Rajoy busca una salida dialogada para evitar el enfrentamiento con Mas
El presidente da por hecha la complicidad de Rubalcaba y quiere que el responsable de la Generalitat oiga el rechazo de todas las comunidades en la Conferencia de Presidentes
Mariano Rajoy quiere evitar en lo posible la confrontación con Artur Mas y, por extensión, con Cataluña. La preocupación es evidente en La Moncloa, pero la idea del presidente del Gobierno es buscar salidas políticas que aborten el órdago de la Generalitat. Ayer mismo, Rajoy hizo en Galicia un discurso de mano tendida a Mas, sintetizado en la idea que se intenta transmitir desde el entorno del presidente para definir su actuación en los próximos días: “Que por mí no quede”.
Hay movimientos políticos del Gobierno en la superficie y otros subterráneos, encaminados todos a que Mas se sienta acorralado y no tenga más remedio que optar por la salida de la negociación de un sistema de financiación que permita a Cataluña sobrevivir a la asfixia financiera que, según el Ejecutivo, está en el origen de su actuación. Entre los primeros está la Conferencia de Presidentes prevista para el 2 de octubre en el Senado. Entre los movimientos más discretos están las intensas gestiones con empresarios y líderes sociales catalanes, para hacerles ver el callejón sin salida al que conduce la propuesta de Mas y las consecuencias negativas que esta tiene para todos.
Primero para que vean que unas elecciones con forma de plebiscito serían muy negativas, y segundo para que sean conscientes de que, en todo caso, debe pensar en el día después de los comicios, que puede ser imposible de gestionar. Por eso, el Gobierno cita estos días las palabras del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, asegurando que es imposible la independencia, así como la mesura del líder del PNV, Iñigo Urkullu, al no seguir la senda de CiU aunque hable de reformar el Estatuto de Gernika.
El Gobierno pretende aprovechar el miedo de los empresarios catalanes
Para la Conferencia de Presidentes, Rajoy pretende situar a Mas no solo ante el Gobierno central, sino también ante el resto de comunidades, las del PP y las del PSOE. Quiere que escuche a todos sus homólogos rechazar un modelo de financiación distinto para Cataluña y que, por el contrario, sí se pueda estudiar un nuevo sistema global, tal y como exige el resto de comunidades. La imagen de esa cumbre, según la pretensión del Gobierno, no será en todo caso la de Mas contra Rajoy, sino la de Mas contra el resto de líderes autonómicos, sin excepción.
De hecho, el presidente está estos días parapetado tras el apoyo del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Ambos han hablado antes y después de la reunión con Mas y están de acuerdo en rechazar el pacto fiscal, en frenar al presidente catalán y en buscar fórmulas para salir del embrollo. Mantienen discrepancias sobre hasta dónde se puede llegar para desencallar el asunto, y el propio líder socialista quiere que Rajoy le deje margen de discrepancia para poder embridar al PSC. Al PSOE le aprieta el sector catalanista del PSC y la dirección de ese partido que desea marcar su propia estrategia sin que se les perciba que van de la mano del PP. En todo caso, Rajoy da por hecho el apoyo de Rubalcaba en las gestiones subterráneas para frenar a Mas.
El jefe del Gobierno, que durante los últimos años buscó cultivar las relaciones con medios empresariales y de comunicación de Cataluña, intenta estos días aunar voluntades a su favor, con la idea de que el proyecto de Mas no lleva a ninguna parte o, en el peor de los casos, al caos.
Si Rubalcaba tiene la presión del PSC, Rajoy tiene la de un sector de su partido mucho más radical y con influencia mediática. En los días previos tuvo presiones de los suyos para no recibir a Mas si no retiraba el chantaje, a la vez que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, le ha pedido sin éxito que ponga distancia con CiU en Barcelona y en Madrid. Pero Rajoy no ha abandonado ni abandonará el tono conciliador. La consigna en el PP es evitar en público el enfrentamiento y, desde luego, no mencionar posibilidades extremas como el uso del artículo de la Constitución que permite suspender la autonomía.
Ayer, en Galicia, el jefe del Ejecutivo habló de la necesidad de un “trabajo conjunto” con las autonomías. Mostró su disposición a “hablar, dialogar y escuchar, porque las cosas no son blancas o negras, hay otros tonos”. Sin mencionarlo, lanzó un mensaje a Mas: “Estoy a disposición de quien quiera hacerlo [hablar y dialogar] porque es posible crear puntos de encuentro y por mí no va a faltar”.
