El fiscal avala la denuncia de Bauzá contra un exconsejero del PSOE
El presidente balear acusa a Vicenç Thomàs de un delito de malversación de fondos públicos
Una parte de la vida política de Baleares pasa por los juzgados. El Gobierno balear de José Ramón Bauzá, del PP, ha logrado que la fiscalía avale una acusación por malversación de fondos públicos que presentó contra el antiguo consejero de Salud, Vicenç Thomàs (2007-2011), uno de los portavoces parlamentarios del PSOE. Thomàs ataca en la asamblea regional a Bauzá por supuesta incompatibilidad por sus negocios privados y divulga que el presidente ha de pagar 10.000 euros al mes por sus hipotecas.
El fiscal Adrián Salazar ha trasladado formalmente la denuncia gubernamental contra Thomàs a un juzgado por los indicios de malversación, prevaricación y fraude. En Baleares, los aforados (diputados y consejeros) pueden ser investigados en juzgados ordinarios hasta su procesamiento. Siendo consejero, Thomàs no aplicó una sentencia firme del Tribunal Superior, de 2010, que anuló la legalidad de unos aumentos salariales al personal médico que había pactado con el sindicato profesional. Tres organizaciones sindicales distintas denunciaron aquel acuerdo.
El Gobierno de Bauzá, durante diez meses, en 2011 y 2012, siguió abonando los pluses anulados, y al retirarlos, motivó una convocatoria de huelga de médicos, que se frenó tras un acuerdo del Parlamento para dar validez a los incrementos pactados por el anterior Ejecutivo y anulados por la sentencia. El exconsejero socialista recordó que el Gobierno de Bauzá continuó su misma política salarial al comienzo de su mandato.
La portavoz del PP, Mabel Cabrer, tildó de “indecencia” la postura de Vicenç Thomàs. Esta misma semana lamentó la “judicialización” de la vida política por parte de la oposición e invitó a estos grupos a “auto denunciarse” por sus agujeros financieros y supuestos escándalos de la pasada legislatura en la que estuvieron en el poder.
José Ramón Bauzá y el PP han acentuado su acción de respuesta judicial al acoso de la izquierda y los nacionalistas. Los portavoces del PSOE y del econacionalista PSM-ICV-E actúan en la cámara contra el presidente y trasladan a la fiscalía sus sospechas sobre las relaciones entre sus negocios privados y el nombramiento y cese de un gerente en la televisión autonómica IB3.
En esta estrategia de defensa y ataque, el Gabinete de Bauzá y su grupo parlamentario, con mayoría absoluta, quieren investigar indirectamente, en el Parlamento, a la líder socialista, Francina Armengol. El PP ha focalizado el caso de un antiguo contrato que el Ayuntamiento de Palma adjudicó a la empresa de jardinería de la pareja de la político socialista. Este expediente es criticado por irregular por la sindicatura de cuentas. El asunto fue archivado en la vía judicial. Por este tema Armengol ya fue “reprobada” por el PP en la cámara balear.
El presidente Bauzá mantiene, además, otro frente, una demanda civil de protección del honor contra el líder de UGT, Lorenzo Bravo, que le llamó “fascista, “inútil” y otras descalificaciones personales. El mandatario demanda 6.000 euros de indeminización al sindicalista.
