Los imputados del 25-S, tras el archivo: “Volveremos a rodear el Congreso”

La sensación de alivio les ha durado poco. Con el auto de archivo del juez Pedraz todavía en la mano, dos de las imputadas del 25-S que han declarado hoy, la abogada Doris Benegas y la administrativa Elena Martínez, de 60 y 33 años, han sido retenidas e identificadas por la policía en las inmediaciones de la Audiencia Nacional. Ha ocurrido cuando se marchaban, terminada la concentración en su apoyo a las puertas del tribunal. "¡Más identificada que con esto...!", se quejaba Elena levantando el auto. "Esto confirma la espiral represiva en la que nos encontramos", añadía delante de los agentes. Al margen del incidente, que se ha resuelto a los pocos minutos cuando les han dejado marchar, los imputados y simpatizantes del 25-S han reconocido que el carpetazo del juez al proceso abierto contra varios de ellos por un presunto delito contra las Instituciones del Estado les ha dado fuerzas para seguir con las movilizaciones. Y su intención es clara: "Volveremos a rodear el Congreso".

El juez le ha quitado la razón a todos los que decían que éramos unos golpistas peligrosos

"El juez le ha quitado la razón a todos los que decían que éramos unos golpistas peligrosos", ha asegurado a la salida Rafael Tejero, de 57 años, profesor de filosofía granadino que hoy también ha declarado ante el juez. "Ha primado la sensatez, tenemos tantas razones para decir lo que estamos diciendo...", añadía con lágrimas en los ojos Doris Benegas. Los activistas han explicado que solo han tenido que responder a una pregunta ante el juez: si su intención era alterar el funcionamiento del Congreso. Todos han contestado que no. Elena Martínez ha argumentado además ante Santiago Pedraz que no entendía el delito que se le imputaba: "Le he dicho que yo solo participé en una asamblea en El Retiro en la que organizamos una manifestación para cambiar el sistema, y que no sabía por qué eso era un delito contra las instituciones". "Lo único de lo que somos culpables es de pretender un cambio social".

Fuera de la Audiencia, varias decenas de simpatizantes se han concentrado para dar su apoyo a los imputados, custodiados por otro tanto de agentes de policía. La policía no les ha permitido hacerlo a las puertas del tribunal, y les ha cortado el paso en el Paseo de Recoletos. Muchos portaban carteles autoinculpatorios —"Yo también organicé el 25-S", decían— y han esperado la decisión del juez coreando cánticos de Le llaman democracia y no lo es y pidiendo la dimisión de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Entre los concentrados había también heridos en las cargas policiales de las manifestaciones, como David R., periodista de 35 años ahora de baja por incapacidad con varias magulladuras aún visibles en su cuerpo. "Seguiré manifestándome, pero me tiemblan las piernas", reconocía mientras enseñaba la denuncia que ha presentado contra agentes "sin identificar" por un delito de lesiones.

Ernesto Charabia, prejubilado de 60 años, alzaba una pancarta simulando una medalla sobre la que había escrito: "Medalla al valor de la ciudadanía". "Es que para enfrentarse a estos pseudodemócratas hay que tener valor y principios". En el 76 y en el 77 fue detenido por distribuir propaganda ilegal. "El Tribunal de Orden Público se ha convertido en la Audiencia Nacional", defendía antes de conocer la decisión del Pedraz. "Estamos en un Estado de excepción, igual que el que teníamos antes". ¿No advierte ningún cambio, ninguna diferencia? "Sí, que lo han maquillado", contestaba.

Los manifestantes han recibido con gritos de "¡sí se puede!" y un sonoro aplauso el archivo de la causa, que han conocido por Luis Miguel, trabajador social de 48 años de Valladolid, que lo ha anunciado megáfono en mano. Tras la decisión judicial, volverán a manifestarse. Este próximo domingo la coordinadora del 25-S celebrará una nueva asamblea en El Retiro para planificar las nuevas acciones. "Barajamos una nueva fecha para volver a rodear el Congreso: el día en que se voten los Presupuestos".