Los funcionarios se cansan de cargar con los recortes

Uno de los sectores a los que la crisis ha golpeado con más dureza ha sido al de los empleados públicos. Desde que comenzaron a vislumbrarse los efectos negativos de este periodo de nubarrones económicos las administraciones públicas comenzaron a lanzar bocados sobre los sueldos y las condiciones laborales de los funcionarios.

Uno de los primeros golpes, el que hizo añicos la confortable seguridad que hasta entonces gozaban los empleados públicos fue el que adoptó el expresidente Zapatero aquel fatídico mayo de 2010 al recortar el sueldo de los funcionarios un 5%.

Desde entonces, los cerca de 2,7 millones de funcionarios, trabajadores eventuales, interinos y otros empleados de las administraciones públicas han visto congelado su sueldo, como perdían poder adquisitivo, aumentaba su jornada laboral, y se recortaban sus derechos. Por eso, miles de trabajadores de la función pública se preparan para participar en la marcha del próximo sábado para protestar contra los recortes del Gobierno convocada por los sindicatos. Han adoptado el color negro, de luto, como símbolo de su descontento. Aseguran que viven un funeral porque el Gobierno de Rajoy está acabando con los servicios públicos y con el estado del bienestar.

En cuanto aparecieron los problemas económicos las administraciones públicas lo tuvieron claro. El conjunto de las administraciones gastan cerca 123.000 millones de euros, el 26% del gasto público total, en pagar las nóminas de los empleados públicos. Los funcionarios se convirtieron así en uno de los sectores que atraía los recortes. Se acumulaban frases de mandatarios populares asegurando que tenían que hacer un esfuerzo adicional porque eran unos privilegiados en un momento en que el paro hacía estragos. No tardaron en sentirse señalados.

Gobiernos autonómicos y ayuntamientos centraron sus esfuerzos en contener sus gastos en mordiscos a los sueldos de los funcionarios. También hallaron otra solución al elevar las horas máximas de la jornada laboral, lo que permitió desprenderse (despedir) a miles de trabajadores interinos y eventuales, sobre todo del sector de la sanidad y la educación.

El colmo llegó a principios de julio. El presidente del Gobierno pronunciaba un relevante discurso donde desgranó un extenso paquete de medidas fiscales y presupuestarias para aumentar la recaudación y reducir el gasto público. Entre la batería de medidas, varias que perjudican directamente a los trabajadores de la función pública como la supresión de la paga extraordinaria de diciembre. Para justificarlo Rajoy pronunció: “desde que se inicia la crisis económica en 2007, se han destruido en el sector privado 2,9 millones de empleos, mientras que en el sector público el número de empleados públicos ha crecido en 289.000 personas”. Sin embargo, los últimos datos de la EPA revelan que los empleados públicos han disminuido fuertemente. El sector público en el trimestre pasado destruyó 63.000 empleos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada en julio. Un informe de CSI-F, el sindicato mayoritario de la función pública, asegura que en el último año 170.000 trabajadores públicos de la Educación, Sanidad y Dependencia han perdido su empleo.

Días más tarde, el Boletín Oficial del Estado revelaba otras de las medidas que afectaban a los funcionarios que el presidente se había ahorrado durante su discurso. Además de perder la paga extra de diciembre, el Gobierno ha reducido el número de días de libre disposición [los moscosos] de los funcionarios a tres, también ha eliminado los días libres que se acumulaban con la edad [los canosos], también equiparó las condiciones de incapacidad temporal de los funcionarios con los del sector privado. De esta forma, cuando un empleado público caiga enfermo no cobrará el 100% del sueldo. El Ejecutivo de Rajoy también ha reducido el número de liberados sindicales en la función pública y ha congelado la tasa de reposición para el próximo año. Con todas estas medidas espera ahorrar cerca de 10.000 millones de euros.

Los trabajadores públicos [funcionarios, interinos, eventuales y otros empleados por la administración] suman a estos recortes los que afectan al resto de la población, como los efectuados en Sanidad y Educación o en otros servicios públicos. Por eso, las organizaciones sindicales, encabezadas por la organización mayoritaria de la función pública, CSI-F, acordaron ayer denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, han aprobado un exhaustivo calendario de movilizaciones para manifestar su desaprobación contra la política del Ejecutivo de Rajoy.