Los rostros tras los desahucios

Difícil olvidar la imagen de Vicente Torres, un tapicero de 74 años, postrado en su cama, recién operado del corazón y con un trombo en una pierna, y a punto de ser desahuciado por ser el avalista de un préstamo hipotecario que su único hijo nunca terminó de pagar. Con el anciano vivía también un nieto, Jonatan Torres, de 24 años, que se hinchó de llorar cuando —gracias a la presión ejercida por los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de la asamblea 15-M del barrio de Carabanchel (Madrid)—, se paralizó el desalojo. En 2004, el hombre firmó un préstamo hipotecario de 170.000 euros con una financiera. Finalmente, Vicente logró un acuerdo: podrá permanecer en el piso a cambio de un alquiler de 150 euros. Pero cuando fallezca, la vivienda pasará a manos de la financiera.

María G. (prefiere no revelar su apellido), onubense de 48 años, lucha por que el banco le condone la deuda que le dejó su maltratador. Después de denunciarle por maltrato —"Me planté el día que me agredió con mi niño en brazos", cuenta—, él huyó a su Ecuador natal. María, funcionaria con una pensión por incapacidad total y con un niño de seis años, quedó como única responsable de la deuda hipotecaria de la casa de ambos y de otros dos préstamos. Total: casi 400.000 euros. Era 2008. Él sigue en busca y captura.

El banco se adjudicó la vivienda por subasta; la deuda que le queda es de 140.000 euros. De sus 1.600 euros de pensión, 400 los tiene embargados. La entidad intentó incluso que ella asumiera un seguro de 12.000 euros que él tenía solo a su nombre (ni siquiera estaban casados). Ahora vive en casa de su padre. “A veces pienso en ir a la embajada de Ecuador o al consulado, no sé, para intentar localizarle y reclamarle el dinero", explica con la voz quebrada. Pero hay algo que la frena: "Me paraliza el miedo a que me quiten a mi niño. Era una de las amenazas que él me hacía, que yo iba a acabar comiendo mierda y que le sería fácil llevarse al niño. No me siento amparada por las instituciones, no siento que mi hijo esté protegido. Tengo miedo”.

El viernes, Lourdes Castro regresaba a su casa, en el barrio obrero del Campo de la Verdad (Córdoba), tras dejar a sus dos hijos de ocho y 11 años en el cole, y a su pareja en un curso de formación. En la puerta de su vivienda le esperaban tres funcionarios del Juzgado de Primera Instancia número 2 de la ciudad, acompañados de policías. “Me dijeron que recogiera lo imprescindible, que no llamase a nadie. Que tenían que desalojarme”. La pareja no fue advertida del día y la hora del desahucio y ha puesto una demanda ante la fiscalía por la forma en que se ejecutó el desalojo, pensado para evitar la movilización popular que ya frenó su primer desalojo. La pareja pidió en 2005 un crédito de 72.000 euros para reformar su casa. Actualmente, ambos están en paro. Ella recibe 426 euros de ayuda. Anoche se encontraron la casa abierta. Y regresaron a su hogar. De momento.

“No podemos más. Lo hemos intentado desde hace más de dos años y no lo hemos conseguido. No nos sentimos fracasados, al contrario, muy orgullosos puesto que hemos ayudado muchas personas y nos han ayudado”. Así empieza la carta que César Guerrero y su mujer, ecuatorianos, enviaron a sus amigos antes de retornar a su país. Su caso es como el de miles: llegaron, trabajaron todas las horas que pudieron, trajeron a los niños, compraron un piso… hasta que el paro dio al traste con todo. Un día dejaron de pagar las cuotas porque preferían “dar de comer a los hijos que al banco”. En Barcelona se recuerda a César, uno de los activistas más destacados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En dos años no se perdió ni un desahucio, ni una asamblea. Hasta que no pudo más.

Mercedes Castro fue una de las primeras personas que se topó con la práctica de algunos bancos de recurrir a subastas notariales en vez de judiciales. De esta forma, tras dos subastas por el 100% y el 75% del valor de la deuda, en la tercera se podían adjudicar los pisos por un euro, mientras los desahuciados cargaban con el peso entero de la deuda. Al aflorar este drama, el Gobierno modificó la norma: ahora los pisos deben subastarse por un mínimo del 60% del valor de tasación, como en procesos judiciales. Castro logró negociar la dación en pago, pero se encontró con otra sorpresa: el Ayuntamiento de Barcelona le reclamó 3.000 euros del impuesto de plusvalía. A ojos de la hacienda municipal se había hecho rica. Barcelona anunció hace unas semanas que perdonará este gravamen en las daciones.

A Xiomara, una inmigrante dominicana de 32 años con un hijo de cinco años a su cargo, la desahuciaron el pasado 20 de junio. Desde entonces, ambos viven en una habitación alquilada en Carabanchel (Madrid) que le cuesta 250 euros. Esta madre soltera sufre para llegar a fin de mes. Ingresa 426 euros de ayuda y su exmarido, que está en paro, unos meses le ingresa 100 euros y otros nada. Actualmente Xiomara está sustituyendo a su hermana, embarazada, y cobra 200 euros al mes por limpiar en una casa. La dominicana está atrapada por su condición de madre soltera de un niño que necesita cuidados constantes; cada 90 minutos le mide la glucosa y necesita cuatro inyecciones de insulina diarias. Actualmente, adeuda al colegio del menor dos meses de comedor, 180 euros que no puede pagar.