El proceso a la tragedia del ‘Prestige’ arranca 10 años después

Mañana, 10 años después, arranca el juicio por la catástrofe del Prestige, el petrolero hundido frente a la Costa da Morte el 19 de noviembre de 2002 con 77.000 toneladas de fuel a bordo. La Audiencia Provincial de A Coruña, desplazada para la ocasión al recinto ferial de la ciudad, decidirá mañana si admite nuevas pruebas, resolverá otras cuestiones previas y suspenderá la vista hasta el 13 de noviembre. Ese día, hace 10 años, comenzó la tragedia con la rotura de un tanque del buque, y ese día, 10 años después, empezará el interrogatorio al principal acusado: Apostolos Mangouras, el capitán griego del petrolero con bandera de las Bahamas, dueño liberiano (Mare Shipping), armador griego (Universe Maritime), mutua británica (The London Steamship Owners), certificado estadounidense (ABS) y fletado por una sociedad suiza (Crown Ressources) que tiñó de negro 1.600 kilómetros de costa: desde la desembocadura del Miño entre Galicia y Portugal hasta el litoral atlántico francés.

Todo un conglomerado de países, intereses y perjudicados, entre ellos el Estado español y el francés, que explican solo en parte por qué se ha tardado 10 años en abrir el macrojuicio.

Y una década después, cuando la naturaleza y costosísimas tareas de limpieza, incluido el vaciado del pecio hundido a 3.600 metros de profundidad a 246 kilómetros de Fisterra, se han encargado de borrar todo impacto del chapapote, el interés de esta esperada vista oral que durará otros siete meses ya no solo se ciñe a determinar al fin quién o quiénes fueron los culpables de la catástrofe. En juego está también el prestigio de la Justicia, tras los nueve años que le llevó al pequeño juzgado de Corcubión cerrar una instrucción que sufrió tantos bandazos como errático fue el rumbo del petrolero escupiendo fuel durante los seis días que fue paseado frente a Galicia hasta que se partió y se hundió.

La gestión pública de la catástrofe, con José María Aznar como presidente del Gobierno y Mariano Rajoy al frente del operativo, es otra de las grandes claves de este macrojuicio. El Estado español es a la vez perjudicado y acusado en este litigio. Es el que más dinero reclama: 3.862 millones de euros de los 4.121 en los que cuantifica la Fiscalía “los daños de la tragedia”. Pero también puede ser declarado responsable civil subsidiario: a quien le toque pagar parte de esas reclamaciones millonarias. En el banquillo, junto a Mangouras y el jefe de máquinas, también griego, del Prestige, —un tercer mando, el filipino Irineo Maloto, está en paradero desconocido— también se sentará a partir de mañana el exdirector de la Marina Mercante José Luis López-Sors.

La inclusión de López-Sors entre los acusados ha sido otro de los últimos grandes sobresaltos de esa larga y tortuosa instrucción del sumario que llevaron cinco jueces distintos. La última magistrada la cerró en noviembre de 2011 cargando todas las culpas en el septuagenario capitán y los otros dos mandos del petrolero y dejando libre de toda responsabilidad a las autoridades del entonces Gobierno de Aznar. La juez instructora no tuvo reparos en aceptar como perito clave para esa exculpación a un ingeniero que había asesorado al Ministerio de Fomento en plena gestión del naufragio. Consideró, al igual que la Fiscalía, que el desastre ya era inevitable antes de que el Gobierno tomase el mando y decidiese ordenar alejar mar adentro el barco pese al temporal y su agujero, por el que perdía miles de toneladas de fuel. Pero la Audiencia provincial revocó la exculpación de la Administración y obligó a incluir entre los acusados al funcionario ya jubilado que, bajo el mando del entonces ministro Álvarez-Cascos, asumió toda la responsabilidad sobre el dañino último periplo del buque. Para el tribunal que ahora juzgará la causa es clave que se determine si la gestión del Gobierno tuvo parte de responsabilidad en las dimensiones de la catástrofe.

Las cifras y los números resultan astronómicos en todo lo que se refiere al Prestige. La mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental suma 230.315 folios de sumario. Los perjudicados, agrupados en 55 acusaciones, se redujeron a 1.500 (eran inicialmente más de dos millares). En el macrojuicio intervendrán 70 abogados, 27 procuradores, 140 testigos, 98 pruebas periciales... Se espera la sentencia para septiembre de 2013. Cuando ya esté próximo el undécimo aniversario del naufragio.