La juez imputa a tres agentes de Aguirre por el espionaje político

El espionaje a políticos del PP, ejecutado supuestamente por agentes de la Comunidad de Madrid, se ha cobrado sus primeros imputados. El Gobierno de Esperanza Aguirre enterró la investigación en el Parlamento regional porque aseguraba que el espionaje no existió. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la capital, Carmen Valcarce, ha citado a declarar el día 30, en calidad de imputados, a tres ex guardias civiles que fueron fichados como asesores por el consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados: José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

La juez investiga el seguimiento al que fueron sometidos entre marzo y mayo de 2008 el entonces consejero de Justicia del Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada, y el vicealcalde del Ayuntamiento madrileño, Manuel Cobo. Eran las vísperas del congreso del PP y ambos se mostraban afines a Mariano Rajoy.

La juez ha citado a declarar el día 30 a los tres agentes de la Comunidad

La investigación judicial afecta a otros cinco asesores y funcionarios

Fuentes relacionadas con la investigación vinculan su citación con un primer informe remitido por Telefónica sobre los lugares donde ocho agentes de seguridad de la Comunidad hicieron llamadas entre marzo y mayo de 2008. Los tres ex guardias civiles citados a declarar también colaboraron con el ex policía Marcos Peña, asesor de Granados, para realizar sus informes sobre presuntos casos de corrupción vinculados a ayuntamientos socialistas.

Los tres son personas de la total confianza del consejero Granados. Los fichó personalmente en 2007 como asesores por su amistad de su etapa de alcalde en Valdemoro, base de la que provenían los tres. En privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios de seguridad que pululaban en su consejería, Granados sólo ponía la mano en el fuego por ellos. Sus teléfonos móviles estaban incluidos en la relación que envió la juez a Telefónica el pasado 6 de mayo para que ubicara su posicionamiento en los meses del espionaje a Prada y Cobo. La petición se ampliaba a otros cinco agentes más de la Comunidad.

Ya existe un primer informe de Telefónica, que la juez requirió ampliar. Y en este contexto se ha producido una citación que los abogados del caso esperaban para septiembre como muy pronto.

Maru Menéndez, portavoz socialista en la asamblea madrileña, suma como elemento de sospecha la reciente remodelación de funciones en la Consejería de Interior, que dejó sin tareas de contravigilancia y avanzadas precisamente a los agentes sospechosos del espionaje. Olfatea que con tal medida Granados pretendía soltar lastre al sentir estrecharse el cerco judicial sobre los presuntos autores del espionaje. Menéndez pide a Aguirre que aplique la política de ceses internos, léase Granados, que demanda a Rajoy por el caso Gürtel.

Granados, significativamente, se curaba en salud días atrás diciendo que no tendría la menor trascendencia si los posicionamientos telefónicos demostraran que algún agente suyo coincidió en algún punto en los días de espionaje con Prada o Cobo. Y anticipaba una posible coartada: admitía que sus agentes habían realizado avanzadas (reconocimientos de lugares donde acuden altos cargos) y contravigilancias (detección de riesgos en el personal escoltado), incluso domiciliarias. Y, según la Consejería de Interior, esa labor de protección podría haber alcanzado a Prada. Pero sin precisar nunca cuándo ni dónde se le había contravigilado o se le había aplicado una avanzada al entonces consejero de Justicia. "No hay ningún informe donde se detalle a quién se contravigila ni cuándo", alegaban portavoces de Granados.

La Consejería de Interior intentaba involucrar a Prada: "Cuando Prada era consejero de Interior también ordenaba realizar avanzadas y contravigilancias". Pero Prada lo niega, y también los sindicatos de agentes: "Esas prácticas las instauró Sergio Gamón como director de seguridad cuando Granados asumió Interior". Granados ha venido a dar la razón a la oposición y a los sindicatos cuando tachaban de ilegales tales avanzadas y contravigilancias -la protección de los altos cargos corresponde sólo al Ministerio del Interior- al anunciar que serán los futuros 80 policías nacionales que se integren en su departamento quienes realicen estas tareas, que hasta ahora copaban una decena escasa de sus agentes: los tres ex guardias civiles, los tres ex policías procedentes de la seguridad de La Moncloa y los funcionarios históricos José Manuel Pinto y José Palomo.

Toda la labor de esta guardia pretoriana que investiga la juez era legal, según Granados. Pero, desde que este diario destapó el espionaje por agentes de Aguirre, el grupo quedó desocupado, sin perder sus sueldos, la mayoría muy altos. Pinto y Palomo incluso enfermaron. Llevan meses de baja. Las supermotos Honda que compró Granados "para reparto de correo interno" dejaron de usarse. Tanta autolimpieza no ha bastado. La juez busca bajo las alfombras del aparato de seguridad de Aguirre porque sospecha que se malversó dinero público al financiar tareas de espionaje.