“Advertí del peligro”

El subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha manifestado este martes que "no se puede dar una licencia de construcción cuando las condiciones que tiene el suelo no son las adecuadas para ese tipo de uso", en referencia expresa a la urbanización veratense Pueblo Laguna, fuertemente afectada por el temporal y que constituye "una zona topográficamente deprimida, inundable por las características que tiene".

"Advertí del peligro", ha dicho en rueda de prensa García Lorca, quien también ostenta la Cátedra de Análisis Geográfico y Regional por la Universidad de Almería y ha realizado diversas conferencias y estudios al respecto. "Siempre he dicho que un PGOU en una zona declarada por la autoridad competente inundable no tiene sentido", ha subrayado el subdelegado, quien ha recordado que las competencias en la materia son de las comunidades autónomas.

Así, ha recalcado la importancia de los planeamientos urbanísticos para establecer cuáles son las bases y limitaciones que tiene el territorio y qué capacidad de acogida tiene para cada uso. No obstante, en las zonas afectadas por las lluvias torrenciales, que han afectado a un gran número de viviendas, el subdelegado ha explicado que se pueden aplicar "medidas correctoras, algunas bastante duras" que habrá que "estudiar y plantearse".

El subdelegado espera que "impere la razón" ante la existencia de "otros intentos" de hacer un "centro turístico importante" en el llano central de Vera (Almería) puesto que "también está en zona endorreica" (zona de afluencia de aguas sin desagüe al mar), y que a partir de ahora se empiece a "conciliar la tecnología y la información espacial con las decisiones administrativas en política".

En cuanto a la declaración de zona catastrófica que solicitarán los alcaldes de seis municipios del Levante almeriense que han sufrido inundaciones, el subdelegado ha explicado que aunque administrativamente "a lo mejor no es necesario", sí es "correctísimo" hacerlo en un contexto político, puesto que servirá para "concienciar a la sociedad en general sobre la situación" y "dar consuelo a los afectados".

No obstante, ha precisado que, en conversaciones con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha determinado que se guiará el proceso de ayudas a los afectados por el Real Decreto 307/2005, que se readapta en el reciente Real Decreto 25/2012, en el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia y naturaleza catastrófica.

El subdelegado ha abogado por seguir este procedimiento de "carácter selectivo" en la concesión de ayudas a los afectados en función de su renta y vivienda. "No podemos cargar el coste social de la restauración de viviendas a personas que tienen capacidad económica, porque entonces estamos detrayendo recursos y esto no sería de justicia social".