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Declaran culpables por apropiación a dos cargos de la Universidad del País Vasco

La fiscalía pide diez años de cárcel para el exdecano de Medicina y para la exdirectora de Estomatología

Barranquero y Goiriena, a la derecha, durante una de las sesiones del juicio.
Barranquero y Goiriena, a la derecha, durante una de las sesiones del juicio.

Un jurado popular ha declarado culpables de un delito de apropiación de fondos públicos de la universidad pública de Euskadi al exdecano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Francisco Javier Goiriena y a la exdirectora del Departamento de Estomatología, Montserrat Barranquero.

Los miembros del jurado han emitido un veredicto de culpabilidad de todos los cargos de los que eran acusados, después de más de un día de deliberaciones, en una vista pública celebrada esta tarde en el Palacio de Justicia de Bilbao, con la presencia de los dos acusados.

Tras el pronunciamiento del jurado popular, la fiscalía y la acusación particular han confirmado su petición de una pena de diez años de prisión y 14 de inhabilitación para Goiriena y Barranquero, mientras que las defensas de ambos han pedido la aplicación de la pena mínima, que es de cuatro años y medio, además de anunciar que recurrirán la sentencia.

Los miembros del jurado han explicado que consideran que el dinero del que se apropiaron Goiriena y Barranquero entre 1994 y 2000 era de la universidad pública vasca, en contra del argumento principal de las defensas, que habían pedido la absolución en base a que los fondos que terminaron en poder de los acusados no eran públicos, sino que salían de partidas privadas para convenios y másteres gestionados por institutos creados por los procesados.

Así mismo, el jurado se ha mostrado contrario a la suspensión de las penas que el juez imponga a los acusados y a la petición de un indulto al Gobierno para ellos.

Las defensas han argumentado su petición de la pena mínima para los acusados, que es de cuatro años y medio por los delitos de malversación y falsedad documental, en base a la dilación de 12 años que ha tenido este proceso, pese a que el jurado la ha rechazado por unanimidad, y a que las acusaciones rebajaron la petición de indemnización para la UPV-EHU de 750.00 a 160.000 euros.