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El convocante del 25-S: “El silencio es mi estrategia, la mejor forma de defenderme”

La Delegación del Gobierno ha anunciado que le pediría responsabilidades

El mismo día de la protesta intentó a través de un escrito eximirse de las posibles consecuencias

Concentración de ayer en las inmediaciones del Congreso en Madrid, ante al cordón policial para impedir el acceso a la Cámara baja.
Concentración de ayer en las inmediaciones del Congreso en Madrid, ante al cordón policial para impedir el acceso a la Cámara baja. EFE

Rafael-Óscar González Regueira decidió la semana pasada informar a la Delegación del Gobierno en Madrid de la protesta llevada a cabo el pasado martes, 25-S. Rodea el Congreso. La delegada, Cristina Cifuentes, anunció ayer que sería sancionado y que se le pedirían “responsabilidades económicas” por los daños causados durante los altercados. González no quiere pronunciarse sobre lo sucedido. "Mi estrategia es el silencio, es la mejor forma de defenderme ahora mismo", dice escuetamente.

La historia no es nueva. El pasado mes de mayo otro ciudadano, Roberto Monjo decidió —en contraposición con la decisión de muchos indignados de no comunicar por las vías oficiales de sus intenciones de manifestarse— informar a las instituciones de la manifestación convocada para celebrar el primer aniversario del 15-M. La diferencia es que entonces la marcha discurrió sin incidentes. Y esta vez no.

Al igual que Monjo, González participa en la asamblea virtual, un foro online de indignados, de donde partió de nuevo la propuesta de informar a Delegación de la manifestación para evitar daños mayores. "Necesitábamos un voluntario por la causa por intentar agotar las vías legales, y él se presentó", comenta Monjo. La buena intención se ha vuelto sin embargo en su contra.

El mismo día 25 por la mañana, viendo la difusión que adquiría el permiso por él solicitado (que fue difundido por la Coordinadora 25-S, que siempre se desentendió de su solicitud), González mandó un escrito a la Delegación de Gobierno intentando eximirse de responsabilidades y solicitando que se le releve de todo "deber de mantenimiento del orden y de seguridad" para ese día.

Según sus explicaciones, no podía asumir toda la responsabilidad de una convocatoria a la que había convocado a sus "amigos" y cuya difusión —"ajena" a su voluntad— ha terminado "atrayendo a una multitud que excede con mucho" sus posibilidades, siendo imposible "que con los medios con los que contamos podamos controlar a la multitud". Cuando habla en plural, González se refiere a la asamblea virtual, en la que hay suscritas 2.000 personas, aunque son muchas menos las que participan activamente.

Desde la Delegación de Gobierno le respondieron ese mismo día recordándole que, "en base a los artículos 4 y 9 de la Ley Orgánica 9/83, reguladora del Derecho de Reunión", pueden pedirle responsabilidades. "Subsidiariamente, las personas (...) organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos", dice en concreto la norma.

La delegada Cristina Cifuentes ha adelantado su intención de iniciar un expediente sancionador contra él pidiéndole responsabilidades económicas por los destrozos y los gastos originados.

Fe de errores

Una primera versión de este texto recogía que Ana Botella, alcaldesa de Madrid, estima en 1.876.000 euros el coste de limpieza de la manifestación del 25-S. En realidad, esta cantidad se refiere al gasto en limpieza de las manifestaciones sucedidas de enero a septiembre.

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