Su estrategia pasa también por forzar al presidente de la Generalitat a presentar su propuesta en el Congreso, como hizo en su día el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe con su plan. La salida sería una votación en la que estaría asegurado el no con los votos de PP, PSOE y UPyD.
El Gobierno quiere utilizar también que el empresariado catalán vive entre el miedo y la preocupación. Los empresarios más significados habían presionado a ambos para que abrieran vías de diálogo en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta la abrumadora manifestación independentista del pasado 11 de septiembre. Tras el encuentro de Moncloa se volvieron a repetir las llamadas, al menos a Mas, para que quitara presión a una nueva situación que más de uno considera ya “un callejón sin salida y sin hoja de ruta”. “Se tiene que reconducir con prudencia y sentido común”, reclama uno de los empresarios consultados. “Quizás nos olvidamos de transmitir una cosa a Mas: que pese a tener la negativa al pacto fiscal no diera por cerrado el diálogo”, señalaba ayer el primer ejecutivo de una importante multinacional de servicios con base en Barcelona. Reconocidos empresarios que no reniegan de su potencial perfil independentista, admiten que este proceso se está escapando de una senda lógica. Y piden calma. “La incertidumbre se lleva mal con el dinero y el mundo de los negocios; y eso es lo que hay ahora”, señala otro ejecutivo.
La Cataluña empresarial se ha situado sin ambages a la estela del discurso del presidente de la CEOE, Joan Rosell. Aunque forzado por la presión de las patronales andaluza y madrileña, los empresarios consideran que esas taimadas palabras del viernes expresan a la perfección sus necesidades y reivindicaciones: la autonomía catalana necesita mejorar la financiación pero sin el planteamiento de máximos en el que se ha convertido el pacto fiscal y sin descartar la modificación de la Constitución. El escenario de elecciones anticipadas no deja tranquila a la élite empresarial. No creen que haya tiempo para desinflar el soufflé de las últimas semanas, porque dan por descontado que entre los ejes de los programas de los partidos figurará el debate sobre el derecho de autodeterminación, que a su vez consumirá los titulares de la campaña.
El jefe del Ejecutivo busca salidas políticas y evita la confrontación
Un veterano empresario, con evidentes muestras de enfado, recuerda el clima de tensión que se generó durante la reforma del estatuto, aprobado en 2006. Los desencuentros fueron continuos y toda acción acabó politizada, como la opa de Gas Natural sobre Endesa, que llegó a entenderse como un ataque desde Cataluña.
Todos esos protagonistas estarán muy atentos al acto que Foment del Treball ha convocado el próximo 18 de octubre en el Palau Blaugrana. Ideado antes de la celebración de la Diada y como un acto reivindicativo de la empresa, ayer un joven ejecutivo señalaba que se puede convertir en “una bomba de relojería” si se mantiene como un acto abierto a todo el empresariado y acaba copado por pequeños empresarios con banderas esteladas.
Mientras, CiU está detallando su ruta a seguir con vistas a las probables elecciones anticipadas que, según todas las previsiones, se celebrarán en noviembre. De hecho, CiU ha reservado el Palau Sant Jordi para diez fechas, incluida el 23 de noviembre, informó ayer El Periódico de Catalunya, lo que da idea de que las elecciones podrían ser el 25-N. Todo apunta a que la federación nacionalista no incluirá la palabra ruptura o independencia en su programa y que se decantaría por recoger el término “instrumentos de Estado”. Ese equilibrio contentaría seguramente a Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió, que nunca ha sido soberanista y siempre se ha declarado partidario de la confederación. El democristiano ya defendió “un paso adelante” tras el portazo de Rajoy al pacto fiscal del que era un entusiasta.
Mas despejará los interrogantes en el debate de política general que comenzará el próximo martes en el Parlament. Y queda la gran duda: si se inclinará al final por consagrar la próxima legislatura a la convocatoria de un referéndum secesionista al estilo del que se celebrará en 2014 en Escocia. Precisamente, Iniciativa per Catalunya apostó ayer por el derecho a decidir con vistas a un Estado propio. Su idea es convocar un referéndum con tres vías: Estado federal; confederal o un Estado independiente en la UE.
Con información de Fernando Garea, Carlos E. Cué, Angels Piñol, Dani Cordero y Pablo Taboada.
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