisión Europea insiste en no tomar una posición clara en público. “Son asuntos internos”, contestan en la Comisión. Pero en privado, sí hay un documento en el que el principal representante de la Comisión en este asunto —la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding— asume las posiciones del Ejecutivo español, que sostiene que Cataluña en ningún caso podría independizarse de manera unilateral y seguir en la UE.

Reding envió el pasado 4 de octubre una carta al Gobierno español, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que trata de despejar el entuerto que ella misma había creado con unas declaraciones al Diario de Sevilla. Pero la carta, cuyo contenido fue apuntado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en un debate parlamentario, va un poco más allá.

No solo “lamenta” la interpretación que se dio en España a sus palabras, en las que señalaba que “ninguna ley dice que Cataluña deba salir de la UE si se independiza” y dice que ha mandado una rectificación. Añade un último párrafo con una posición política clara: “Quiero que no quede ninguna duda sobre mi posición, que es igual a la posición expresada por el presidente Barroso en nombre del Colegio, y que coincido plenamente en el análisis del marco constitucional europeo que desarrollas en tu carta”.

Este es el punto más novedoso y políticamente relevante de la carta, que pese a haberse enviado el 4 de octubre tiene vigencia porque desde entonces no ha habido ninguna posición formal y tanto Mas como el Ejecutivo español siguen utilizando el asunto de Cataluña dentro de la UE como arma electoral. Ese “coincido plenamente en el análisis que desarrollas” se refiere a una carta de Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, a la que ella está contestando. Y él es absolutamente tajante sobre la imposibilidad de que Cataluña se independice dentro de la UE. Él señala que “el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea es terminante cuando señala que la Unión deberá respetar las estructuras fundamentales constitucionales y políticas y la integridad territorial de los Estados miembros, cuya determinación es competencia exclusiva de éstos. En consecuencia, la UE no puede reconocer una declaración unilateral de independencia de una parte de un Estado miembro”. Esto es lo que Reding asume en su carta.

Reding: “Confío en el sentido común y en el europeísmo de los españoles”

Después de explicar la imposibilidad de que la Constitución española aceptara esa declaración de independencia —habría que modificarla— Méndez de Vigo insiste con la legalidad europea. “A efectos puramente dialécticos, si la Constitución española fuera efectivamente modificada para permitir la celebración de un tal referéndum y si a resultas de la misma surgiera un Estado independiente, este no formaría en ningún caso parte de la UE. Así resulta del artículo 52 del Tratado de la UE, en el que se enumeran los Estados miembros a los que se aplican los Tratados, entre ellos el Reino de España. Por ello, ese hipotético nuevo Estado debería, a tenor de lo que establece el artículo 49 del Tratado de la UE, solicitar la adhesión y obtener una decisión favorable del Consejo, por unanimidad, debiendo ser el Acta de Adhesión ratificada por los Parlamentos de todos los Estados miembros”.

Reding asume esta argumentación. La vicepresidenta concluye con otro mensaje político: “Mi intención”, señalaba sobre su entrevista, "no era sino explicar que confío en el sentido común y en el europeísmo de los españoles plenamente para resolver esta cuestión en el ámbito doméstico que le es propio”.

Fuentes de la Comisión señalan que todos sus miembros tienen muy claro, sin discusión, que una parte de un Estado miembro de la UE no puede separarse unilateralmente y seguir perteneciendo a la UE. Quedaría fuera y tendría que abrir una negociación en la que por supuesto el Estado miembro de la UE, en este caso España, tendría derecho de veto. En cualquier caso la Comisión quiere evitar en público este debate, pero tanto para el Gobierno central como para el catalán es clave la posición de las instituciones europeas antes del 25-N.