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El PP no respalda la idea de Cospedal de dejar sin sueldo a sus diputados

La propuesta entraría en vigor a partir de 2013 y ahorraría un millón de euros

Solo cinco de los 25 diputados del PP no reciben otro salario público como consejeros, alcaldes o concejales

"La medida viene de quien ha cobrado 240.000 euros", dice el PSOE

Los diputados autonómicos de Castilla-La Mancha no podrán dedicar todo su tiempo a la defensa de los intereses de sus representados o al estudio y análisis de las leyes que se aprueben para los castellanomanchegos. Habrán de volver a sus actividades profesionales, porque a partir del año que viene, si se cumple la previsión, dejarán de tener un sueldo como parlamentarios.

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, con los únicos votos del PP, una propuesta para la eliminación de las “retribuciones regulares” que perciben los diputados. La intención del Gobierno de Dolores de Cospedal es que el próximo presupuesto, que se presentará a finales de septiembre para su aplicación en 2013, incluya ya la supresión de los sueldos a los 49 parlamentarios que actualmente forman las Cortes y que suponen un gasto anual de algo más de 1,5 millones.

Pero el ahorro no será del total de esos 1,5 millones de euros, ya que habrá que restar lo que finalmente perciban por dietas e indemnizaciones, es decir, por asistencia a comisiones y plenos, a los que acudirán si su profesión les permite abandonar su puesto de trabajo cada vez que su labor como diputados lo requiera.

El PP se negó a votar a favor de la contrapropuesta del PSOE, a raíz de la iniciativa popular, para que Cospedal regulara sus retribuciones y las de los miembros del Consejo de Gobierno y el personal de alta dirección, “en las mismas condiciones que ha propuesto para los diputados regionales”, cuyo coste anual asciende, según los socialistas, a 69 millones de euros.

Dolores de Cospedal argumentó su decisión de quitar el sueldo a los diputados señalando que los ciudadanos “necesitan saber que quienes trabajamos en este oficio público también estamos dispuestos a dar ejemplo”. Y ha basado su posición de no apoyar la propuesta socialista alegando que una cosa es la tarea legislativa (la del Parlamento) y otra “el encargo hecho a un partido para que administre”. “Todo el mundo entiende que un Gobierno tiene que tener dedicación exclusiva y nadie entendería que un consejero formara parte de una empresa o el presidente fuera empleado de una gran compañía”, añadió.

Sin embargo, esas mismas circunstancias profesionales sí se podrían dar entre los diputados, ya que, según fuentes del Gobierno de Cospedal, solo se pondrá coto a las incompatibilidades que sean muy flagrantes, con lo que un parlamentario podría participar en la tramitación de una ley de una materia en la que esté implicado.

Así, Castilla-La Mancha podría tener un Parlamento lleno de abogados, economistas o empresarios ejercientes y preocupados por los negocios de cada cual en lugar de una Cámara basada en la dedicación exclusiva del diputado a algo tan crucial como es la defensa de los intereses ciudadanos.

En la bancada socialista, el coordinador del área Económica, José Molina, calificó la iniciativa de “demagógica”, porque, tal como indicó, “la propone Cospedal, que ha estado cobrando tres o cuatro sueldos y 240.000 euros al año durante años y porque la propone la presidenta de un Gobierno en la que la mitad de los altos cargos ni siquiera pagan sus impuestos en Castilla-La Mancha”.

La medida afectará por igual a todos los diputados, pero solo cinco de los 25 que conforman el grupo popular no perciben ninguna remuneración pública, ya que todos los demás son consejeros, alcaldes o concejales. Entre los diputados del PSOE, solo siete de los 24 ocupan un puesto en corporaciones locales y el único alcalde lo es de un municipio de 1.700 habitantes.

La propuesta de Cospedal apenas ocupa un párrafo, no marca el régimen de incompatibilidades ni determina con qué criterio se fijarán las dietas. La efectividad que esperaba con su iniciativa no encontró además el apoyo entre otros barones del PP y tampoco explícito en el Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no quiso valorar la medida y solo señaló que “cada comunidad, en el marco de sus competencias, decide qué medidas de austeridad le parecen más oportunas”.

Al conocer la iniciativa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comentó que Madrid marcó un sueldo a sus diputados en la Asamblea porque se abusaba de las dietas inicialmente previstas. El portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, eludió valorar la propuesta, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no quiso opinar porque afecta a “otra Administración”.

Tampoco el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la defendió, pero sí apuntó la posibilidad de abrir un debate con el fin de que los diputados que mantengan su actividad privada “tengan una disminución superior en los emolumentos o las indemnizaciones que tienen cuando acuden a la Cámara”. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, prefirió ironizar con el tema y dijo que “al final vamos a tener que ir a la lista del Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo) a buscar gente que quiera dedicarse a representar y trabajar por los demás”.

En el País Vasco, el secretario general del PP, Iñaki Oyarzábal, rechazó meter esa idea en el programa electoral de sus próximas elecciones (21 de octubre) y señaló que el problema del gasto público “no está en los parlamentos”.

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