El imputado que defendió a la policía

Rafael Tejero (57 años), un profesor de filosofía granadino, es uno de los ocho imputados que hoy están llamados a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz por un delito contra las instituciones del Estado por su participación en el 25-S. Hijo de minero (“soy de una familia muy pobre”) es catedrático de filosofía del instituto público Padre Suárez de Granada. Tejero, que siendo universitario militó en el Partido del Trabajo, es un activo miembro de la asamblea 15-M de Granada desde sus inicios y de las Asambleas Ciudadanas Constituyentes, que promulgan “la necesidad de iniciar un proceso constituyente”.

A pesar de vivir en Granada, este profesor ha viajado muchos fines de semana a Madrid en el último mes y medio para participar en las reuniones de la Coordinadora 25-S, idea que le interesó desde que se enteró de su existencia. En una de esas reuniones celebradas en el madrileño parque de El Retiro, Tejero resultó identificado y días más tarde recibió la citación judicial para declarar hoy. El martes 25-S, durante la manifestación que llamaba a Rodear el Congreso, Tejero se esforzó por controlar a los manifestantes —que increpaban y lanzaban objetos a los agentes tras las primeras cargas—, como muestra un vídeo de La Tuerka (de Tele K, la televisión de Vallecas) que acumula 86.000 visionados. Tejero es la persona con barba, chaqueta vaquera y una bolsa de plástico, que a partir del minuto 0.43 se interpone entre policías y manifestantes.

“Yo estaba preocupado, en la Coordinadora teníamos muy claro que no podía haber altercados ni violencia. Yo defiendo a la poli, aunque les critico porque no persiguen a los verdaderos ladrones…”, empieza Tejero. “Cuando se produce la provocación, me esforcé todo lo que pude por evitar la violencia. Fue una cuestión política y también ética. Mi objetivo era que la protesta fuera pacífica, que saliera bien para que a la próxima manifestación acuda más gente. Porque la gente tiene miedo”.

Respecto a su imputación, Tejero es optimista: “Creemos que es un trámite. Estábamos ejerciendo nuestros derechos fundamentales y lo más seguro es que se archive”.