Parapetados tras las vallas

El pasado 25 de junio, la Mesa del Congreso recibió una petición por escrito de este periódico para conocer la relación de diputados que han realizado viajes oficiales a cuenta de la Cámara en los últimos meses. Inicialmente, hubo respuesta positiva del órgano de gobierno de la Cámara, pero esta semana, tres meses después, los servicios del Congreso comunicaron oficialmente que la Secretaría General ha decidido que no se puede facilitar esa información y que, en todo caso, hay que esperar a que en unos meses esté en vigor la Ley de Transparencia que ha empezado su tramitación.

La realización de esos viajes se autoriza en la Mesa y, a veces provoca tensiones entre quienes lo solicitan, especialmente cuando se trata de destinos apetecibles, por ejemplo Laos, China o Marruecos, que se deciden en estas semanas. No hay criterios objetivos, ni transparencia sobre los viajes y apenas trascienden detalles como que Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU, que se manifestó el martes por la independencia de Cataluña, tiene pasaporte diplomático del Reino de España para facilitar sus frecuentes viajes como presidente de la Comisión de Exteriores.

El PSOE prepara una iniciativa para fomentar el contacto con los ciudadanos

Las vallas que rodean el Congreso permanentemente desde hace meses son la metáfora de la brecha entre el Cámara y los ciudadanos, según los grupos minoritarios, y estos viajes son solo una parte mínima de la falta de transparencia y el funcionamiento anquilosado del Parlamento. Lo es también que las resoluciones de la Mesa y sus actas no son públicas, que solo algunos diputados tienen clave de acceso a la Intranet para consultar el registro de la Cámara —en otros países es público—, y que sea imposible forzar comparecencias de ministros si el grupo gobernante con mayoría absoluta lo impide.

Todos los grupos, salvo el PP, cuestionan también la actitud del Gobierno al bloquear comparecencias pedidas por la oposición y el abusar de los decretos como fórmula para legislar. En ocho meses, el Ejecutivo ha remitido al Congreso 27 decretos, sobre los que solo hay que votar la convalidación y sin posibilidad de introducir enmiendas. El Gobierno solo ha aceptado que ocho de ellos se tramiten luego como proyecto de ley, pero con su mayoría absoluta ha hecho que se apruebe en solo una hora la reducción de 10.000 millones de euros en sanidad y educación y que solo se aceptaran tres de 3.100 enmiendas a los Presupuestos. Y esta semana ha impuesto que, en un tiempo similar, en lectura única, se tramite la Ley de Estabilidad que regula el rescate de las comunidades. Ningún año, desde 1978, se han aprobado tantos decretos como en estos ocho meses.

La Cámara no facilita los datos de los viajes oficiales de los diputados

El presidente del Gobierno solo ha ido al Congreso cuando estaba obligado a hacerlo: a las sesiones de control y tras dos cumbres europeas. Todas las peticiones de comparecencia han sido rechazadas. Y, por decisión de Mariano Rajoy, no habrá este año debate sobre el estado de la Nación.

“Revitalizaremos el Parlamento agilizando los procedimientos de debate y la actividad de los diputados y senadores. Reconoceremos el derecho de la oposición a promover iniciativas sin la utilización arbitraria y el abuso del veto que se ha producido en los últimos años. Recuperaremos el sentido constitucional del decreto ley”, aseguraba con buenas intenciones el programa electoral con el que el PP ganó en noviembre.

Pero el pasado lunes el Gobierno distribuyó un documento de 26 folios con su actividad en los últimos ocho meses y los compromisos para los próximos, sin mención alguna a medidas en esta dirección. Tampoco las ha habido en las comparecencias de miembros del Gobierno para explicar sus objetivos de la legislatura.

En el Congreso aún deben presentarse las preguntas cinco días antes para que el Gobierno las conteste en el Pleno y las peticiones de comparecencia sobre asuntos concretos pueden demorarse semanas o meses, si es que pasan el filtro tupido de la mayoría absoluta. Este verano, el Congreso estaba cerrado mientras en Alemania, con presencia de Angela Merkel, se votaban las condiciones del rescate a España. En el Congreso no se ha votado ese memorándum y no se ha pasado de la comparecencia en comisión de Luis de Guindos, sin votación.

La pasada legislatura se avanzó en dar transparencia a los intereses e ingresos de los diputados, pero sin capacidad para comprobar si los datos que se publican son ciertos. Por ejemplo, al ahora ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se le autorizó a mantener la presidencia de las empresas Petrologis Canarias y Ducar, solo con una declaración en la que él mismo decía que no tenían relación con el sector público y, de esa forma, no incurría en incompatibilidad. Sin embargo, una de las sociedades tiene una concesión administrativa en Ceuta y la otra tiene contratos de suministro de combustible con diferentes Administraciones en Canarias. En diciembre dejó la presidencia de las dos compañías, cuando fue designado ministro.

No se vislumbra solución, porque el Reglamento suele cambiarse solo con pacto de los dos grandes partidos y no hay siquiera contactos entre ellos para modificarlo. Está en sus manos, pero no en sus prioridades. Hace cinco legislaturas terminó sus trabajos una ponencia del Congreso que, con acuerdo de todos los partidos, elaboró una propuesta de nuevo Reglamento. El texto introducía novedades como los turnos individuales de palabra, facilitaba las comisiones de investigación, agilizaba los debates y obligaba al presidente del Gobierno a someterse a una interpelación al mes, pero la iniciativa fue frenada por PSOE y PP y nunca más se ha vuelto a retomar. El presidente del Congreso, Jesús Posada, tampoco tiene intención de abordar la reforma del Reglamento.

Fuentes socialistas aseguran que en la Conferencia Política que harán en noviembre solo tienen previsto estudiar algunas de estas medidas. En la cadencia prevista para la legislatura, la conferencia de este año que coordina Óscar López se referirá a Europa y el partido; la de 2013, que prepara Ramón Jáuregui, se referirá a la modernización de España, y la de 2014, dirigida por Valeriano Gómez, será sobre economía.

En ese calendario y como considera imposible pactar con el PP sobre el Reglamento, las iniciativas del PSOE tienen más que ver con su funcionamiento interno. Así, en la de este año, la dirección del PSOE quiere incluir iniciativas como el “escaño socialista en la calle”. Se trata de que cada diputado informe en una web o en redes sociales de dónde se encuentra para poder recibir propuestas o sugerencias de los ciudadanos.

Los socialistas han puesto en marcha otras medidas parciales de regeneración como una proposición no de ley, presentada por Julio Villarrubia, portavoz de justicia, para instar al Gobierno a no indultar a condenados por corrupción. Si se abordara la reforma del Reglamento, los socialistas consideran imprescindible dar sentido a la comisión de peticiones del Congreso que ahora tiene un funcionamiento imposible.

Respecto a la Ley Electoral, Rubalcaba propuso antes del 20-N un sistema similar al alemán, con mayor proximidad entre diputados y electores. Por el momento, PP y PSOE han llegado a acuerdos sobre transparencia de sus cuentas, pero no sobre el sistema de elección.

En el caso del Senado, su situación es aún más llamativo: el uso masivo de los decretos convierte la Cámara alta en irrelevante. Ya en la anterior legislatura, pese a tener la etiqueta de Cámara territorial, no incluyó ni una sola enmienda en la media docena de estatutos reformados en las Cortes. Su principal función será albergar el día 2 de octubre la Conferencia de Presidentes, pero su papel se limitará a ceder el local. Desde hace tiempo funciona una “ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado”.