Un pueblo ocupado por el Estado

Las más de 14.000 hectáreas de la histórica finca La Almoraima ocupan el 85% del término de Castellar de la Frontera (Cádiz) y son para su alcalde, Juan Casanova, de Izquierda Unida, una salida a los 527 parados de este pueblo de 3.187 habitantes. Este latifundio, expropiado a Rumasa hace 30 años, está gestionado por una empresa dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que se niega a la cesión de más tierras e insta al aprovechamiento de las ya concedidas.

Juan Casanova ha pedido, “ante la situación de precariedad económica de muchas familias”, que el Estado ceda 100 hectáreas de regadío “para fomentar la agroecología y el cooperativismo”.

También ha reclamado el regidor el uso de una nave de los antiguos cuarteles y de una hectárea de tierra para la ubicación de cuadras y huertos familiares, así como la restauración de antiguas zonas militares para la instalación de un complejo de turismo rural.

El alcalde justifica su demanda en el “momento de emergencia social” que vive el pueblo. “En otras circunstancias no se realizaría esta petición”, admite sin olvidar que la gran extensión de la finca “limita de forma permanente las posibilidades de desarrollo”. Por eso pide que, en cualquier caso, la explotación se “oriente hacia sectores productivos más sociales que, sin perder el horizonte de la rentabilidad, aumenten las posibilidades de trabajo”.

La directora de La Almoraima, Isabel Ugalde, replicó que la gestión de la finca persigue la generación de empleo a través de su plan estratégico y advirtió de que el municipio ya disfruta de dos fincas del complejo de tierras sin que hasta el momento haya emprendido su aprovechamiento. “Tanto Majarambú como La Boyal están ociosas, a pesar de que el Ayuntamiento tiene la gestión de ambas”, insistió la directora gerente.

Ugalde aseguró que su labor al frente de la finca estatal se debe al interés general y “se están promoviendo acciones para la generación de puestos de trabajo en el marco del plan estratégico”. En este sentido, el programa de explotación de La Almoraima prevé recuperar el próximo año unos viveros abandonados para su dedicación a la producción intensiva, proyecto que generará más empleo.

Sobre La Boyal y Majarambú, Casanova explicó que son gestionadas por la Asamblea del Común de Vecinos, que hace casi un año decidió dedicar parte de sus ingresos a ayudar a las familias más necesitadas, abonándoles algún recibo del agua o la luz para evitar el corte del suministro por impago, comprando alimentos o medicamentos.