El Ejecutivo encarga un estudio de regeneración democrática

El Gobierno dio este lunes el primer paso para intentar cubrir la brecha entre los ciudadanos y los políticos y mejorar así la percepción las instituciones. En concreto, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, empezó por admitir el problema y anunció el encargo de un plan para la “regeneración de la democracia” a un grupo de expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Este organismo, dependiente de La Moncloa y presidido por Benigno Pendás, ya hizo una propuesta y asesoró al Gobierno en la elaboración de la ley de transparencia, cuyo proyecto de ley se tramita aún. En 2008, el entonces ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, le encargó un Plan de Derechos Humanos. Ayer la vicepresidenta habló de elaborar uno nuevo, en el que participarán expertos y que, según fuentes del centro, incluirá el desarrollo de derechos como el de manifestación o medidas de regeneración y lucha contra la corrupción, entre otras. Hasta ahora, el Ejecutivo no había mencionado esta posibilidad en ninguna de las agendas de la legislatura. Sin embargo, ha cambiado el paso, tras constatar en estudios y sondeos la percepción ciudadana de deterioro democrático.

El Centro de Estudios Sociológicos (CIS), dependiente de La Moncloa, hizo público este lunes su barómetro del mes de septiembre, en el que aparece la gestión de los políticos como el tercer problema para uno de cada cuatro españoles. Esta cifra nunca se había alcanzado y coincide con los datos del barómetro de Metroscopia publicado el domingo por EL PAÍS. Según el CIS, el paro es el principal problema para el 79,3% de los españoles, seguido de los problemas económicos para el 49,4%. Tras esos dos problemas vinculados directamente con la crisis económica, el tercero, para el 26,9% de los encuestados, es la clase política y los partidos políticos. Este dato coincide con los incluidos en el sondeo de Metroscopia, que muestran la brecha ciudadana con el sistema democrático, la crítica a la clase política y la petición de reformas constitucionales. La vicepresidenta admitió ayer esta situación y dijo que le “preocupa” la existencia de un “cierto distanciamiento de la política respecto de la sociedad y la realidad”, del que “se habla por muchos”. También añadió que “quizá la mejor reflexión personal que podemos hacer los políticos para servir de verdad a la profesión a la que temporalmente algunos nos dedicamos, es de actitudes y de aptitudes, de asumir esta tarea desde la austeridad y desde la ejemplaridad. Y saber que tenemos que gestionar lo público con el mismo rigor con que hacemos lo privado”.

La número dos del Gobierno explicó que “no es solo cuestión de leyes”, sino de “un cambio de mentalidad de lo público mucho más profundo” a la hora de “tomar ciertas decisiones”. Saénz de Santamaría aseguró que “son necesarias transparencia y responsabilidad. Se habla mucho de la política en general y de los políticos, y coincido en que hay un exceso de política y de políticos”. No obstante, hizo una defensa del sistema democrático, pero dando por hecho que se puede mejorar. “Es perfeccionable, muchísimo, y tendremos que cambiar muchas de las comodidades con las que a veces nos gusta gestionar la política y la democracia, pero también es el único sistema que conozco que es capaz de representarnos a todos, porque coloca por encima de todo la ley”.

Las encuestas del CIS y de EL PAÍS también coinciden en el cuestionamiento del Estado autonómico, cuya reforma se defiende mayoritariamente. En concreto, en el sondeo del CIS, el 24,5% apuesta por un Estado sin autonomías, frente al 21,9% del pasado mes de julio. En la encuesta de Metroscopia, ese porcentaje era del 29% y solo un 26% defendía el mantenimiento del actual Estado de las autonomías. En la del CIS, un 14,5% apuesta porque las comunidades tengan menos autonomía que ahora y solo un 8,9% reivindica que se les reconozca poder convertirse en estados independientes.