El Gobierno choca con el escollo de la Audiencia

El último ha sido el desencuentro con el juez Santiago Pedraz por el archivo de su investigación sobre los promotores del 25-S que el Gobierno planteó poco menos que como un golpe de Estado. El episodio se saldó con los insultos del diputado del PP Rafael Hernando al magistrado (“pijo ácrata”, lo llamó) por justificar la marcha por la “decadencia de la clase política”. Pero los conflictos del Ejecutivo con la Audiencia Nacional se han multiplicado en los últimos meses. Y este tribunal, que durante más de 20 años se ha encargado del terrorismo, aparece a veces como un escollo para el poder.

El pasado julio, el juez Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal, inició una investigación contra el ministro del Interior, Jorge Fernández, por un presunto delito de revelación de secretos al difundir en rueda de prensa datos de la investigación del magistrado sobre el secuestro de Publio Cordón, protegidos por el secreto de sumario.

A principios de septiembre, ese mismo juez abrió la puerta a las decenas de miles de afectados por las participaciones preferentes para querellarse por estafa contra las entidades que se las vendieron con supuestos engaños, situando a esas cajas como responsables civiles subsidiarios de los perjuicios que esas personas hubieran podido sufrir. La decisión también fue mal acogida por el Ejecutivo. El caso, si se iniciara, podría dar lugar a indemnizaciones millonarias que tendrían que afrontar esas cajas. Y la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) ya ha advertido que la suma que se preste para el rescate bancario solicitado por Rajoy no podrá usarse para resarcir a estos damnificados, que tendrán que aceptar sus pérdidas.

Detrás de la visibilidad de estos choques se encuentran varios factores. El primero, la desaparición de ETA, que poco a poco transforma el antiguo tribunal del terrorismo —un fenómeno contra el que jueces y políticos lucharon casi siempre mano a mano— en el de los grandes casos de corrupción (Gürtel o Pretoria, por ejemplo) o de delincuencia económica (Bankia, CAM, Caja Castilla-La Mancha...), con gran trascendencia política que incitan a los partidos a pronunciarse y posicionarse sobre sus resoluciones. La Audiencia Nacional sigue siendo el tribunal de mayor cobertura mediática debido a la importancia de los delitos que investiga.

Pero el conflicto con el Gobierno —o con parte de él— también se produjo en los últimos años en los asuntos que afrontan el final del terrorismo que, hasta el cese de ETA, suponía el grueso de su actividad. En el caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán, que instruye el juez Pablo Ruz, continúan imputados dos cargos de Interior durante el anterior mandato del PSOE. O en la excarcelación del etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, en el que el tribunal falló a favor de las tesis del ministerio del Interior, pero en contra de la Fiscalía, dependiente en última instancia de Justicia.

La alusión de Pedraz a “la decadencia” de los políticos puede ser la espita de los insultos que el juez recibió del PP por el 25-S. Pero detrás del conflicto se encuentra el intento desesperado del Ejecutivo de imputar a ocho promotores y a los 35 detenidos durante la manifestación por un delito contra las Instituciones del Estado, lo que le permitiría presentar el caso como una suerte de sedición. Al archivarlo, Pedraz lo rebajó al de atentado y resistencia. Los típicos delitos que se imputan en cualquier disturbio y de los que se encargan los tribunales ordinarios. No la Audiencia Nacional. No el tribunal del terrorismo.