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LAS PROTESTAS DEL 25-S

El Gobierno califica la actuación policial el 25-S de brillante y ejemplar

Interior quiere llevar la causa con los 35 detenidos a la Audiencia Nacional

El día después del 25-S fue difícil. Había que poner orden en unos acontecimientos que durante la jornada anterior fueron complicados de analizar en todos sus ángulos. Los centenares de imágenes de los altercados ocurridos durante la manifestación convocada en Madrid bajo el lema Rodea el Congreso, junto a la información suministrada por el Gobierno y los ciudadanos afectados, ofrecían más elementos para responder a las preguntas básicas: ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó todo? ¿Fue proporcional la actuación de la policía en todos los casos? ¿Qué delitos han cometido los arrestados? ¿Alguien trató de asaltar el Congreso?

Que un grupo de violentos se infiltró en la manifestación nadie lo duda. Las grabaciones muestran a individuos encapuchados tratando de derribar la valla que impedía el acceso a la plaza de las Cortes, a otros que lanzaban todo tipo de objetos —botellas, “cientos de kilos” de piedras, palos, señales y adoquines, según el director de la Policía, Ignacio Cosidó, que compareció ayer en la Comisión de Interior del Congreso— y a otros que pegaban patadas a los agentes. Todos parecen estar de acuerdo en que se trataba un grupo muy minoritario —de radicales y antisistema, dijo el Gobierno, que aseguró que uno de ellos tiene antecedentes por homicidio doloso—, frente a miles de manifestantes pacíficos.

A partir de aquí, hubo pocas coincidencias. Las respuestas a la cuestión sobre si la policía actuó en todo momento de manera proporcionada, fueron muy diversas entre los partidos. El Gobierno, a través de Cosidó, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no escatimaron elogios hacia la intervención. Cosidó dijo que no era exagerado afirmar que los policías habían “defendido la democracia” y habló de una actuación “congruente y proporcionada”. El ministro aseguró que se había reaccionado “extraordinariamente bien”. Y el portavoz popular en la Comisión del Interior, Conrado Escobar, llegó a hablar de acción “brillante” y “ejemplar”.

Mientras tanto, los socialistas planteaban dudas. Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que el Ministerio del Interior “siempre debe pedir a la policía que evite determinadas cosas” y el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, opinó que las cargas habían sido “claramente excesivas”. Izquierda Plural, por su parte, planteo críticas que fueron calificadas de “profundamente injustas” por el director de la Policía.

Las imágenes de lo sucedido el martes suscitaron en las redes sociales y en numerosos colectivos múltiples objeciones sobre actuaciones concretas de la policía. Ricardo Sixto, portavoz de Interior de Izquierda Plural en el Congreso, las puso sobre la mesa y pidió a Cosidó que “reconociera” los “claroscuros”, con “oscuros muy concretos” de la intervención policial. El director de la Policía defendió sin fisuras a los agentes y dijo que la fuerza que estos emplean “para defender los derechos de todos”, incluidos los otros manifestantes, no es comparable a la acción de los violentos.

Pero Cosidó no respondió, ni en la comisión ni después ante los periodistas, a algunas preguntas formuladas por Sixto: ¿Por qué se actuó en la estación de Atocha, tan alejada ya del Congreso? ¿Por qué tantos manifestantes se quejan de haber recibido golpes sin haber ejercido violencia alguna? ¿Van a empezar a ir identificados los agentes antidisturbios o no? Los tres miembros del Ejecutivo que hablaron del tema, Cifuentes, Cosidó y el ministro Fernández, optaron por no descender a los detalles y hablar, en general, de la necesidad de proteger el Congreso frente a los violentos.

El ministro calificó la convocatoria de ilegal. Esta, sin embargo, había sido autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid junto al resto de las concentraciones que se llevaron a cabo en Madrid. Los manifestantes no acudieron a una reunión irregular o espontánea, sino que se produjeron altercados en una manifestación para la que se había recabado el permiso correspondiente.

Los argumentos del Gobierno sobre este punto, y su afirmación de que los detenidos, o algunos de ellos, habían tratado de asaltar el Congreso, lleva a la última de las cuestiones: el delito cometido por los 35 arrestados. Algunos de sus abogados aseguraban ayer que, tras sus declaraciones en comisaría solo se les imputaba desórdenes públicos o atentado, un delito que corresponde investigar a los juzgados de Instrucción de Madrid (Plaza de Castilla). Pero fuentes policiales aseguraban a última hora que todos iban a ser conducidos a la Audiencia Nacional para que presten declaración en el tribunal, donde hay ya una causa abierta contra los ocho organizadores de Rodea el Congreso.

Fuentes del Gobierno consideran que los arrestados deben ser puestos a disposición de la Audiencia para que luego esta decida el tipo de delito y si es competente. Sin embargo, fuentes de ese tribunal aseguraron que, en este caso, con la marcha autorizada, es difícil apreciar esa infracción. Si el caso llega a la Audiencia corresponderá al juez Santiago Pedraz. A última hora de ayer, Interior no se había puesto en contacto con el tribunal para comunicarle si los pondría a su disposición.

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