Las aportaciones vascas y navarras son inferiores por la fórmula del concierto

El Concierto Económico, similar al que aspira Artur Mas para Cataluña con su pacto fiscal, regula las relaciones tributarias y financieras entre el Gobierno central y los tres territorios de la comunidad autónoma vasca. La recuperación de este sistema en 1981 supone básicamente que las instituciones forales —no el Gobierno vasco ni el Parlamento— tienen potestades normativas y recaudatorias en materia fiscal. Las haciendas vascas, una por cada provincia, recaudan la mayor parte de los impuestos y el País Vasco contribuye luego al sostén de las cargas generales del Estado a través del denominado Cupo: una cantidad que resulta de aplicar el porcentaje del 6,24% al gasto total del Estado en competencias o servicios no transferidos. Para el presente año ronda los 500 millones.

El sistema genera tensiones tanto entre las administraciones central y vasca, como internas, entre el Gobierno vasco y las diputaciones. Las dos primeras tienen ahora mismo en litigio 511 millones y se descuentan dinero mutuamente, casi cada mes, de donde cada una puede: la vasca retiene Cupo, la central se queda los ajustes por IVA. En el ámbito doméstico, el Gobierno de Patxi López no ha podido hacer, por ejemplo, las reformas fiscales que creía precisas para afrontar la crisis, por el bloqueo de las Diputaciones.

Las competencias normativas residen en las Juntas Generales, una especie de Parlamentos provinciales u órganos de control de las Diputaciones. Estas últimas son el poder ejecutivo y las funciones recaudatorias corresponden a los departamentos forales de Hacienda de cada Diputación. Es decir, los vascos no pagan sus impuestos al Gobierno autónomo, sino cada uno a su Diputación. Así, no es que el País Vasco pueda tener en su conjunto deducciones, impuestos, tipos y presión fiscal diferentes a los establecidos por la Agencia Tributaria para el resto de España sometido al régimen común —el impuesto de sociedades, por ejemplo, es más bajo— sino que cada provincia puede obrar de modo distinto a su vecina. Y lo hacen. Estas diferencias internas vienen siendo un caballo de batalla constante del Gobierno de López, que quiere una fiscalidad homogénea para todo el territorio vasco y la capacidad normativa residenciada en el Parlamento. En Navarra, la figura jurídica se denomina Convenio Económico y el Cupo se llama Aportación. El índice de imputación en Navarra es el 1,6%, cifra en la que está establecida la proporción de generación de renta de Navarra sobre la del total de España.