“Perdimos la casa por 6.000 euros”

“Me preocupa que no tengo mantas y en Madrid ya está haciendo frío, y el que viene. Me han dado unas sábanas de franela, pero no tengo mantas. ¿Tú tienes hijos? Es que se siente una preocupación distinta... Ayer le dije al niño que se acostara con la cazadora puesta”. El pasado 27 de junio, Milagros Carbajo, José Luis Estévez y sus tres hijos fueron desahuciados. Su historia es un tanto especial porque tenían completamente pagada su vivienda. Cometieron el error de avalar con su piso una pequeña deuda de unos 6.000 euros que pidieron a unos prestamistas, que además presuntamente les estafaron. El asunto está en los tribunales, pero el error ya les ha costado la casa. José Luis, oficial de construcción de 52 años, está en paro y no cobra prestación. Milagros, de 49, limpia en casas por unos 500 euros al mes. Algo tienen ahorrado del finiquito de ella, pero en la familia no entran más ingresos. El alquiler son 600. Y son cinco para comer. Milagros calcula que podrán pagarlo dos meses más. Después, otra vez la calle.

Tres de los prestamistas han declarado como imputados por estafa el pasado 10 de octubre. No han tenido ni un gesto de humanidad Juan Moreno, abogado de la PAH

“Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera de la vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependieran, el secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo”, dice el artículo 704.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que se ejecutan todos los desahucios. La letra de la ley es fría. Gélida como el proceso que termina con el desalojo y como la casa en la que viven ahora de alquiler Milagros, José Luis y sus hijos de 11, 19 y 23 años en el madrileño distrito de Usera, porque no pueden permitirse tener calefacción.

EL PAÍS ha reconstruido su caso —una más de las 350.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España en los últimos cuatro años— a través de todos los actores que intervienen: de la familia al funcionario que ejecutó el desalojo, pasando por los acreedores, los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que les ayudan o el juez que dictó el auto. La cadena que acaba con la familia en la calle.

» Milagros, José Luis y sus hijos.

“Lo pintó Dani cuando tenía tres añitos. Era un barquito en el agua, y todo el mundo se sorprendía de que un niño tan pequeño fuera su autor. Lo enmarcamos y todo”. Piensa un poco y añade, y mientras lo hace se quiebra: “Los cuadros de la comunión, y un reloj precioso que yo tenía de porcelana con forma de media luna. Y las fotos, sobre todo las fotos”. A Milagros le faltan muchas cosas. “Nos dejaron salir de la casa con cuatro maletas, y luego tuvimos otro día solo dos horas para recogerlo todo”, rememora delante de la estantería de su salón, que luce prácticamente vacía. Las familias conocen con al menos un mes de antelación que tienen que abandonar su vivienda; el proceso se alarga en la práctica hasta casi ocho meses por el atasco judicial. Pero muchos afectados no vacían la casa porque no tienen dónde llevar sus enseres o porque conservan la esperanza de evitar al final el desalojo. Cuando llega el momento apenas hay tiempo.

Cáritas y Cruz Roja les han ayudado con el alquiler, pero solo tienen para dos mensualidades más

La historia de la pesadilla de esta familia es compleja: intervienen hasta cinco acreedores distintos. José Luis era autónomo y contrajo una deuda con Hacienda por no pagar las cuotas. Era 2002, ningún banco les prestaba la cantidad completa así que acudieron a una prestamista que conocieron por un anuncio en prensa. Su vivienda sirvió de garantía de los 6.000 euros que no pudieron pagar. Después de acudir desesperados a otros prestamistas para salvar la casa, la deuda creció hasta 43.000 euros. Tampoco pudieron pagar. Y adiós al piso. El desahucio fue el 27 de junio de 2012.

En Cáritas les han dado la mitad de la fianza del alquiler del piso en el que viven ahora. Cruz Roja les ha ayudado con la primera mensualidad: “En Navidades dicen que nos llenarán la nevera”.

» Los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Juan Moreno es el abogado de la familia. Pertenece a la plataforma y trabaja para ellos de forma altruista. “Tres de los prestamistas han declarado como imputados por estafa el pasado 10 de octubre. No han tenido ni un gesto de humanidad”, lamenta. Intentó que el desahucio se paralizara con el proceso penal por estafa, pero no tuvo éxito. Defiende que los jueces tienen margen de maniobra, que no tienen un interés real en poner coto a la sangría de desalojos: “Un juez atrevido podría actuar de otra forma, el Código Civil estipula que la ley debe interpretarse de acuerdo con la realidad social, la interpretación estricta es la que está abocando a un desahucio masivo”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se felicita de haber logrado paralizar 438 desahucios, entre la presión social y el trabajo de sus abogados voluntarios.

» El juez.

El titular de uno de los tres juzgados especializados en asuntos hipotecarios de Madrid, que prefiere no revelar su nombre, discrepa del abogado. Calcula que en lo que llevamos de año ha tramitado unas 1.200 ejecuciones hipotecarias. Los jueces también están en el punto de mira. ¿Falta sensibilidad social? El magistrado lo niega. “Desgraciadamente la letra de la ley es muy estricta, no hay margen de decisión, solo la prórroga del plazo para el desalojo voluntario, que se suele conceder”. Él no es ajeno al drama: “El trabajo no es grato, todo lo contrario”. Su papel en la cadena, defiende, es menor, y recuerda que la justicia actúa solo a instancia de parte: “El ejecutante puede disponer de lo que es suyo, si quiere suspender la ejecución puede hacerlo. Si se llega al desahucio es porque alguien lo reclama, no hay más”.

» Los acreedores.

En el caso de Milagros y José Luis no hay una entidad bancaria detrás, como ocurre en la mayoría de los desahucios. Los prestamistas son particulares que no figuran en el Registro Mercantil al frente de ninguna financiera, sino de empresas de promoción inmobiliaria o despachos de abogados. La deuda que contrajo la familia se fue, de hecho, endosando (transmitiendo) entre varios particulares. Uno de ellos, contactado por este periódico, ha rehusado dar su versión de los hechos; al resto no fue posible localizarlos.

» El funcionario que ejecuta el desahucio.

El último eslabón de la cadena, su función es dejar “vacuo y expedito el piso” (desalojado), relata un miembro de una comisión judicial de Madrid, que prefiere mantener el anonimato. En la capital hay una decena de comisiones; la suya, que integran dos funcionarios a los que acompaña como mínimo una pareja de la policía municipal, lleva a cabo unos cuatro desahucios diarios. “Vemos de todo, las situaciones son durísimas”. El suicidio de un afectado, como el que ha ocurrido esta semana en Granada, tampoco les resulta nuevo: “En una ocasión entramos en una vivienda y encontramos a un hombre ahorcado”.

“Actuamos de la forma más profesional que podemos, pero tratamos de cumplir la ley al pie de la letra”. No hay otra: el piso tiene que ser desalojado. El funcionario ya no tiene hipoteca y se ríe con la pregunta. Aunque enseguida se pone serio. El tema no es para bromas. “La he acabado hace poquísimo, como todo hijo de vecino. Claro que pienso que podría pasarme a mí, solo que hoy estoy al otro lado y es lo que me toca”.