Un heredero todopoderoso bajo sospecha

En la accidentada carrera por la sucesión, siempre empujó para caer de pie. Ignacio González González (Madrid, 1960) se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma, ganó una plaza por oposición en el Ayuntamiento de Madrid como técnico superior a los 24 años y casi desde entonces se dedica en exclusiva a Esperanza Aguirre, su “jefa” de siempre.

Lleva González media vida a la sombra de la líder del PP y en este tiempo ha conseguido ser la mano derecha y la izquierda de la presidenta; el rostro antipático del poder madrileño frente a la dirección nacional del partido y el tentetieso al que sacudían desde Génova 13 para desprestigiar a Aguirre. Nunca lograron derribarle del todo porque su contrapeso era Esperanza. Ahora le toca volar solo.

Tras los múltiples servicios prestados, Aguirre lega su puesto a González por casi tres años (hasta mayo de 2015, fecha de las próximas elecciones autonómicas), un regalo político mayúsculo para curar pasadas decepciones y pagar algunas deudas pendientes.

González se sabe el trabajo de memoria, lleva ejerciéndolo desde noviembre de 2003, cuando Aguirre ganó a la segunda intentona la presidencia autonómica. “En el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se mueve un papel ni se aprueba un gasto importante sin permiso de Ignacio González. En el partido, quita y pone alcaldes, decide listas y mueve a su antojo a los ejecutivos. Siempre ha sido así, hasta cuando no era secretario general del PP”, coinciden cargos y ex altos cargos autonómicos.

Su control es tan estricto que llegó a imponer un sistema de comunicaciones casi clandestinas entre los consejeros a través de teléfonos prepago que caducaban a los 15 días, según algunos usuarios del peculiar procedimiento. Vive González obsesionado por saber quién encargó a una agencia de detectives que le siguiera durante un viaje que hizo a Cartagena de Indias (Colombia) y arremete con demandas judiciales contra cualquier periodista que difunda informaciones donde se ponga en duda su honorabilidad. Antes creía que un constructor despechado pudo pagar a los detectives, ahora sospecha que los espías andaban muy cerca de su despacho.

En el juego de las amenazas, cuenta un exconsejero, Ignacio González es un “tahúr casi invencible”. Cuando desde la dirección nacional del PP, a través de su extesorero Álvaro Lapuerta, insinuaron prácticas de espionaje por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre y se abrieron investigaciones internas para depurar responsabilidades, González respondió con una jugada cargada de riesgos, según explicaron a este periódico dirigentes del PP conocedores de la maniobra. González difundió informaciones que implicaban a dirigentes nacionales del PP en supuestas presiones para que la Comunidad de Madrid adjudicase varios contratos a empresas que simpatizaban con el PP o eran propiedad de cargos del partido. En Génova entendieron el mensaje, cerraron la investigación interna y olvidaron el caso. González ganó esa partida.

En aquel caso del espionaje político a Manuel Cobo y Alfredo Prada, adversarios de Aguirre dentro del PP, cargos del Gobierno regional apuntaron a González como autor intelectual del ilegal enredo, pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid y ejecutado, según las pruebas periciales que obran en el sumario, por asesores de la consejería de Interior que cobraban sueldos muy elevados.

Pero el defenestrado fue Francisco Granados, que fichó a los tres ex guardias civiles que supuestamente espiaron. En solo unos meses, Granados dejó de ser consejero de Interior y secretario general del PP para diluirse, como otros, en el anonimato de un escaño en el Senado.

En el campo de batalla de las conspiraciones internas y de las luchas domésticas por el poder, Ignacio González es el más temido, el más odiado y el más poderoso de cuantos han revoloteado alrededor de Aguirre. Nadie ha tenido tanta confianza con la presidenta ni influencia sobre las decisiones que tomaba.

Sin preparación financiera suficiente para dirigir un banco, González aspiró en 2010 a la presidencia de Caja Madrid, trabó pactos con otras fuerzas políticas para tumbar a Miguel Blesa y asegurarse su elección para un puesto que le iba a permitir multiplicar su sueldo por 25.

Aguirre, partidaria acérrima en teoría de la “despolitización de las cajas”, apoyó con entusiasmo aquella operación política para poner a su leal escudero al frente de la cuarta entidad financiera del país, pero a última hora se rindió a Rodrigo Rato, el favorito de Rajoy, para evitar una crisis mayor en su partido.

Ignacio González se quedó compuesto, desganado y sin el goloso cargo al que aspiraba y para el que trabajó. En aquel momento, el sólido matrimonio político que formaba con la presidenta se descosió sin llegar a romperse.

Dos años antes, González se había partido la cara por Aguirre mirando a los ojos de Rajoy. En pleno proceso precongresual, tras la dolorosa derrota del PP en 2008, Ignacio González acudió a la Ejecutiva con su discurso escrito: “No debemos caer en el oportunismo cortoplacista y acomplejado, o en pensar que hay que parecernos a nuestros adversarios, ser su segunda marca en los planteamientos ideológicos o tener complejos de falsa progresía”. Desde entonces, el todopoderoso vicepresidente de la Comunidad de Madrid se convirtió en un apestado en la séptima planta de Génova 13. Rajoy lo sacó de la Ejecutiva tras ganar el Congreso de Valencia, en la primavera de 2008, y no le devolvió el puesto hasta febrero pasado, cuando ya era inocuo para su inmenso poder.

González será más que probablemente dentro de dos semanas el cuarto presidente de la Comunidad de Madrid, el único que llega al puesto sin ganar unas elecciones. Será un presidente bajo sospecha y pendiente de los juzgados. En uno de ellos se dilucida quién le espió y por qué; en otro se investiga quién ordenó espiar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a adversarios de Aguirre dentro del PP; en otro se decide si hay condena para el periodista que difundió el vídeo que demostraba el espionaje del que fue víctima.

El ático de lujo del que disfruta los fines de semana en Marbella (Málaga) también sigue bajo sospecha. Está a nombre de una empresa especializada en ocultar la identidad de sus verdaderos dueños para facilitar fraudes fiscales y González paga a esa firma sospechosa 2.000 euros al mes desde hace cuatro años. La investigación del sospechoso ático acabó con dos cargos policiales destituidos (uno de ellos un comisario general). Los contrapesos de González siguen siendo poderosos.