'La Almoraima' será explotada por cooperativas y obreros agrícolas

El ministro de Agricultura, Carlos Romero, declaró ayer en Granada que la decisión del Gobierno de convertir la finca La Almoraima, la mayor empresa rústica expropiada a Rumasa, en una sociedad pública, significa en la práctica su privatización, si bien "no en el sentido clásico". Carlos Romero anunció también que la finca será distribuida para su explotación entre trabajadores agrícolas y cooperativas y negó la existencia de tensiones con la Junta de Andalucía sobre el modo en que se debía de haber encauzado el proceso de privatización de la finca.Por su parte, el consejero de Agricultura andaluz, Miguel Manaute, en declaraciones efectuadas en Sevilla a la agencia Efe, admitió que habría visto con buenos ojos la cesión de La Almoraima al Gobierno autónomo para su administración, si bien la decisión del Consejo de Ministros del viernes pasado "no cierra ninguna puerta a la Junta de Andalucía". Manaute explicó que el decreto de conversión de la finca en empresa pública gestionada por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) no establece nada definitivo y no significa que no podamos participar en su administración".

Características especiales

Carlos Romero explicó que entre las fincas propiedad de Rumasa que pasarán al sector público, La Almoraima presenta unas características especiales, que han dado lugar a un saneamiento financiero previo que se ha cubierto con fondos del Estado y cuyo importe es de "bastantes centenares de millones de pesetas".

El ministro de Agricultura dijo que esas características especiales han impedido "la salida normal de La Almoraima al mercado de la tierra" y anunció que al proyecto de reexplotación se van a sumar "diversas instituciones con el objeto de formar iniciativas diferentes, no sólo agrarias sino también industriales".

Todos estos proyectos, según Carlos Romero, servirán para "un mejor aprovechamiento social de la tierra". El ministro reiteró que la situación de la finca expropiada estaba "muy embrollada" y que su administración la va a ejercer el mismo equipo del Icona que trabajó en su saneamiento financiero. Carlos Romero negó la existencia. de una polémica con el Gobierno autónomo andaluz y dijo que el Consejo de Ministros se limitó a tomar una decisión sobre unos bienes dependientes del Ministerio de Hacienda.

Miguel Manaute, que hoy se entrevistará en Almería con Carlos Romero durante la inauguración de una feria agrícola, expresó que "ahora vamos a continuar con las negociaciones para hallar una fórmula concreta de participación de la Junta de Andalucía en la administración de la finca", y corroboró la, idea de que, ya una vez pasada al sector público, será distribuida entre los trabajadores.

La Almoraima está considerada como el mayor latifundio de España, con 14.130 hectáreas, que ocupa alrededor del 60% de la extensión total del municipio de Castellar de la Frontera (Cádiz). Junto a esta finca, el Consejo de Ministros decidió incorporar al patrimonio del Estado otras cuatro más pertenecientes al cupo de expropiaciones de Rumasa. Se trata de las empresas Aquatera, SA; Explotaciones Agrícolas Andaluzas, SA; Viñedos Españoles, SA, y Propecsatur, S A.